El libro "Ojos vendados", del periodista Oppenheimer, reafirma los hechos que investigó el inspector Rivero sobre lavado de dinero del Cártel de Juárez

Maldonado

 

Oppenheimar dice en el prólogo que «su objetivo es muy sencillo: demostrar que el cáncer de la corrupción está tan avanzado en las democracias emergentes de América Latina que difícilmente podrá ser extirpado –o por lo menos detenido– sin medidas drásticas de ayuda por parte de EEUU y Europa».

La afirmación, por lo menos curiosa, expresada por quien demuestra que uno de los principales bancos estadounidenses fue el depositario de cuanta coima se cobró o cuanto dinero sucio se lavó al Sur de nuestros presuntos salvadores, encabeza el libro que tiene para los uruguayos un interés particular. Sin que ese sea el propósito general del periodista argentino, radicado hace años en Miami, autor y columnista de CNN y de decenas de periódicos, entre ellos el Miami Herald, su texto ratifica con exactitud tres de las cuatro aseveraciones más importantes que contenía el oficio presentado por la Brigada Antidrogas del Este ante la jueza penal de 4º Turno, Fanny Canessa, y que motivó la destitución del entonces director nacional de Policía, inspector (r) Roberto Rivero.

El martes 13 de junio del año pasado, cuatro días después que la periodista María Urruzola revelara en el semanario Brecha algunas de las causas que motivaron la destitución de Rivero, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, se preguntó en radio El Espectador. «¿Qué pruebas había para hacer afirmaciones de tanta gravedad? Ninguna. ¿Qué elementos? ¿Qué indicios? ¿Con qué elementos contaba la Brigada para poder embarcar al Estado en una acusación tan dura para un periodista, un prestigioso estudio, para el sistema financiero e, incluso, para la propia imagen del país?».

El razonamiento del secretario de Estado seguía la línea sostenida por todos los gobiernos posdictadura: «En Uruguay no se lava dinero, ni hay corrupción».

Y de su propia cosecha agregó el calificativo de «terrorista de Estado», a quien hasta hoy, a pesar de estar retirado, fue uno de los oficiales más prestigiosos con que contaba la fuerza policial.

En la lógica de Stirling tal vez ahora Andrés Oppenheimer podría ingresar en la peligrosa calificación de «terrorista», ya que en gran parte de las 314 páginas que tiene el libro editado por Sudamericana –y que se vende como pan caliente en todas las librerías– se prueban con exactitud milimétrica y profusa documentación, tres de las afirmaciones del famoso oficio policial 24/00 del 16 de marzo del año pasado. Por si fuera poco, barre de un plumazo la teoría del «complot», sostenida por Danilo Arbilla desde entonces, basada en presuntas escuchas clandestinas y ratifica en todo el memorándum del 17 abril entregado por Rivero a Stirling, que éste le impidió investigar, y que luego fue presentado en el Juzgado de Maldonado.

El oficio de la discordia

Antes de ingresar al libro de Oppenheimer, vale recordar parte del texto del oficio policial presentado el 16 de marzo de 2000 ante la jueza Fanny Canessa, que se puede leer íntegramente en la página web de El Espectador, en la dirección: //www.espectador.com/text/documentos/doc06132.htm.

En síntesis, el oficio firmado por el oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, sostenía que «mediante información reservada aportada por el Servicio de Aduanas de los EEUU, se puede establecer que en nuestro país se podrían estar llevando a cabo operaciones tendientes al lavado de activos, producto del narcotráfico, de acuerdo al siguiente informe.

El lavado de dinero del narcotráfico se realiza de dos modalidades en nuestro país. Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en las que interviene el Estudio y varios bancos. Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas».

Agregaba que «el Cártel de Juárez – operaba desde Argentina a través de una institución financiera «Mercado Abierto S.A.» próxima al menemismo y en particular a Ortega y de la inmobiliaria Marplatense «Di Tulio», propiedad de los hermanos Domingo y Nicolás Di Tullio».

