Archivaron denuncia contra Colonización

El juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, dispuso el archivo de una denuncia penal presentada contra las autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC), durante la pasada administración, por una presunta irregularidad al refinanciar una deuda que la esposa de uno de los jerarcas mantenía con el organismo.

El magistrado hizo lugar al dictamen de la fiscal Mónica Ferrero y dispuso el archivo de las actuaciones, ante la ausencia de pretensión punitiva por parte de la representante del Ministerio Público. La fiscal no encontró mérito para atribuir responsabilidad penal a los jerarcas y por tanto solicitó el archivo de las actuaciones.

La denuncia penal contra el presidente del INC, Gonzalo Gaggero, y los directores Mario Vera y Miguel Vasallo fue promovida por el integrante del Movimiento por la Tierra, Luis Córdoba, ante la posible comisión de un delito de «conjunción del interés personal y público». El Movimiento por la Tierra es una organización fundada en los años 60 por el líder histórico del MLN­T, Raúl Sendic.

El Directorio del INC aprobó el 30 de diciembre de 2008 el refinanciamiento de una deuda que mantenía la esposa de Vera con el INC, en su calidad de beneficiaria de una fracción de terreno, propiedad del organismo. La denuncia presentada por Córdoba señalaba que la esposa de Vera no reunía las condiciones para acogerse al plan de refinanciamiento especial promovido por el INC, en el marco del Programa de Reformulación de Deudas, Refinanciación y Mejora de Gestión de Cobro, según informaron diversos medios de prensa.

Asimismo, Córdoba denunció que con posteridad el Directorio del INC modificó en forma «ilegítima» algunos aspectos de la refinanciación aprobada en favor de la esposa de Vera, por la que se habilitó la reprogramación del pago de la deuda en cuatro rentas a 12 años.

Sin embargo, «en el estudio de refinanciación (de la deuda) intervino una comisión integrada por funcionarios técnicos de la institución, que al igual que otros casos similares a estudio, efectuó un análisis de su situación social y productiva previo a dictaminar si podía ser incluida en el Plan de Refinanciación», señala el dictamen emitido por la fiscal Ferrero para solicitar el archivo de las actuaciones, al que accedió LA REPUBLICA.

Asimismo, los testimonios aportados por testigos ante la Sede determinaron que el refinanciamiento de la deuda debía realizarse exclusivamente con el INC, puesto que el organismo no tiene forma de refinanciación con otros organismos y que la esposa del jerarca no fue «la única colona beneficiada con el programa».

En tanto, en relación a la modificación «ilegítima» de la resolución por la que se favoreció a la esposa de Vera, la Fiscalía determinó que «no se encuentran motivos para considerar que la misma obedece a un deliberado propósito para eludir la normativa vigente, y por ende ingresar en una conducta delictiva», puesto que la misma se debió a «un error» constatado por la División Contaduría del INC y no supuso un cambio «de fondo o contenido» de la misma.

«No se percibe un propósito de ocultamiento del accionar del Directorio, ni tampoco una intención de beneficiar a una colona infringiendo la normativa vigente, menos aún un trato preferencial por encima de los intereses de los demás colonos en igual situación, habiéndose seguido el procedimiento de estilo». Por esta razón, «los hechos denunciados no reúnen la condición típica de una conducta delictiva», culmina el dictamen de Ferrero.