Hotel Madison Resort en la mira legislativa

Ibarra consulta a la Dirección General de Casinos del Estado y a la Dirección Nacional de Aduanas, Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, a la Intendencia Municipal de Colonia, al Banco Central del Uruguay y a la Dirección Nacional de Migraciones sobre una serie de actividades y movimientos de personas y capitales relacionados con el Hotel Madison Resort & Spa, sobre los cuales informó LA REPUBLICA en su edición del 19 de marzo pasado.

En los antecedentes de su pedido de informes, el parlamentario progresista refiere a la resolución del Poder Ejecutivo del 28 de octubre de 2000, según la cual se decidió instalar un casino en el Madison Resort & Spa (a un costo para el erario cercano a los 547 mil dólares),

«El Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Casinos del Estado, en oportunidad de firmar el Decreto Nº 1168/000, de fecha 18 de octubre de 2000, conjuntamente con el presidente de la República Dr. Jorge Batlle y el ministro de Turismo, ¿consideró los antecedentes mencionados en nuestra exposición, de posibles vínculos de los empresarios, con negocios irregulares, al autorizar la instalación y explotación de un Casino en el complejo turístico ‘Hotel Hyatt’, cercano a la ciudad de Carmelo?», consulta Ibarra.

También pide al Ministerio de Turismo información sobre sus fundamentos para autorizar el decreto 1168/000, como asimismo, qué movimiento de clientes ha tenido el Madison Resort y Spa desde su inauguración en diciembre de 1999, hasta la fecha. Solicitó, también, que se detalle el número de habitaciones (de cualquier tipo, bungalows, duplex, etcétera) ocupadas mensualmente. El consorcio Hotel Corporation Uruguay SA, propietario del establecimiento hotelero, está integrado, entre otros, por Gaith Pharaon y su hijo Laith, acusados en Estados Unidos por estafa y fraude y en Argentina vienen siendo investigados por presunto lavado de dinero, proveniente del narcotráfico. También participa Eduardo Cantón, vinculado a la quiebra del Banco Extrader de Argentina. «A su vez –resalta Ibarra– todos ellos habrían tenido que ver con el dudoso funcionamiento del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), también investigado en los Estados Unidos y por la Justicia en la República Argentina. El BCCI, radicado en Luxemburgo y que utiliza los paraísos fiscales de Suiza, Panamá, Gran Caymán y Cook fue intervenido en los Estados Unidos por lavado de dinero».

El legislador recuerda que desde hace cuarenta años la Dirección General de Casinos explota el «Casino del Estado-Carmelo» en la misma ciudad, lo que hace poner en duda la permanencia del mismo ante la eventual competencia de la instalación del casino autorizado por el Decreto del 1168/000. En consideración de esta situación, «¿por qué el Estado uruguayo instalará un nuevo casino, por el que pagará una importante suma, cuando a menos de siete kilómetros del lugar existe ya el Casino del Estado-Carmelo, hace más de cuarenta años, que incluso se puede ver afectado en su competencia por el que fuera autorizado en el Complejo Madison Resort de Carmelo? ¿La Dirección General de Casinos del Estado, qué planes tiene con referencia a la permanencia en funcionamiento del Casino del Estado-Carmelo, a fin de continuar prestando un valioso servicio al turismo y asegurar en su totalidad las fuentes de trabajo?», plantea el legislador.

 

Millonaria inversión

El parlamentario comenta, además, que en dicho complejo hotelero se realizó una inversión cercana a los 40 millones de dólares y que el mismo permanece prácticamente vacío, incluso en temporada alta. «El hecho de que el resultado económico, en cuanto a la explotación del Hotel, sea tan menguado nos lleva a preguntarnos cuál fue el objetivo real de tan importante inversión. (…) Otra de las noticias difundidas los últimos días, inclusive por la prensa argentina, es que el complejo Madison Resort de Carmelo sería enajenado a un operador norteamericano Rosewood Hotels & Resort, con la finalidad de desprenderse de un negocio al que se le habría detectado determinadas implicancias», recuerda Ibarra. «El Banco Central, que sin duda está en conocimiento de las denuncias, juicios e investigaciones que se llevan a cabo en distintos países, como por ejemplo Estados Unidos y Argentina, sobre la actuación de las personas que integran el mencionado consorcio, ¿ha considerado la posibilidad de disponer el levantamiento del secreto bancario, para también efectuar una profunda y prolija investigación sobre el manejo y el origen de los fondos que permitieron la inversión y la gestión del mencionado complejo?», consulta el parlamentario. Ibarra reseña que, según informaciones periodísticas, a principio de los noventa, la Intendencia de Colonia habría exonerado a los empresarios que instalaron el club de campo, del pago de impuestos por un monto aproximado de 300 mil dólares, situación que sería similar a lo actuado en el Departamento de Maldonado con el Hotel Conrad. «Solicito a la Intendencia de Colonia me informe acerca de la presunta exoneración o vencimiento de impuesto que se realizara al complejo hotelero y en caso de ser efectivamente así, solicito una copia de dicha resolución y los fundamentos de la misma», reclama el diputado de la Lista 1001. Por otra parte –recuerda Ibarra–, distante siete kilómetros de Carmelo, se encuentra el aeropuerto Zagarzazú ubicado en un predio perteneciente al ciudadano argentino Eduardo Cantón y a pocos metros del Hotel y del Country. «Si bien la administración de aeropuerto está a cargo de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, no existe la seguridad de un control estricto sobre el tráfico aéreo en dicho aeropuerto, donde cumpliría funciones un funcionario que vive en Carmelo, existiendo una gran incertidumbre en cuanto a la actuación permanente de la Dirección de Migraciones, la Dirección Nacional de Aduanas y la propia Prefectura, sobretodo en los vuelos periódicos internacionales que se producen. Considerando la intensa campaña que se está realizando en el país, por el complejo problema del contrabando y que ha merecido la firme actuación de los organismo públicos, es necesario tener la tranquilidad de que los movimientos en el Aeropuerto Zagarzazú, son estrictamente controlados y fiscalizados. ¿Cómo controla el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que ingresa y egresa del país en el Aeropuerto Zagarzazú? ¿Existe una oficina de dicha Dirección que funcione en forma permanente, las 24 horas del día, en el mencionado Aeropuerto?», consulta en ese sentido.

Ibarra también interroga al Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, si lleva en forma permanente, con presencia de personal durante las 24 horas, el ingreso y egresos de personas en el aeropuerto Zagarzazú; y pregunta cómo realiza el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, el control permanente del aeropuerto y con qué personal especializado cuenta durante las 24 horas del día, para cumplir con dicho servicio.