La piedra que motivó todo el escándalo posterior decía que «la persona Danilo Arbilla es el principal contacto en nuestro país. Los Di Tullio le compran su propiedad en Punta del Este en una cifra en el entorno de los «quinientos mil dólares», muy superior a su valor real.

Arbilla presenta a los Di Tullio a su escribano (y escribano de Búsqueda), Javier Mario Morassi. Los Di Tullio, al igual que Ducler de Mercado Abierto, están sometidos a investigación judicial en Argentina y se solicitó la colaboración judicial uruguaya. El tema del lavado por el «Cártel de Juárez» preocupa especialmente a EEUU y México».

El documento aportaba luego datos sobre operaciones inmobiliarias, particularmente realizadas en el departamento de Flores, por sociedades anónimas directamente controladas por los Di Tullio.

Quitando la venda

La primera aseveración del oficio se refiere a la «intervención del Estudio Posadas, Posadas y Vecino y de varios bancos» en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En el primer párrafo de la página 36 de su libro, Oppenheimer relata que en 1997 «en un breve viaje de Argentina a Uruguay poco después del fin de año (de 1996), Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino –dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio De Posadas– para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé «Holiday», en Punta del Este, por 550.000 dólares».

En realidad no es esta la primera vez que se menciona al estudio Posadas. En abril de 1999 ya lo había hecho el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, unos días antes de que lo destituyeran del cargo por presiones del encargado comercial de la Embajada de EEUU en Argentina.

En lo que respecta a los bancos, el libro es en sí una de las denuncias más sólidas que se han presentado públicamente contra la participación del Citibank en todas las maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y coimas desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, pasando primero por Nueva York. Pero además del Citi, también participó el Federal Bank, el Banco Argentino de Raúl Moneta que controlaba varias empresas financieras ubicadas en la calle Blanes Viale 5910 de Montevideo y en el chalé Sunrise de Punta del Este.

La segunda aseveración del documento policial sostiene que «el Cártel de Juárez operaba a través de la financiera ‘Mercado Abierto SA’ próxima al menemismo y en particular a Palito Ortega, y de la inmobiliaria marplatense ‘Di Tulio’, propiedad de los hermanos Domingo y Nicolás Di Tullio».

La participación de los Di Tullio como lavadores de dinero del narcotráfico ha sido ampliamente probada por el fiscal mexicano Juan Miguel Ponce Edmonsson, ahora embajador en Uruguay, y por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba del Corral.

Si acaso quedará para la anécdota la presentación voluntaria del veterinario Raúl Marinone ante la jueza Canessa, jurando que «era inocente y sólo compró campos para él». Ponce demostró que el «inocente» veterinario era una pieza clave en la compra de campos cercanos a Mar del Plata y también en el departamento de Flores, con dinero de Carrillo Fuentes.

En cuanto al cantor, senador acusado de coimero y frustrado candidato a la presidencia en la interna menemista, Oppenheimer dedica un extenso capítulo a las relaciones con el lavado de dinero de su asesor económi
co Aldo Ducler, principal de Mercado Abierto SA, la financiera que también tiene un permiso para operaciones de Bolsa en Uruguay.

Según relata el periodista en la página 74 «el director de la Fundación Duhalde-Presidente, Alberto Fernández, me confirmo que Ducler era un tipo muy cercano a Palito, el número dos de su equipo económico y uno de los recaudadores de la campaña, antes que se uniera con la campaña de Duhalde.

Es probable que Ducler hubiera recaudado fondos para Ortega a través de la Fundación Sudamericana».

Esta organización era presidida por Ducler; su vicepresidente era el ex dirigente «carapintada» Nicanor Villafañe Molina, alguien con algunos negocios en Punta del Este; y estaba integrada, entre otros, por el ex ministro de Defensa argentino Oscar Camilión, procesado la semana pasada por el tráfico de armas hacia Ecuador y Croacia; y Miguel Iribarne, uno de los dueños de Mercado Abierto SA.

