Presupuesto de Montevideo: la batalla continúa

La bancada de ediles del Encuentro Progresista (EP) propondrá al intendente Mariano Arana que establezca un sistema de quitas y financiación de deudas que permita reducir el índice de morosidad. El edil José Carrasco considera que la rendición de cuentas del año pasado, que ingresará a la Junta Departamental el 30 de junio, mostrará «un incremento del déficit municipal. Su abatimiento depende del control de la morosidad y para eso deben tomarse medidas».

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aseguró que la Junta aceptará las observaciones que realice el Tribunal de Cuentas sobre el presupuesto quinquenal remitido el miércoles pasado. Opinó que no habrá impugnación al articulado, como anuncia la oposición y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), ya que «no hay inconstitucionalidad. El EP nunca sostuvo una norma inconstitucional».

Cuando hay visiones diferentes dejamos que actúe el órgano de contralor y acompañaremos todo lo que el Tribunal observe, estemos o no de acuerdo». En ese sentido, expresó su preocupación por la posibilidad de que la oposición mantenga su intención de impugnar el articulado aún en caso de que el Tribunal se manifieste favorable a todo el proyecto.

Déficit preocupante

El presupuesto quinquenal de la Intendencia de Montevideo (IMM) tuvo numerosos cambios a nivel de la Junta Departamental. Algunos fueron implementados por el oficialismo, que incluso no votó varias normas de personal y modificó artículos que daban nuevas atribuciones al intendente. Carrasco indicó que la bancada del EP estuvo de acuerdo con la administración «en términos generales» aunque «desde el principio tuvimos algunos reparos».

A su entender, las principales diferencias fueron «de redacción» pero hubo acuerdo general en respaldar un presupuesto que «parte de la base de un déficit considerable y como tal debe ser entendido». Con un ingreso anual estimado en 340 millones de dólares, el presupuesto quinquenal incluye un déficit acumulado de 73 millones que, según el edil, «sabemos que en el año 2000 no decreció y puede haber aumentado» con una incidencia de crecimiento similar a la del año anterior. Carrasco cree que este año estará cercano a los 80 millones de dólares.

Para abatir el déficit, el oficialismo propondrá a la administración que plantee medidas de pago para reducir la morosidad y encuentra que el ajuste en la estructura del gasto presentado en el presupuesto quinquenal permitirá tener «algún punto de recuperación».

Acuerdo con reparos

La Comisión de Presupuesto y Hacienda analizó el proyecto remitido por la IMM durante casi 400 horas antes de pasarlo al plenario. En ese tiempo el EP resolvió retirar parte del articulado, pasándolo de 163 artículos originales a 154 incluyendo una incorporación.

Carrasco explicó que algunas normas «proponían el híbrido de que los funcionarios contratados pudieran ocupar un cargo presupuestal. Nosotros consideramos que eso podía ser perjudicial para las carreras presupuestadas». El retiro de la palabra «obligatorio» del artículo 128, que planteaba el cese para los trabajadores con jubilación bonificada, también se debió a «diferencias de redacción».

El edil aclaró que el EP «comparte el objetivo de la administración de exigir el retiro cuando se reúne el puntaje exigido por el Banco de Previsión Social (BPS) para que quienes tienen jubilación bonificada en años no se encuentren en una situación de ventaja, pudiendo acumular más puntos que quienes no la tienen».

Por otra parte, el EP no comparte con la oposición que algunas normas de personal sean inconstitucionales, ya que el articulado «no otorga facultades al intendente más allá de las necesarias para la reestructura. Aquí ningún funcionario va a quedar postergado, ninguno va a ser bajado de su carrera y su sueldo. No se deja sin trabajo a nadie. Cuando se habla de reestructura, transformar o suprimir cargos ningún funcionario va a tener pérdidas».

Reacción colorada

Carrasco cree que la firme oposición mostrada por el Foro Batllista al proyecto municipal se debe a que «percibe que estamos haciendo una buena gestión». Recordó que durante el debate del presupuesto en Sala los ediles colorados defendieron los salarios de los municipales «pero no lo hacen en el resto del país. No hay un solo organismo nacional que ajuste los salarios en un cien por ciento por el Indice de Precios al Consumo (IPC). En el gobierno nacional votan incrementos de combustibles, nuevos impuestos y sueldos que no reajustan. ¿No es un discurso diferente?».

Carrasco reconoció que el próximo quinquenio encontrará a Montevideo «en una especie de meceta en obras y servicios» pero aseguró que «intentaremos mejorar». Sobre este punto destacó que el presupuesto «contempla todas las prioridades presentadas por los vecinos en las distintas zonas», lo que «no sucede a nivel nacional.

Los colorados critican nuestra gestión porque cargan con el contrapeso de tener un presupuesto nacional de casi 5.000 millones de dólares con el que no hacen casi nada. Lo que pasa es que ven crecer un enemigo peligroso ante las próximas elecciones y por eso reaccionan».

«Una forma de hacer política»

La representante de la Vertiente Artiguista (VA) Laura Fernández afirmó que la Junta envió al Tribunal de Cuentas «el mejor presupuesto que podían tener los montevideanos, víctimas de la más salvaje discriminación que jamás hayamos sufrido por parte del gobierno central». La edila destacó las características participativas en la elaboración del presupuesto y el mantenimiento de las políticas sociales demostrado a través de la atención a la salud y la política de convenios y generación de talleres e incentivos al desarrollo social y cultural.

Entre las mejoras se encuentra «el incremento en un 20% del número de menores atendidos por el programa Nuestros Niños, por las guarderías y los merenderos municipales, a título de ejemplo, sólo en 2001 la IMM distribuirá 1.500.000 litros de leche en 500 instituciones receptoras». El fortalecimiento de la cartera de tierras y la creación del Fondo Solidario de Materiales también fueron enumeradas por Fernández, así como los 18 millones de dólares destinados al subsidio del boleto de jubilados y estudiantes y las medidas planificadas para mejorar la gestión.

Respecto al acuerdo alcanzado con el Partido Nacional para viabilizar la tarifa de saneamiento, la representante frenteamplista enfatizó que «ha quedado así de manifiesto que es posible trascender las banderas cuando se trata de encontrar respuestas a las necesidades que nos sensibilizan». Mejoras en el tránsito, limpieza urbana, mantenimiento vial y alumbrado público también fueron destacadas, así como el reajuste salarial a los municipales. Desde su punto de vista, este presupuesto «no es adhesión a un texto ideal, es compromiso y acción inclusiva, es el fin del carnaval de las promesas, es la demostración de que existe una forma diferente de hacer política».