Ofensiva. Palo en la rueda a la ley que impulsa el presidente Tabaré Vázquez

La Corte Electoral y el Partido Nacional analizan impugnar ley de descentralización

El proyecto de descentralización del gobierno por el cual se crean 83 alcaldías en todo el país continúa generando polémica, pues tanto desde el Partido Nacional como desde la Corte Electoral se maneja la posibilidad de presentar sendos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El pasado lunes 25 la Mesa Política Nacional del Frente Amplio resolvió por amplia mayoría aplicar la ley a partir de mayo próximo y para ello ordenó a la bancada de izquierda sancionar la iniciativa en el Parlamento. Por su parte, la bancada de diputados del Frente Amplio determinó aprobarla en la sesión del próximo miércoles 3 de febrero.

A aquella reunión de la Mesa Política del pasado lunes 25 también asistieron el ministro de la Corte Electoral, Wilfredo Penco y el representante de la Junta Departamental, Walter Pesqueira, ambos especialistas electorales alertaron en dicha sesión del organismo de conducción partidario sobre algunos aspectos controversiales de la norma.

Pesqueira reconoció que la Constitución establece que alcaldes e intendentes no pueden votarse en dos hojas electorales distintas, de lo contrario habría que reformar la Carta Magna.

También aclaró que, por otro lado, deben realizarse «correcciones» a los límites barriales de Montevideo para establecer las alcaldías.

Por su parte, Penco señaló que los límites territoriales de las Juntas Electorales Electivas (Bella Unión, Río Branco y San Carlos) fueron establecidos por el Parlamento y lo mismo debería suceder en el caso de los futuros límites para las alcaldías y por dos tercios de votos, porque es una reforma electoral.

A la vez, hizo especial hincapié en que «no ha habido el tiempo suficiente para publicitar las consecuencias de esta ley para aquellas personas que en Montevideo no votarían en sus respectivos municipios porque no pudieron realizar los traslados de sus credenciales y que ascienden a más de 200 mil ciudadanos».

Fuentes políticas del Frente Amplio aseguraron ayer que los ministros frenteamplistas también dijeron ante la Mesa Política que durante una sesión de la Corte Electoral del 30 de diciembre pasado, los ministros de la oposición adelantaron opinión respecto a algunos aspectos que consideran «inconstitucionales» de la iniciativa del Ejecutivo.

Según un sondeo realizado por LA REPUBLICA los ministros de la corporación que manifestaron su opinión contraria al proyecto de ley fueron: Rodolfo González Rissotto (Partido Nacional) y Renán Rodríguez (Partido Colorado).

Esto fue en una sesión posterior a la aprobación del decreto de la Junta Departamental que establece la delegación de la ley en los gobiernos departamentales de definir los límites territoriales y las jurisdicciones electorales de las Juntas Locales Autónomas. Fuentes electorales dijeron que algunos ministros de la oposición no descartaron la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad contra la ley y que se presentaría ante la Suprema Corte de Justicia.

Pero si la Corte Electoral promueve la acción en la medida en que no se trata de un proceso judicial, el efecto no sería suspensivo, por lo cual la norma seguiría su curso.

El ministro nacionalista ante la Corte Electoral, González Rissotto aclaró a LA REPUBLICA que planteó su preocupación de que se está «muy cerca de las elecciones y no se cuenta con una ley interpretativa que faculte a la Corte para realizar los comicios».

«Existen dificultades porque entre el momento de aprobación de la ley y las elecciones hay poco tiempo para que la corporación pueda adoptar la reglamentación en virtud, por ejemplo, de que se habla de municipios, los que a veces comprenden más de una serie electoral, la cual alcanza una parte urbanizada y otra que aún es rural, entonces: ¿cómo proceder a la división en tan corto plazo?», advirtió González Rissotto.

El ministro nacionalista también destacó su preocupación por la existencia de normas «inconstitucionales» como la referida a que las circunscripciones se determinan por ley y no por resoluciones municipales, pero aclaró que no planteó la posibilidad de un recurso.

 

«Hecha a favor del FA»

En el mismo sentido, el senador nacionalista Francisco Gallinal ha expresado su intención de plantear ante el Directorio del Partido Nacional que se promueva una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, aunque alertó que es muy posible que no den «los tiempos para obtener un fallo antes de la elección del 8 de mayo».

«Confiábamos que el buen criterio iba a prosperar y que el FA iba a postergar la aplicación de la ley, la cual es inconstitucional en el fondo, porque tiene disposiciones francamente inconstitucionales, y en la forma porque nunca reunió las mayorías que establece la Carta Magna para promover una ley electoral», explicó Gallinal ayer a LA REPUBLICA. El legislador enumeró entre las disposiciones de la ley que violentan la Constitución: «el hecho de que se delegue en las Juntas Departamentales la decisión de determinar cuáles son las juntas electivas». Además es una ley «hecha toda a favor del Frente Amplio, porque en el caso de Montevideo, las 8 localidades que definieron para elegir alcaldes las determinaron de manera tal que va a ganar el FA de acuerdo a los últimos resultados electorales».

«No se puede hace leyes en beneficio propio y mucho menos de carácter electoral cuando éstas deben ser igualitarias y en igualdad de condiciones para los partidos en la competencia. Por otro lado, es una ley de burocratización y no de descentralización porque crea más cargos, sueldos y secretarías», cuestionó el legislador.

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