Acusan a un juez y a un fiscal en Artigas

Artigas

 

El ex funcionario de la empresa constructora Ramón C. Alvarez, Ricardo Rey Guerra, denunció públicamente al fiscal letrado de Artigas, Carlos Rodríguez, y al juez Marcos García por la «forma vergonzosa» en que actuaron en las denuncias que éste presentara en 1997, por un presunto fraude de la empresa en que trabajaba, además de la implicancia de funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en los ilícitos referidos.

Las denuncias de Rey Guerra, realizadas ayer en declaraciones públicas efectuadas en radio La Voz de Artigas, se basan en que el fiscal y el juez «hicieron caso omiso» y «no agregaron al expediente judicial, la investigación administrativa realizada en el MTOP, que era una de las pruebas fundamentales». El denunciante recordó que «según lo manifestado por el ministro de Transporte, Lucio Cáceres, en la comisión de la Cámara de Representantes, el 15 de setiembre de 1999, la auditoría técnica fue presentada en la sede penal pero las 72 fojas de esa auditoría no fueron incorporadas en ningún momento al expediente penal», el que fue archivado «por falta de méritos, 15 días antes que el ministro compareciera en la comisión». «Esa omisión le permitió al ministro manifestar que la Justicia había fallado en tres ocasiones», sostuvo Rey Guerra.

Además, «esa auditoría técnica integraba el expediente que se tramitaba en el juzgado civil, por el juicio laboral (que Rey le hizo a la empresa) y mi abogado solicitó que se incorporara al expediente penal, pero el juzgado nunca lo pidió pese a que ambos juzgados estaban a tres metros de distancia». El denunciante recordó que, entre otras cosas, en esa auditoría técnica se demostraba «la conjunción del interés público con el privado de funcionarios; la realización de obras para privados pagadas por el Estado o la falta de más de 1.294.000 dólares por trabajos pagados y no ejecutados o por rubros sobredimensionados». Precisó que estas cifras fueron calculadas «con los valores básicos, ya que al momento de pagar pueden llegar a ser un 50 % mayor».

 

Contradicciones

Rey afirmó que en el proceso hubo «testimonios contradictorios pasados por alto» y recordó que «cada vez que el juez hacía una pregunta incriminante el fiscal salía con otra cosa». Ejemplificó con una situación en la que «Alvarez entró en contradicción y el fiscal desvió intencionalmente el tema». Precisó que en ese momento el juez era Marcos García y el fiscal Carlos Rodríguez, quien hasta hoy sigue cumpliendo esa función en la capital departamental.

Por otro lado recordó que un ingeniero agrimensor hizo un completo informe donde brindaba sus conclusiones sobre la asesoría técnica del ministerio e hicieron «caso omiso». «¿Por qué no se lo llamó?», se preguntó, y denunció que «se preocuparon muy bien en hacer desaparecer» el informe en cuestión.

Rey Guerra denunció en 1997 la existencia de un presunto fraude de más de 2 millones de dólares de la empresa Alvarez contra el Ministerio de Transporte, en distintas obras, como diferentes tramos de las rutas 3 y 30, los accesos norte y sur de Salto, el puente sobre la cañada Doña Jacinta de la capital naranjera y en obras de pavimentación realizadas en la ciudad de Artigas. En aquel momento las denuncias tuvieron repercusión nacional a través de LA REPUBLICA y fue a partir del artículo publicado en nuestro matutino, que se inició la investigación interna en el ministerio que ahora se reclama por no haberse anexado al expediente penal.

En sus declaraciones y en relación a un tramo del empalme a Ruta 30 de Baltasar Brum, «la empresa lo cobró y no lo hizo y hubo otros tramos que se pagaron dos veces». «Me consta que desde el Juzgado se filtró información a la empresa», sostuvo Rey.