Condena a la Intendencia de Maldonado

Carlos Peláez – Maldonado

 

Una demanda civil iniciada en 1994 por la empresa argentina Quintral S.A. acaba de obtener un fallo confirmatorio por parte de la Suprema Corte de Justicia en el que se condena a la Intendencia de Maldonado a pagar algo más de un millón de dólares a modo de indemnización.

De acuerdo a las consultas realizadas ayer por LA REPUBLICA en diferentes ámbitos políticos esta resolución de la Suprema Corte no quedará solamente en la condena monetaria. Por lo menos dos dirigentes políticos, uno frenteamplista y otro nacionalista, confirmaron ayer su intención de leer detenidamente el expediente porque, según dijeron, «del mismo surge la negligencia en el accionar del municipio. Se podría poner en juego el artículo 25 de la Constitución y además solicitar el pase del expediente a la Justicia Penal para que indague un posible fraude de la administración».

El artículo citado de la Carta Magna establece que «cuando el daño a la administración haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de funciones, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación».

La situación, en principio, no aparece fácil de dilucidar ya que Domingo Burgueño falleció en 1998 y el secretario general de la época era Jorge Napoleone, retirado de la función». Sin embargo las fuentes consultadas dijeron que «también tiene responsabilidad la Comisión de Adjudicaciones que actuó en la época e incluso se podría accionar contra los herederos de Burgueño y contra el propio Napoleone aunque no continúe en la función».

 

Once años después

La situación se originó a partir de 1990 cuando la Intendencia decidió llamar a licitación para la recolección de residuos y barrido manual de calles. Varias empresas se presentaron pero finalmente dos fueron las precalificadas: Benito Roggio S.A. y Quintral S.A., ambas consorcios argentinos. Las cotizaciones eran bastante equilibradas, si bien la oferta más barata fue la de Roggio por apenas 5.000 pesos en más de dos millones al año.

En el acto de adjudicación Quintral presentó una queja y apelación porque, según ellos, «la ganadora no había garantizado el mantenimiento de oferta durante todo el período de contrato, lo que viciaba de nulidad la adjudicación ya que no se había respetado la igualdad de los oferentes».

En abril de 1994, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la licitación. Pero el ex intendente Domingo Burgueño ocultó la resolución a la Junta Departamental y contrató en forma directa otra vez a la empresa Sol, propiedad de Benito Roggio.

La empresa Quintral continuó adelante. Sustentada en los vínculos que mantenía con el Partido Colorado, inició una acción reparatoria a la vez que aparece vinculada a la empresa que ganó la licitación en 1995.

Después de sucesivas apelaciones, la Suprema Corte de Justicia acaba de condenar, por unanimidad de sus integrantes, a la Intendencia de Maldonado a pagar el 12 por ciento de lo que establecía el contrato por los cinco años, lo que a valores de hoy es algo más de un millón de dólares.