Río Negro: el 61% del presupuesto para sueldos

La Junta Departamental de Río Negro aprobó ayer el presupuesto quinquenal municipal, que divide la estructura del gasto en un 61% para retribuciones personales, 25% para gastos administrativos, 12% de inversión neta y 2% para políticas sociales.

El proyecto presentado por el ejecutivo fue remitido al Tribunal de Cuentas únicamente con los 16 votos del Partido Colorado. Los nueve blancos y los seis representantes del Encuentro Progresista (EP) presentaron un informe único en minoría. El proyecto, severamente criticado, contempló propuestas de los tres partidos políticos y fue aprobado luego de cinco horas de debate.

El edil frenteamplista Luis Massey señaló que el presupuesto de Río Negro presenta «su principal carencia al no incorporar ningún artículo que obligue al intendente a realizar concursos o sorteos para contratar funcionarios.

Los ingresos a la Intendencia de Río Negro son digitados directamente por el intendente con excepción del personal de barrido, que es contratado zafralmente y por el salario mínimo nacional».

Otro punto observado por la oposición fue que el presupuesto contiene partidas para las diversas Juntas Locales del departamento pese a que las mismas no han sido nombradas. Oscar Terzaghi, presidente de la mesa política departamental del Frente Amplio, señaló a LA REPUBLICA que «no tiene sentido que se resuelvan las inversiones para diversos lugares del país sin dar participación a las Juntas Locales. Por lo menos esperamos que se las conformara antes del tratamiento del presupuesto para que se las pudiera consultar sobre los recursos necesarios en cada zona».

La oposición también criticó algunos artículos específicos como los que establecen el pasaje del cobro del alumbrado público a UTE. El tema ya fue aprobado por la Junta Departamental el 8 de marzo únicamente con los votos colorados pero de cualquier forma su incorporación al presupuesto motivó un nuevo debate sobre el tema.

La creación de la figura del Defensor del Vecino también fue respaldada únicamente por el oficialismo, ya que la oposición considera que no ofrece garantías porque es nombrado directamente por el intendente con un aval de dos tercios de la Junta Departamental, lo que es considerado un «escaso requisito» por blancos y encuentristas. Artículos autorizando al jefe comunal a la creación de varios cargos y la introducción de un precio de noventa pesos a cada carga de madera transportada en el departamento también fueron criticados. En este último caso, se especificó que el precio deberá ser pagado por los camioneros y no por las empresas forestales que, se cree, continuarán pagando el mismo valor por carga y no recibirán la carga fiscal a pesar de ser uno de los sectores empresariales con mayor recaudación.