Escrito por: Colonia

En 1995, en oportunidad de aprobarse el presupuesto quinquenal, la Junta Departamental aprobó el cobro de una Tasa por Emisión de Recibos, cuyo valor fue fijado en cuatro pesos y estableció que el valor de esa tasa se ajustarÃa cada año de acuerdo al Indice de Precios al Consumo (IPC). Según esta norma, el valor de la tasa debió ser de cuatro pesos en 1995, 5,42 en 1996, 6,74 en 1997, 7,76 en 1998 y 8,43 en 1999. Sin embargo, el ejecutivo departamental cobró 5,80 pesos en 1995, 8,50 en 1996, once pesos en 1997, veinte en 1998 y 22 en 1999. En todo el quinquenio, la IMC transfirió ilegalmente a sus arcas 1.172.888 dólares.
Según el Tribunal de Cuentas, para elevar los precios de un cobro que tiene caracterÃsticas de tasa la Intendencia debió contar con la aprobación de la Junta Departamental. El organismo de contralor sugirió al nuevo intendente, Miguel Gimeno, “dejar sin efecto el acto administrativo por el que se estableció el nuevo importe del tributo tasa de emisión de recibo apartándose de las disposiciones presupuestales vigentes y que establecen el procedimiento a seguir”.
Respecto a los importes cobrados en exceso se plantea “volver a los importes que superen los valores que efectivamente se debió abonar por cada contribuyente” o “imputar dichas sumas a futuros tributos que deban abonar los contribuyentes”. El Tribunal aclara que cualquier medida que asuma el ejecutivo deberá ser comunicada a la Junta Departamental y al propio organismo de contralor.
Burgman, que solicitó la intervención del Tribunal, manifestó que “la IMC tiene que devolver ese dinero que cobró de más”. El edil calificó como “una rara coincidencia” el hecho de que Moreira haya renunciado a su cargo “justo cuando llegó el informe del Tribunal. Esa tasa se cobró en forma ilegal, haciendo oÃdos sordos al reclamo de la Junta y ahora le deja el problema a Gimeno o a la próxima administración”.
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