Plantean investigadora legislativa sobre la DGI

Falero dijo que las irregularidades tienen su origen desde hace algunos años, y nombró, entre otros, «los hechos vinculados a las acusaciones contra el contador Nelson Moreira, que la prensa puso en conocimiento a fines de octubre de 1997, la denuncia de la DGI referente al empresario Alberto Bianchi, en el Juzgado Penal de 12º Turno».

Falero adelantó a LA REPUBLICA que el objetivo de la Comisión Investigadora es concretar las tareas de contralor que la Constitución le confiere al Parlamento, recoger datos sobre la gestión de la DGI, que permitan posteriormente legislar para mejorar el funcionamiento de este organismo. «No existe acá el propósito de buscar ‘cabezas de turco’ de ninguna naturaleza, sino de encontrar los mecanismos de información necesarios y suficientes para generar una serie de disposiciones legales que a esta altura de los acontecimientos es absolutamente indispensable tomar», señaló.

El parlamentario procura que la proyectada Comisión Investigadora pueda recopilar información de parte de los titulares de la DGI, de las autoridades nacionales, de empresarios, Centros Comerciales, Cámaras Empresariales, y «de todos aquellos que tengan que aportar cosas al respecto».

 

Contrabando

Para Falero, «el ejemplo más claro es el contrabando que en el país se ha venido dando con mucha intensidad, que se sigue dando, de productos que no pagan impuestos al ingresar por la vía del contrabando pero que se comercializan en el país y no son declarados, y la DGI no fiscaliza su venta que sería una forma de detectar los productos de contrabando».

«Quizás no lo haga por la falta de funcionarios, por la falta de capacidad de investigación o problemas vinculados a la estructura del funcionamiento pero, más allá de las razones, lo correcto es que no pueden suceder estos hechos, y la evasión del porte, del tamaño que existe, y como estos son hechos palpables por la población, el Parlamento no puede permanecer omiso», fundamentó el parlamentario nuevoespacista.

El legislador también aludió a las declaraciones del ministro de Economía, Alberto Bensión, en ocasión de imponer en el cargo de director general de la DGI al ex subsecretario de ese ministerio, Marcelo Brasca, haciendo referencia a «un alto nivel de evasión fiscal» y «la necesidad de reformular el funcionamiento de la DGI».

Falero también aludió al informe elaborado por un consultor español, a fines del año 2000 y principios de éste, en el cual menciona «una importante serie de irregularidades que estarían acaeciendo dentro de la DGI».

 

«Enorme preocupación»

«Todo esto genera una enorme preocupación en la medida en que estamos hablando del organismo que debe recaudar aproximadamente el 80% de los impuestos que se pagan en el país, es decir, del organismo del cual depende prácticamente el Presupuesto General de la Nación y los recursos para afrontar los gastos en el Presupuesto», graficó el diputado.

Para Falero, «hay una necesidad de legislar con el objetivo de darle a la DGI los mecanismos de control y eficiencia imprescindibles para el correcto funcionamiento de las finanzas públicas».

Como tercer elemento, Falero sostuvo que se trata de «plantear situaciones de equidad entre los distintos sujetos pasivos –aquellos que aportan– en la medida en que la irregularidad del funcionamiento de la DGI significaría beneficios para unos y perjuicios para otros, llevándose a cabo una competencia desleal».

«Los que tienen algún tipo de posibilidad de pagar menos impuestos estarían en mejores condiciones de afrontar su tarea desde el punto de vista comercial que aquellos que muchas veces son acosados por la DGI como ha sido denunciado en varias oportunidades por algunos Centros Comerciales del interior del país», manifestó Falero.