Suprema Corte destituyó a jueza que no cumplía con deber de residencia

La remoción de la magistrada Oliva Fraga se dispuso luego del correspondiente sumario administrativo que determinó la veracidad de varias denuncias que la Corte recibió sobre deficiencias en el desempeño del cargo.

Fuentes de la corporación dijeron a LA REPUBLICA que el caso de esta jueza guardaba relación directa con deficiencias del servicio denunciadas por numerosos abogados de la ciudad de Mercedes.

La irregularidad más grave detectada fue el incumplimiento del deber de residencia que obliga a los jueces. Según el sumario, Oliva Fraga residía en la ciudad de Paysandú en forma permanente, en el domicilio de su pareja, desatendiendo reiteradamente el juzgado que tenía a su cargo.

La falta se considera como grave debido a que la Corte proporciona a los magistrados del interior del país vivienda en el mismo lugar donde desempeñan el cargo.

El sumario también determinó que en ese juzgado el servicio de Justicia se prestaba en forma deficiente, empero no constató ningún indicio de que existieran problemas éticos en el desempeño del cargo.

Ajuste

En menos de 6 meses esta es la tercera medida drástica que dispone la Suprema Corte para corregir deficiencias del servicio de administración de Justicia.

En octubre del año pasado se dispuso la degradación de una ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo Civil por los atrasos que registraba en el estudio de los expedientes, con el consiguiente atraso en el dictado de sentencias.

Poco después se destituyó al juez letrado de la Costa de Oro Luis Delfino, tras constatarse graves irregularidades en el ejercicio del cargo.

En el mismo sentido, antes de fin de año la Suprema Corte dispuso a los juzgados que informaran sobre los peritajes particulares en los que intervinieron peritos del Poder Judicial.

Para la Corte, la ley que regula el trabajo de estos técnicos prohíbe a los especialistas que revistan en los cuadros judiciales participar en pericias donde los litigantes pagan los honorarios.

Fuentes de la corporación indicaron que se piensa hacer cumplir la ley y que los peritos que no acaten deberán alejarse de la administración de Justicia.