Caso Gelman llegó a la CIDH

La Ley de Caducidad podría ser declarada un obstáculo para la Justicia y bregarse porque sea dejada sin efecto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió elevar el caso por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para su análisis por parte del máximo órgano jurisdiccional del concierto americano.

La resolución adoptada el pasado jueves 21 de enero por la CIDH, y notificada ayer, representa un hecho histórico, puesto que significa el primer caso abierto contra el Estado uruguayo que llega al máximo tribunal jurisdiccional. La CIDH emitió oportunamente el informe 32/08 con recomendaciones para el Estado uruguayo, pero tras no darse cumplimiento a los mismos se dispuso elevar el caso ante la Corte.

El reclamo presentado ante la CIDH en mayo de 2006 por Juan y Macarena Gelman, con el patrocinio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y del abogado José Luis González, denunció que los derechos de la familia eran violados por el Estado uruguayo, pues el Poder Judicial había clausurado dos veces la indagatoria sobre lo ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de enterramiento clandestino.

El escrito interpuesto oportunamente denunciaba la violación por parte del Estado uruguayo de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros.

En este sentido, el abogado José Luis González, representante del familia Gelman en Uruguay, consideró como «una muy buena noticia» la resolución de la CIDH porque significa un nuevo elemento en «la búsqueda de verdad y justicia».

El jurista destacó como «histórica» la resolución emitida, por cuanto la Corte significa «una instancia de altísimo nivel técnico» y porque sus fallos poseen «consecuencias diferentes» de los emitidos por la CIDH.

«Las resoluciones de la Corte tienen que ser obligatoriamente cumplidas por el Estado uruguayo», señaló González.

En tanto, la subdirectora de Cejil, Ariela Peralta, aseguró que la resolución de la CIDH significa reconocer que «el Estado uruguayo no ha cumplido con las observaciones emitidas oportunamente». «La Corte va a decidir si el Estado uruguayo violó el conjunto de derechos de las víctimas denunciados y la resolución se tendrá que cumplir», indicó Peralta.

La subdirectora de Cejil aseguró que la resolución de la CIDH «pone en tela de juicio» la Ley Nº 15.848″, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la cual es contraria a «todos los estándares internacionales».

De mantenerse «la jurisprudencia constante de la Corte», el máximo órgano jurisdiccional podría disponer la obligatoriedad del Estado uruguayo de dejar sin efecto la Ley de Caducidad y un resarcimiento monetario a la familia, puesto que el máximo órgano jurisdiccional americano ha establecido que los estados «no pueden invocar disposiciones de derecho interno» para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, recordó Peralta.

La sentencia definitiva de la Corte Interamericana podría emitirse durante el transcurso de 2010, luego de la presentación de los alegatos escritos y orales de los denunciantes y del Estado uruguayo, estimó Peralta.