Juzgados retoman su ritmo habitual

La ceremonia de Apertura de los Tribunales y la asunción del ministro Jorge Chediak como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) (ver nota aparte), implicará el reinicio de la actividad en todos los Juzgados del país.

Jueces y fiscales retomarán de esta forma centenares de procesos pendientes de resolución, al tiempo que profundizarán la indagatoria sobre otros cientos de expedientes con procesamientos ya dispuestos pero sin condena. Asimismo, los Tribunales de Apelaciones y la SCJ también deberán emitir su opinión en temas de diversa índole.

2009 deparó la resolución de tres de los principales procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. En este sentido, el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso la condena de ocho militares y policías a penas de entre 20 y 25 años por el homicidio de 28 ciudadanos uruguayos trasladados en forma clandestina hacia Uruguay, en la causa denominada «Segundo Vuelo» de Automotores Orletti.

El mismo magistrado condenó además al dictador Gregorio «Goyo» Alvarez, a 25 años de penitenciaría por el traslado clandestino de presos políticos hacia Uruguay en 1978. El juez condenó por la misma al marino Juan Carlos Larcebeau. En tanto, la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, procesó con prisión a los ex agentes policías e integrantes del «Escuadrón de la Muerte», Nelson Bardesio y Pedro Freitas, por el crimen del joven Héctor Castagnetto. La jueza tipificó un delito de «homicidio muy especialmente agravado».

Sin embargo, 2010 puede deparar el procesamiento de otros militares y policías involucrados en crímenes durante el proceso dictatorial. Asimismo, la declaración de «inconstitucionalidad» de la Ley Nº 15.848, «Ley de Caducidad», en el caso de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray implicará una profundización de la indagatoria por su muerte. El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, citará en los próximos días a una decena de militares, entre ellos el general Miguel Dalmao, para desentrañar el horrendo crimen de la joven comunista, en las entrañas del Batallón de Comunicaciones Nº 1, en junio de 1974.

Sin embargo, la atención durante los primeros días del año se centrará en el fallo de la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, ante el pedido de condena contra el ex dictador Juan María Bordaberry por «Atentado a la Constitución», dos homicidios y ocho desapariciones forzadas durante su período al frente del proceso dictatorial. La fiscal Ana Maria Tellechea solicitó la condena del ex dictador a 30 años de prisión, más 10 años de medidas de seguridad. Además, la fiscal Mirtha Guianze solicitará sobre fines de febrero la condena de Bordaberry y del ex canciller Juan Carlos Blanco a 30 años de penitenciaria por el homicidio en Argentina de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los ex MLN-T, Rosario Barredo y William Whitelaw, el 20 de mayo de 1976. Otros casos giran en la órbita penal y los jueces especializados en Crimen Organizado (Jorge Díaz y Graciela Gatti) implican expedientes de gran resonancia mediática. Entre estas causas, está el expediente sobre la «Operación Campanita», el de los negocios de contrabando (Free Shop), el caso del contador Feldman, propietario de un extenso arsenal de armas y municiones. El fiscal Ricardo Perciballe solicitaría el archivo. El Poder Judicial deberá resolver además una decena de casos en los que jerarcas y ex jerarcas del Estado aguardan para ser citados a declarar (caso Bengoa, declaraciones juradas de Nin Novoa, el caso Clanider, la venta de libros a Venezuela y la adquisición de cámaras PET para el Centro de Imagenología Molecular). Asimismo, la jueza de Durazno María Constanza Farfalla instruye un proceso contra el Comité de Emergencia de Durazno, liderado por el ex intendente y electo diputado por el Partido Nacional Carmelo Vidalín por supuestas irregularidades en la adjudicación de las donaciones y manejo de fondos. En tanto, cuatro legisladores cuya banca no fue renovada durante la última elección nacional deberán enfrentar a la Justicia a partir del próximo 15 de febrero: los nacionalistas Carlos Mazzullo y Julio Lara, el dirigente colorado Juan Justo Amaro y el emepepista Homero Viera.

El senador Lara, en tanto, deberá declarar ante el juez penal de 3er. Turno, Sergio Torres, ante una denuncia por «difamación e injurias» promovida por el vicepresidente Nin Novoa.