Presidenta de Madres de Plaza de Mayo participará en el "escrache"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, hará uso de la palabra frente a una concurrencia donde participarán delegados de las organizaciones HIJOS de Argentina y Uruguay.

La concentración frente al Ministerio de Defensa incluirá la exposición de los legajos de los militares acusados de torturar y de desapariciones durante la dictadura. La movilización es apoyada por la Corriente de Izquierda, que pertenece al Frente Amplio. El presidente del EP-FA, Tabaré Vázquez, es contrario a este tipo de reclamo, según el integrante de la Comisión para la Paz y asesor, Gonzalo Fernández, al sostener que la misma perturba las conversaciones en marcha con militares. Pablo Matías, Irma Leite y Andrés Olivetti, representantes de la Plenaria de Memoria y Justicia, señalaron a LA REPUBLICA que «la situación de los desaparecidos y los demás crímenes cometidos durante la dictadura son una deuda interna sin saldar». La organización acusa al gobierno nacional de «mantener la impunidad» para quienes participaron en dichos crímenes y considera que «si hubiera voluntad política para hacer las cosas en otra dirección podría hacerse». El objetivo de la Plenaria es continuar en el futuro con el debate a nivel de los barrios, «para que se mantenga lo sucedido en la memoria del pueblo».

«Estado cómplice»

Matías explicó que se resolvió realizar la marcha en abril para «recordar varios hechos de representación del pueblo. Este gobierno lleva un año de promesas incumplidas que merece ser rememorado y no podemos olvidar que fue en abril que perdimos con el voto verde. Queremos dar una señal de que seguimos en la lucha por la Justicia y que el tema no está agotado». La declaración que será leída en el acto aclara que el mensaje que se pretende dar «es de dignidad» y que sigue el objetivo de obtener «esa paz que se construye sobre una sociedad con justicia».

Los manifestantes aclararán, dirigiéndose directamente al ministro Brezzo, que su reclamo es pacífico y que lo realizan en nombre de «verdad, memoria y justicia, contra la impunidad». Además, acusarán al jerarca de «irresponsabilidad» por «arengar públicamente a los violentistas contra una manifestación cívica de carácter pacífico». La declaración aclara que «violentismo es la dictadura militar. Violentismo es perseguir gente, también es conducir un país a la ruina, a la miseria, a la falta de trabajo». Sobre este punto, Leite apuntó a LA REPUBLICA que la organización fue amenazada mediante correo electrónico por «el grupo fascista Comando 14 de Abril», lo que será mencionado en la proclama.

El documento califica al Estado como «cómplice» del silencio mantenido por los militares respecto a los crímenes de la dictadura y enfatiza que están llevando adelante «la lucha del pueblo contra la impunidad. Nada mueve la dignidad y quienes hayan apretado los dientes ante un militar en una sesión de interrogatorio o de tortura lo saben. La dignidad en la lucha nos hace fuertes».

La Plenaria de Memoria y Justicia tiene fuertes críticas hacia el gobierno nacional en general y particularmente respecto a la Comisión para la Paz, ya que consideran que «no brinda a la gente la información con la que cuenta». Olivetti señaló que el Estado «tiene todos los poderes jurídicos y coercitivos para esclarecer la verdad y contribuir en el camino de la justicia, pero la Comisión para la Paz hasta hoy ha funcionado en un sentido contrario al necesario». Desde su punto de vista, el caso de la nieta del poeta argentino Juan Gelman «es paradigmático, porque todos los datos que llevaron a encontrarla salieron de las organizaciones sociales. Queremos señalar la responsabilidad política del Estado que mantiene la impunidad. Por eso hacemos esta concentración frente al Ministerio de Defensa que es un punto bisagra entre el gobierno y las Fuerzas Armadas». Leite dijo que «está la situación concreta de los ocho militares uruguayos responsabilizados de haber participado del Plan Cóndor. El gobierno no da vistas a esa causa. Ni siquiera pueden ampararse en la ley que consagra la impunidad y que es nula desde el punto de vista ético porque esos delitos no tienen caducidad». Leite enfatizó que el reclamo no se limita a los desaparecidos sino a «tantos otros crímenes que quedaron sin aclarar, como el asesinato de Zelmar Michelini, el secuestro de Simón Riquelo, la situación de Elena Quinteros. El Estado sigue amparando la impunidad para los militares y civiles que participaron de toda esa situación de represión».