EL GOLPE DE ESTADO

El ex dictador Juan María Bordaberry fue condenado por la jueza Mota a 30 años de penitenciaría y 15 años de medidas de seguridad como autor de un delito de «atentado a la Constitución» y como coautor de nueve delitos de «desaparición forzada» y dos delitos de «homicidio político».

Bordaberry «conocía la situación de vulneración de los derechos individuales de sus conciudadanos, por orden de qué agentes del Estado se ejecutaba y de qué forma y con qué finalidad se llevaba a cabo lo que resultó ser una práctica sistemática», y nada hizo para evitarlo, expresa la condena.

Como primer funcionario del Estado «no es creíble que ignorara que entre el período de mayo de 1972 hasta mayo de 1976 murieron 29 personas a consecuencia de las torturas», más allá de atribuirle la responsabilidad de la lucha contra la «subversión» a las FFAA, evaluó la magistrada.

«El Uruguay, previo a la presidencia de Bordaberry ya presentaba un panorama sombrío. Se producían detenciones numerosas, se torturaba y se moría en la tortura. (…) Las detenciones de cientos de personas, su alojamiento por meses en unidades militares y los abusos ­tortura física y psíquica­ a los que eran sometidos eran de público conocimiento».

«En este escenario, cabe concluir que el enjuiciado conocía no sólo la condición preexistente a su asunción al cargo sino también los hechos de conculcación de los derechos humanos que se sucedieron y multiplicaron durante su período de gobierno. Nada hace suponer, ni lo ha acreditado la defensa del enjuiciado, que le hubiera sido retaceada información de tal aspecto», indica.

Asimismo, la jueza Mota consideró que el delito de «atentado a la Constitución» estaba probado desde el mismo momento de la radicación de la denuncia, puesto que la misma incluyó el decreto de disolución de las cámaras firmado por el propio Bordaberry.