Ley de Emergencia. Planteo es compartido por el presidente Mujica, anunció Salsamendi

Se creará Instituto especializado en minoridad infractora fuera de INAU

El abogado y ex diputado de la Cap-L, Javier Salsamendi será el próximo presidente del INAU. Esta semana, los nombres que integrarán el Directorio de este Instituto serán enviados al Parlamento, y en el correr de este mes estarían asumiendo.

En diálogo con LA REPUBLICA, Salsamendi señaló que cuando el propio presidente José Mujica lo llamó para ofrecerle el cargo, le planteó su opinión sobre separar el sistema de responsabilidad penal juvenil (donde atienden a menores en conflicto con la ley) del resto del INAU. El propio mandatario le respondió que estaba de acuerdo con este planteo, para lo cual se deberá recorrer un camino de diálogo a nivel de todos los partidos políticos y las organizaciones sociales, explicó Salsamendi.

Dijo que estos cambios implicarán el trabajo en proyecto que deberán ser discutivos con los propios trabajadores del INAU, con las organizaciones sociales y la clase política. Si este planteo se concreta, dejarán de estar bajo la dependencia de este Instituto lo que es la Colonia Berro, además de otros establecimientos ubicados en Montevideo y en otros puntos del país. Al momento, hay 330 menores privados de libertad, y un número similar con medidas alternativas.

El próximo jerarca dijo que para esta población se crearía otro instituto con personal especializado para la tarea.

Puso como ejemplo, de lo negativo de la permanencia de los jóvenes sometidos a la Justicia en el INAU, que si el Directorio se reúne para delinear las políticas destinadas a niños de 0 a 2 años (que es el 45% de la población que atiende el Instituto), y de repente se recibe una información de un problema determinado en el establecimiento Berro, «es casi inevitable que se deje de analizar esta situación para atender los otros problemas derivados de los adolescentes privados de libertad».

Salsamendi reiteró sobre la necesidad de que exista gente especializada en la temática de responsabilidad en el sistema penal juvenil. Sostuvo que se le debe dar la importancia debida a cada tema, y que si se concreta la separación, posteriormente se deberá discutir el presupuesto y los trabajadores que pasarán a revestir en el nuevo organismo.

Advirtió que no es su pretensión sacarse un problema de encima, proponiendo quitar a los menores infractores de la órbita del INAU, pero aclaró que no hay ninguna intención de privatizar este servicio, sino buscar una forma para que un instituto especializado se encargue del tema.

En tal sentido, el documento elaborado por la Comisión Interpartidaria instaurada a iniciativa del Poder Ejecutivo, y que analizó la temática de la seguridad propone la creación de un «Instituto de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal como organismo especializado en la ejecución de las medidas dispuestas por la Justicia, con el más alto grado de autonomía técnica».

Se acuerda que este instituto constará con personal capacitado e infraestructura edilicia acorde, con el fin de garantizar tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como de asegurar un clima de respeto a los derechos humanos compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes.

Por su parte, el propio Salsamendi recordó que el Frente Amplio, en su propuesta electoral, había explicitado esta idea. «Por ende, ya hay un camino avanzado, pero el mismo debe contar con un fuerte respaldo político», sostuvo el futuro presidente del INAU, quien dijo que tiene el mandato del presidente Mujica para analizar y presentar todos los elementos que haga al Parlamento pensar la elaboración de un proyecto de ley.

 

Solicitan Ley de  Emergencia para INAU

El directorio entrante del INAU, pretende que desde el Poder Ejecutivo se elabore una iniciativa que tienda a la aprobación de una Ley de Emergencia, similar a la vigente en el Ministerio del Interior.

El abogado Javier Salsamendi, admitió que ya tuvo algunos encuentros con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, donde le manifestó que su intención es contar con los mismos instrumentos que ya cuenta esta cartera para atender la situación de los menores privados de libertad, y dar soluciones a estos problemas.

En caso de aprobarse una norma en tal sentido, el INAU tendrá, según dijo Salsamendi, mayor agilidad en los trámites de contratación y contar con más locales que permitan descomprimir el estado de reclusión de estos menores.

Señaló que el nuevo Directorio pretende contar entre 150 a 200 plazas más de las actuales «para generar un proyecto distinto y modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil; esto tiene que ver con lo inmediato».

Salsamendi dijo que si se logra la ampliación locativa tanto en los propios establecimientos ya existentes o en otros lugares, se estará evitando la superpoblación, y a partir de allí «se podrá repensar un nuevo sistema que otorgue mayor seguridad, impidiendo las fugas, pero que también permita modificar la gestión dirigida a quienes están privados de libertad, incluyendo políticas educativas y productivas. En tal sentido, explicó que si en la Colonia Berro se logra solucionar los problemas con los internos mayores de 18 años, y los menores vinculados con diagnósticos psiquiátricos, hay intención de aplicar en este establecimiento un proyecto que apunte a la educación para el trabajo, donde aprendan un oficio y tengan un espacio para la recreación. Para ello, hay intención de convocar a las cámaras empresariales, a los ministerios de Ganadería y Deportes, y la Universidad para colaborar en esta iniciativa.

Actualmente, ya hay un acuerdo entre Salsamendi y Bonomi para trabajar conjuntamente en lo que es lograr mayores plazas y técnicos, en un plazo no mayor a los 4 meses. «El Estado uruguayo, como tal debe coordinar algunos de esos planteos para dar una respuesta eficiente», indicó. Aclaró que en ningún momento se habló de cambiar la legislación vigente, como ser la baja de edad de la imputabilidad.

Por lo cual, expresó el futuro jerarca, que se pretende que la Ley de Emergencia Carcelaria sea adaptable a la realidad de los establecimientos del INAU.

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