Ortega, por supuesto, negó todo y «juró por Dios» que Ducler no tenía nada que ver con su campaña. Pero en página 75, Oppenheimer revela un diálogo que mantuvo con el fiscal Ponce. «En la cadena de contactos mexicanos alguien había pasado un millón de dólares para la campaña de Ortega y el pago para el «Duhaldemóvil» en la contabilidad interna del Cártel de Juárez. Ahí están los papeles», le dijo el fiscal y jefe de Interpol de México al periodista argentino.

La tercera aseveración tiene que ver con el papel que jugó el Servicio de Aduanas de los EEUU (Custom Service) el que, según el oficio, entregó documentación a la Policía uruguaya.

En la página 67, Oppenheimer se refiere al informe del oficial Perino, «un agente especial que estaba rastreando el flujo del dinero del Cártel de Juárez hacia Argentina y quien escribió un detallado informe de 40 páginas después de una visita de una semana a Buenos Aires en junio de 1999. Durante esa visita estuvo acompañado por Debra Bonasconi, agente especial de la Reserva Federal de los EEUU».

Perino se entrevistó con Di Tullio y el informe que elaboró detalla con precisión hasta los cambios en la respiración del agente inmobiliario cuando se le preguntaba sobre su relación con Ducler y los enviados del Cártel. Después de leer su informe, los jefes de Perino llegaron a la conclusión que «Di Tullio estaba muy lejos de ser una víctima inocente de una operación de lavado de dinero».

Se cae la teoría de las «escuchas ilegales»

Durante la defensa de su inocencia y honorabilidad, el director del semanario Búsqueda y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, elaboró la teoría del complot urdido, según él, «por Federico Fasano, Manuel Flores Silva, Roberto Rivero y Eleuterio Fernández Huidobro», con el objetivo de «destruirlo profesionalmente».

Cuando LA REPUBLICA hizo saber que desde Búsqueda se había llamado a Mercado Abierto SA, los periodistas de esa publicación reconocieron que » habían llamado porque estaban realizando un trabajo profesional sobre una empresa de intermediación financiera que se instalaría en Uruguay»

Pero enseguida, con el apoyo de la Asociación de la Prensa del Uruguay, presentaron una denuncia penal en el juzgado de Maldonado para que se investigaran «las escuchas ilegales sobre el semanario Búsqueda».

Arbilla denunció una y otra vez «la gravedad de que hubiera escuchas ilegales sobre un medio de prensa uruguayo » y se apoyó en ello para ratificar su teoría del «complot». En el juzgado de Maldonado, el inspector Rivero negó haber sido él quien interceptó teléfonos y quien había proporcionado esos números a la prensa.

Ahora Oppenheimer, en dos páginas, muestra quién era el que estaba «interceptando» los teléfonos de Mercado Abierto y desde qué lugar lo hacía. En la página 47 dice que «otros cables de Interpol, fechados el 12, 22 y 26 de julio revelan que México entregó a las autoridades argentinas los nombres de otros traficantes mexicanos que, se sospechaba, estaban viviendo en Argentina, y pidió que se investigaran unos veinte números de teléfono de Buenos Aires a los que –según se había establecido por escuchas telefónicas– estaban llamando a miembros del Cártel de Juárez desde México».

Luego, en la página 64, sostiene que «en Argentina con la ayuda de Policía Federal, Ponce obtuvo registro de llamadas telefónicas que mostraban conversaciones entre los cabecillas del Cártel de Juárez y sus socios comerciales en la Argentina (Ducler y su firma Mercado Abierto), así como también fichas de inmigración que demostraban que Ducler había hecho por lo menos un viaje a Cancún en 1998. También habían recogido algunos testimonios sobre reuniones entre Ducler, Di Tullio y los barones de la droga mexicana, tanto en México como en Argentina.