Juez argentino confirma ilicitud del piquete y pide liberar el paso

Al respecto, el juez dijo que existe una orden judicial previa que dispuso arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos por las rutas nacionales de jurisdicción de ese juzgado y los pasos fronterizos con Uruguay.

Los asambleístas, tras declararse en estado de alerta ante una eventual orden de desalojo de la Ruta 136, adelantaron que están preparados para resistir en forma pacífica. Por su parte, el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, ratificó que no habrá represión, pero evitó precisar cómo actuará ahora que el juez dispuso el desalojo (ver nota aparte).

El asambleísta Jorge Fritzler advirtió que «la gente está preparada» para afrontar una eventual orden de desalojo de la ruta, en rechazo de la instalación de la pastera UPM en la costa oriental del río Uruguay. «Si quieren venir a desalojar, van a consolidar un corte eterno», añadió. El fallo emitido por el juez Pimentel refiere al recurso presentado por 66 ciudadanos de Gualeguaychú que comparecieron ante la Sede denunciando «la comisión de un ilícito en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional N° 136, al impedírseles el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar».

En este sentido, la resolución del magistrado supone una reiteración de los oficios Nº 86/06, 299/06 y 1479/07, ya emitidos por la Sede en el mismo sentido, según el fallo judicial al cual accedió LA REPUBLICA.El Juzgado resolvió en esas tres instancias ordenarle al Ministerio del Interior que garantizara el libre tránsito por los puentes internacionales, supeditando a dicha secretaría de Estado «la modalidad operativa» para hacer cumplir la resolución. «Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que, desde un inicio de los cortes de los puentes internacionales, se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el ministro del Interior (…) emita la orden de cumplir el mandato judicial», dice el juez.

El fallo del juez Pimentel considera válidas las manifestaciones mediante las cuales se ocupan vías de transporte terrestre o lugares públicos a fin de protestar o reclamar, por estar comprendidas dentro «del ejercicio de un legítimo derecho». Sin embargo, «desde que la medida no recae sobre quien se sindicaría como protagonista del riesgo (emprendimiento UPM), sino sobre terceros, usuarios del carril vial, debe descartarse de cuajo la búsqueda de justificación en la legítima defensa». Por tanto, «cabrá preguntarse en definitiva si el bloqueo es entonces el medio más adecuado y menos lesivo para los bienes jurídicos ajenos entre el abanico de medidas disponibles», expresa el magistrado.

 

«NO VAMOS A REPRIMIR»

El canciller argentino, Jorge Taiana, afirmó ayer que esperaba que quienes hacen el corte sean persuadidos ya que esta situación no es beneficiosa para Argentina. «La Justicia puede tener un rol» en destrabar el corte que mantienen los asambleístas de Gualeguaychú sobre el puente binacional y aseguró que ambos países están dispuestos a mirar hacia adelante. Ayer, poco antes de conocerse el fallo, el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, dijo en declaraciones a Radio 10 que si un juez pidiera el desalojo del corte, la Casa Rosada cumpliría con esa orden. «No estamos de acuerdo con el corte. Hay que levantarlo. Pero no vamos a reprimir. Eso no conduce a nada. Vamos a llegar a una solución razonable». El jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo a su vez: «no creo que tengamos que lastimar al prójimo para cumplir con una orden de la Justicia»