Pedido de informes de Mahía por destitución de funcionaria

El diputado frenteamplista José Mahía remitió un pedido de informes al Codicen para que explique las circunstancias que rodearon a la destitución la funcionaria Marta Vieira Medola, autodefinida como operadora política del Herrerismo, y para conocer si se ha encauzado alguna investigación.

«Este es un caso particularmente grave y que hay que tratar de esclarecer y arrojar luz», explicó el diputado por Canelones. Mahía llamó la atención sobre el silencio que ha rodeado al tema en la última semana, después que se hiciera pública la destitución de la funcionaria. «Ni el Herrerismo ni el semanario Patria han dado una respuesta o una explicación».

Según trascendió la semana pasada, Vieira fue destituida al aparecer una grabación en la que la funcionaria, que ocupaba desde 1990 un cargo de confianza política, le recomendaba a un columnista del semanario Patria, vocero del Herrerismo, que espiaran a la consejera Carmen Tornaría. En esa misma grabación, la funcionaria se define como operadora política del Herrerismo, y confía que hay otros.

Mahía sostiene que es grave que una funcionaria de un cargo de confianza se declare operadora política e indique que existen otros. «¿Qué pasaría si existieran operadores políticos en organismos como Antel y Ancap, donde también se manifiestan intereses económicos y empresariales?».

El legislador destaca que además se han constatado dos hechos graves, por un lado las expresiones y las acciones de la funcionaria destituida, y por otro el hecho de que la grabaran. «¿Quién grabó e hizo llegar el casete?».

Entre las consultas al Codicen, el diputado quiere saber quién designó a la funcionaria en 1990 y cuáles fueron los fundamentos para renovarla en el cargo de confianza política en 1995. También consulta por la cantidad de cargos de confianza política que se hubieran renovado en marzo de 1995.

Otro aspecto del pedido de informes apunta a conocer si el organismo hizo una denuncia policial del hecho y si inició alguna investigación administrativa, y finalmente solicita la versión taquigráfica de la sesión del Codicen en que se trató el tema y se decidió la destitución.

Mahía insiste en que la gravedad de los hechos merece una investigación policial o judicial, y que en caso de que el pedido de informes no reciba una respuesta adecuada, apelará a otros pasos legislativos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.