Importador de dos motores de F-5 declaró ante la Justicia

El proceso judicial por el robo de dos motores F-5 para aviones de combate al gobierno de Malasia podría tener un cambio radical: el importador del material bélico se presentó ante la Justicia y declaró que se trata de un negocio legal. La Justicia aguarda el arribo de oficios remitidos al país asiático para proseguir la indagatoria.

El importador de dos motores F-5 para aviones de combate, presuntamente sustraídos al gobierno de Malasia en 2008, se presentó en forma voluntaria ante el juez especializado en crimen organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, y aseguró que el negocio se concretó en forma «lícita», luego que los motores fueran «desafectados del uso militar» por el gobierno norteamericano.

El hombre, de nacionalidad argentina, aseguró ser el representante de una empresa norteamericana en Argentina para la importación de mercaderías, pero ante diversas trabas burocráticas existentes en dicho país decidió crear una empresa en Uruguay para realizar el negocio con los motores mediante la utilización del sistema de Zonas Francas, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. Los motores serían vendidos hacia EEUU. Asimismo, aseveró haber presentado ante la Embajada de EEUU en Argentina el «book» de los motores, o sea, el libro de mantenimiento de los motores, como forma de avalar la legalidad de la adquisición, explicaron las fuentes. «El hombre se presentó en forma voluntaria ante el juez Díaz y declaró poseer la documentación avalando sus dichos. En este sentido, él afirma que la adquisición se realizó a un particular malayo mediante Internet, porque los motores estaban desafectados del uso militar», agregaron las fuentes. El testimonio del importador implicó que el juez Díaz librara los oficios correspondientes para determinar la veracidad de los dichos. De confirmarse la versión, el caso tendría un cambio radical puesto que se confirmaría la licitud del negocio. La Justicia aún aguarda el arribo de algunos oficios solicitados a la Justicia de Malasia para determinar la propiedad de los motores para su reintegro a sus legítimos propietarios (el importador o el gobierno malayo) y resolver la situación procesal del ciudadano argentino, aseguraron las fuentes.

 

Motores perdidos

El hallazgo en la Zona Franca de Florida de dos motores F-5 para aviones de combate presuntamente sustraídos en 2008 al gobierno de Malasia, inició una intensa indagatoria judicial para determinar responsabilidades en el negocio de apariencia ilegal.

Los motores, valuados en 29 millones de dólares, fueron incautados por funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ante información brindada por las autoridades del gobierno norteamericano y la denuncia formulada por el gobierno de Malasia ante la Cancillería uruguaya.

La información daba cuenta de la presunta sustracción de los motores de la base Sungai Besi de la Fuerza Aérea de Malasia, en las afueras de Kuala Lumpur, hecho por el cual fueron procesados varios militares malayos, representantes de una empresa local y el contrabandista de armas belga, Jacques Monsieur, según informa el sitio Infodefensa.com.

La incautación de los motores implicó la remisión de los antecedentes hacia la Justicia Especializada en Crimen Organizado, donde el juez Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe iniciaron la indagatoria, en la cual comparecieron más de una decena de testigos, entre ellos, funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano en la región y del gobierno de Malasia. En este sentido, el juez Díaz tomó declaración al fiscal general de Malasia, Tan Sri Abdul Gani Patail, y a varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos, especialistas en materia de seguridad. Los motores F-5 son considerados material bélico y por tanto de carácter de seguridad nacional para los EEUU.

Los funcionarios norteamericanos, citados como «invitados» por sus atribuciones como representantes del cuerpo diplomático, manifestaron la preocupación de los organismos de seguridad de EEUU por el robo de los motores. La preocupación radica en la posible comercialización de los mismos en el mercado negro, hacia países sin relaciones comerciales o considerados enemigos por el gobierno norteamericano.