Crítica legislativa a medida del Codicen

Los senadores José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, y los diputados Nora Castro, Lucía Topolanky, Juan J. Domínguez, Ernesto Agazzi, Raúl Sendic, Enrique Pérez y Darío Pérez criticaron varios aspectos de la reforma educativa impulsada por la coalición de gobierno. Además de la conversión de 85 escuelas rurales en urbanas, los legisladores recordaron que esta administración «desconoció los derechos de los maestros directores rurales unidocentes, cerró escuelas rurales desarraigando a niños y familias de su medio, condenó a muchos estudiantes del primer ciclo de la Educación Media a cursarlo bajo una modalidad de baja calidad académica».

«Todas estas medidas implícita o explícitamente se han basado en recortar los gastos en la educación de los niños y adolescentes que viven en el campo», destacó la diputada Nora Castro. En el comunicado de los siete legisladores del Encuentro Progresista se señala que la coalición de gobierno «ha hablado de los niños como números», y que se ha puesto el énfasis en la cantidad de alumnos matriculados, «pero se omite señalar que ya no gozarán de los beneficios de los jardines de infantes». Para la diputada Castro, maestra jubilada, «los responsables de la reforma educativa han puesto en saco roto lo mejor de la tradición educativa nacional en materia de preescolar».

Denuncian que con el argumento de que para atender a los niños inscriptos en preescolar, se requieren 245 cargos de maestros, «siguen la lógica del achicamiento del gasto, aunque la calidad educativa y la más elemental racionalidad del sistema queden cuestionadas».

Los legisladores sostienen que el recorte de gastos se efectúa por dos vías, por un lado con el traslado de 32 cargos de maestros de otras escuelas, «desvistiendo un santo para vestir a otro», y aumentando el número de alumnos por clase, dificultando el desarrollo de una enseñanza personalizada. Destacan que al mismo tiempo se transforman 85 escuelas rurales en que se abre la inscripción preescolar, en escuelas urbanas. De esa manera, «el salario de cada maestro costará menos al perder la compensación económica pensada para estimular la radicación en el medio rural, porque ya no habrá que invertir más en actividades específicas de formación de maestros para el trabajo en ese medio, porque no se destinará más una partida especial para material didáctico y de apoyo pedagógico, y porque el tradicional horario extendido de cinco horas de clase quedará reducido a cuatro horas».

«Que nadie se confunda, ninguna de las escuelas se mudó del campo a la ciudad. Tampoco se registraron aluviones de pobladores que convirtieran su pago en pueblo o villa. Todo quedó igual o peor», subrayó Castro.

También sostienen que estas escuelas tendrán mayor número de alumnos y contarán con menos recursos, por lo que «mientras se pregonan los beneficios de la mayor permanencia de los niños de los sectores menos favorecidos en los centros escolares, a los niños del campo, a los hijos de quienes resisten el despoblamiento de la campaña, soportando con frecuencia situaciones de extrema pobreza, se les quita un día de clase por semana».

Finalmente, los siete legisladores reclaman derogar con urgencia esa medida «para dar paso a un debate con todos los actores directamente involucrados. El presente y el futuro de la niños y jóvenes del campo no puede ser hipotecado por los intereses de la política partidaria de turno. El compromiso debe ser de todos», concluye el alegato.