Proyecto de ley. Flexibiliza levantamiento del secreto bancario y grava depósitos en el exterior

Uruguay se pone a tiro con la OCDE

La iniciativa tiene como objetivo evitar que Uruguay integre la lista «negra o gris» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El año pasado la OCDE hizo público un reporte donde calificó el grado de cumplimiento de los distintos países con la normativa internacional para la seguridad del sistema financiero y fiscal. Para la organización, Uruguay era un país que no había demostrado compromiso en adoptar determinados estándares internacionales en materia de intercambio de información tributaria. En aquella instancia el ex ministro de Economía, Alvaro García dijo que Uruguay trabajaba permanentemente con la OCDE entregando la información requerida. Mientras que durante el Consejo de Ministros de ayer, el gobierno aprobó un proyecto por el cual se facilitará el levantamiento del secreto bancario ante presuntos hechos irregulares, y se gravará con Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los depósitos en el exterior de uruguayos que residan en el territorio.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo explicó que la propuesta del gobierno propone modificaciones en los criterios que refieren al levantamiento del secreto bancario. A través de la iniciativa se habilitará que la Dirección General Impositiva (DGI) solicite a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para un contribuyente en particular. «Tal como sucede actualmente, será la Justicia la encargada de habilitarlo, pero desde el momento de la sanción de la ley, la autoridad impositiva podrá realizar la solicitud, siempre que tenga denuncia fundada respecto a algún contribuyente», explicó Lorenzo.

El proyecto está inspirado en una modificación a la legislación que en la materia, recientemente impulsó Chile. «Estamos ajustándonos a prácticas recientes que permiten despejar toda duda respecto a la calidad de nuestra administración tributaria y la cooperación internacional. Se termina todo tema referido a listas en los que el país pudo haber sido incluido», aseguró ayer el secretario de Estado luego del primer Consejo de Ministros de la administración de José Mujica, que se realizó en la residencia de Suárez y Reyes. Asimismo, en la iniciativa del gobierno se propone que los uruguayos que vivan en el país, pero tengan depósitos en el exterior deberán pagar IRPF. «Esos ingresos, ahora deberán incluirlos en su liquidación del IRPF».

«Esto implica que a partir de ahora van a tener que tributar IRPF los ingresos y la parte de capital que tengan uruguayos residentes en operaciones y colocaciones en el exterior», aseguró Lorenzo.

El secretario de Estado agregó que Uruguay ha desarrollado en los últimos años un «intenso proceso de cooperación internacional», porque ha suscrito abundantes tratados para eliminar la doble tributación. «Esto abarca el funcionamiento de nuestra administración tributaria y los países con los cuales tenemos cooperación en esta materia, y en lo que se refiere a los cambios en los impuestos a la Renta y al Patrimonio operan sobre todos los países en que se configuren los hechos que dan lugar a la obligación tributaria», aseguró.

Añadió que desde ahora el país dispondrá de más herramientas para fiscalizar y fortalecer la cooperación. Lorenzo agregó que existen activos por un valor de U$S 9 mil millones, de ciudadanos uruguayos en el sistema financiero del exterior, algunos vinculados a personas físicas y otros a empresas.

Por otro lado aclaró que «ninguna alícuota de los impuestos del sistema será modificada», es decir que se aplicarán los mismos porcentajes que están vigentes. (ver más información en Economía).

 

Juntos

Otro tema que concentró la atención del gobierno, fue el «buque insignia» de la actual administración, el Plan de Integración Socio-habitacional, denominado: «Juntos». Se trata de un plan de integración en el sentido más amplio y no sólo para trabajar con sectores más excluidos de la sociedad. La iniciativa apuesta a una «convocatoria» mayor y lograr la participación de la sociedad a través del voluntariado. «Se trata de un compromiso programático y moral de integración», indicaron fuentes participantes de la reunión. En ese marco, los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social informaron al resto del gobierno sobre el decreto que reglamentará el plan de integración socio-habitacional vinculado a la emergencia habitacional en el país. Se trata de una convocatoria a una «acción solidaria y participativa» donde el componente más importante del plan no son los aportes presupuestales, sino hacer converger los recursos en los distintos ministerios. Apunta a explotar la voluntad de acumular experiencia. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó durante el Consejo de Ministros, su preocupación por la situación carcelaria del país. Señaló que deberá remitirse en forma urgente al Parlamento la iniciativa que habilita el llamado de 1.500 cargos para asignar custodios de las cárceles con asignaciones presupuestales provenientes de las utilidades del IMPO.

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