AMPLIO DEBATE

La aprobación y los contenidos de la «Ley General de Educación» generaron un amplio debate en ámbitos gremiales, políticos y jurídicos sobre la conveniencia o legalidad de la misma, con posturas contrapuestas. Incluso, el senador Jorge Larrañaga solicitó al entonces presidente electo José Mujica postergar su entrada en vigencia, lo cual fue rechazado desde el oficialismo.

En el ámbito netamente jurídico, Fenapes y Afutu resolvieron presentar sendas excepciones de inconstitucionalidad contra la norma al considerarla violatoria de la autonomía de los órganos de la enseñanza. La Ley de Educación es «una intervención directa en la ANEP, coarta la autonomía constitucional que se le da a la ANEP», dijo oportunamente el gremialista José Olivera. La postura fue avalada por el abogado constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz.

Sin embargo, la actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), María Simon, aseguró durante los meses previos a la interposición de las excepciones de inconstitucionalidad que «connotados» juristas avalaban la postura de la cartera en el litigio.