El caso "Fusilados de Soca"

La segunda excepción de inconstitucionalidad interpuesta por la fiscal Ana Maria Tellechea refiere al caso “Fusilados de Soca”, por la cual se investiga el secuestro en Argentina y posterior homicidio en Uruguay de cinco militantes del MLN-T: Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell. El expediente también se encuentra anexo al expediente madre de “Atentado a la Constitución”, contra el ex dictador Juan Maria Bordaberry.

Los cinco integrantes del MLN-T fueron “fusilados” el 19 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, tras permanecer 40 días “desaparecidos”. “Se ha podido probar que fueron detenidos en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974 y, tras ser sometidos a terribles torturas, fueron trasladados clandestinamente al Uruguay en el denominado ‘Vuelo cero’. Todo ello (…) en el marco de la participación conjunta de los regímenes militares represivos de los gobiernos de facto existentes en esa época”, o sea, el “Plan Cóndor”, dice la fiscal.

Asimismo el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la Fiscalía que solicita el pronunciamiento a la Suprema Corte de Justicia en lo que refiere a la desaparición “por más de diez años” del niño recuperado Amaral García Hernández, hijo del matrimonio de Floreal García y Mirtha Hernández. “Dicho joven vio por última vez a sus padres cuando se encontraban estos secuestrados y torturados en Buenos Aires”.

 

ACLARACION

La información aparecida ayer en LA REPUBLICA bajo el título “Fiscal Guianze pidió ayer la condena para el dictador Bordaberry y Blanco” (página 5) culminó con la expresión: “Sin embargo, los símbolos del ERP y la nota fueron ‘una estrategia destinada a relacionar la actividad de los ex parlamentarios con la de personas vinculadas en el pasado con el MLN y desvinculados o escindidos al momento de su detención’. Tampoco la participación de la dictadura uruguaya finalmente pudo esclarecerse”.

Sin embargo, la misma debió decir: “Sin embargo, los símbolos del ERP y la nota fueron ‘una estrategia destinada a relacionar la actividad de los ex parlamentarios con la de personas vinculadas en el pasado con el MLN y desvinculados o escindidos al momento de su detención’. Sin embargo, la participación de la dictadura uruguaya finalmente pudo esclarecerse”. A los lectores las disculpas del caso.