Un debate por mayores  recursos a Montevideo

La intención es que desde el gobierno central se le otorguen mayores recursos al departamento capitalino porque el mismo, según aduce, aporta a muchas de las iniciativas del proyecto país.

Mientras ayer, por primera vez se reunieron los intendentes electos, en el ámbito del Congreso de Intendentes, y empezaron a analizar lo que será el proyecto presupuestal de las intendencias al Poder Ejecutivo, la intendenta electa, Ana Olivera, reiteró la postura esgrimida por los actuales jerarcas de la administración municipal, sobre la necesidad de que la IMM solicite un incremento porcentual en el otorgamiento de las partidas, teniendo en cuenta que en Montevideo se encuentra la mayor actividad productiva y económica del país, y que muchas de las iniciativas emprendidas, tienen directa relación con el país productivo.

Olivera, en conversación con LA REPUBLICA indicó que ya lo había planteado en la campaña electoral sobre la necesidad de analizar con el gobierno nacional un incremento de las partidas que otorga el Ejecutivo a las intendencias. En tal sentido, la intendenta electa dijo que será conveniente plantear un debate sobre el rol de Montevideo y la necesidad de aprobar una ley de capitalidad. Recordó las comparaciones, que previo a las elecciones del 9 de mayo, se hicieron sobre el pago de tributos en Montevideo con España y Francia. Indicó que este último país fue aprobada una Ley de Capitalidad, que es aplicada a las ciudades de París, Marsella y Lyon.

«En Paris están radicados los organismos internacionales y es sede financiera; Lyon es considerada una ciudad industrial, mientras que Marsella es una ciudad portuaria. En el caso de Montevideo, reúne estas tres condiciones, y muchos de los proyectos de desarrollo que son ejecutados por la comuna, tienen relación directa con el proyecto país», dijo la intendenta electa.

Aclaró que este reclamo no tiene que ver con una visión centralista, sino con el rol que juega hoy día Montevideo, que es ciudad portuaria, sede del Mercosur, de embajadas y de religiones, los que están exonerados del pago de contribución inmobiliaria. A modo de ejemplo, Olivera explicó que el departamento de Montevideo, tiene tanta cantidad de luminaria que el resto de los 18 departamentos.

Añadió que se debe sumar la cantidad de gente que no paga los gastos comunes por estar tributando en otro departamento.

Finalmente enfatizó que este planteo lo estará presentando en el Congreso de Intendentes, pero advirtió que se trata de un proceso que llevará un debate político.

Recientemente, el prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez, planteó sobre la necesidad de que el aporte del Poder Ejecutivo hacia la intendencia capitalina debería llegar al 25% de su presupuesto, y que actualmente los recursos aportados por el gobierno central llegan al 7%, que se traduce en una inyección de $ 545 millones. Este monto representa el 11% de las transferencias del gobierno a las 19 intendencias.

Por su parte, el intendente de Cerro Largo, y actual presidente del Congreso de Intendentes, Ambrosio Barreiro, señaló al Espectador su discrepancia con la propuesta de otorgar una mayor partida a Montevideo. Primero adujo que de no tener ninguna transferencia, la capital llegó al 7%, y si se le aumenta el apoyo, dijo, se estaría fomentando a que más uruguayos abandonen el interior del país.

Ayer, los actuales jefes comunales y los intendentes electos se reunieron en una sesión del Congreso de Intendentes, donde empezaron a analizar conjuntamente lo que será el reclamo presupuestal de este organismo al Poder Ejecutivo. Tienen plazo hasta el 31 de julio para negociar con el gobierno. En esta reunión, se acordó conformar una comisión que elaborará la propuesta, y que estará conformada por dos intendentes por partido político, más cuatro técnicos. La misma se reunirá el próximo martes.

Hace cinco años, a las 19 intendencias le fue otorgado el 3,33% del total de los recursos del Estado. De esa partida, se hizo una redistribución para las intendencias tomando en cuenta determinados parámetros que incluía la distribución de la población, su territorio, los niveles de pobreza, y un índice inverso del PBI de cada departamento.