Gobierno cerró filas detrás de proyecto que que autoriza a DGI levantar secreto bancario

El gobierno en pleno defendió el proyecto de ley que será remitido en los próximos días al Parlamento, por el cual se facilitará el levantamiento del secreto bancario ante solicitud expresa de la autoridad

tributaria (DGI) por presuntos hechos irregulares, y se gravará con IRPF los depósitos en el exterior.

Tanto el presidente de la República, José Mujica, como el vicepresidente, Danilo Astori, y el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, se han pronunciado en las últimas horas sobre el proyecto que ha recogido el rechazo de la oposición (ver nota aparte).

La iniciativa fue presentada en el último Consejo de Ministros y será firmada el próximo lunes fecha en la cual ingresará al Parlamento.

En la jornada de ayer, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, expresó que cada vez que se introduce una reforma normativa se está actuando sobre las reglas de juego, pero el objetivo siempre es «mejorarlas, hacerla más eficaces y cumplir mejor los objetivos».

Lorenzo explicó en entrevista con Telemundo 12 que el gobierno se propone introducir modificaciones en el procedimiento del levantamiento del secreto bancario, el cual es un instituto que tiene muchos años en el país y que ha sido modificado en ocasión de la aprobación del nuevo sistema tributario.

Añadió que los cambios son por dos razones: «Uruguay ha practicado en estos últimos años la suscripción de acuerdos bilaterales con distintos países para eliminar la doble tributación».

Señaló que los acuerdos prevén intercambios de esa información tributaria, por lo cual se prevé que con esos convenios el Uruguay aporte información y también la reciba desde otros países.

Lorenzo explicó el cambio es por una sencilla razón: «nuestra administración tributaria no tendría las mismas facultades que le estaríamos dando por vía de los convenios a los terceros países».

Dijo que se está equiparando la administración tributaria uruguaya «a los intercambios de información con terceros países, en ese sentido se está fortaleciendo la capacidad de fiscalización».

Acotó que ello ocurre con todas las garantías para el contribuyente porque los procedimientos son «muy claros y transparentes y con intervención judicial».

«Uruguay pretende mejorar su eficacia también en materia de cooperación internacional hoy a nivel bilateral, con cada uno de los países con los que ha suscrito acuerdo, pero además se viene una nueva generación de convenios en esta materia que van a tener un carácter multilateral», acotó el jerarca.

A la vez el secretario de Estado indicó que las listas de la OCDE han tratado a países como Uruguay de manera «muy injusta», porque «no se parecen en nada a paraísos fiscales y tampoco se lo han parecido en nada en el pasado».

De todas formas indicó que el gobierno no ha tomado la decisión para salir de ninguna lista, sino que serán efectos «colaterales», ya que el efecto de fondo es que «cooperar internacionalmente».

Por otro lado también se refirió a las garantías del procedimiento, que las dará la Impositiva. A la vez, descartó la posibilidad de «fuga de depósitos del Uruguay, porque el país tiene instituciones sólidas, confianza y reputación».

Por su parte, el ex ministro de Economía y actual vicepresidente, Danilo Astori dijo que el concepto de «residente económico» al que se refiere el proyecto para la aplicación de los impuestos incluye a todas las personas con «intereses económicos en el país, ya sean uruguayos o extranjeros».

Asimismo indicó que la iniciativa introducirá un principio de «neutralidad y equidad» tributaria, al que considera esencial.

«Si esos activos mobiliarios, como por ejemplo los depósitos bancarios, las participaciones en empresas o en sociedades de todo tipo, están tributando en el país, si los residentes de este país tienen activos y resultados de ese tipo fuera del Uruguay, también tienen que tributar porque sino estamos introduciendo un factor de discriminación absolutamente insostenible», manifestó a El Espectador.

El jerarca aclaró por otro lado, que más allá de una mayor flexibilidad en la actuación de la DGI ante una presunta defraudación, los secretos bancario y tributario, a los que definió como «sagrados», se mantendrán en todos sus términos.

En principio la medida alcanzaría a «los ciudadanos de países con los que Uruguay mantenga acuerdos tributarios, por lo que no comprende a Argentina» y tampoco a los Estados Unidos.