El juez Díaz aumentó el  embargo por contrabando

La Justicia modificó y aumentó el embargo dispuesto sobre las cinco personas procesadas con prisión por un delito de contrabando en diciembre pasado mediante la utilización del sistema de free shop. El embargo se incrementó a U$S 5 millones.

El juez especializado en Crimen Organizado de 1er. Turno, Jorge Díaz dispuso el pasado 31 de diciembre modificar las medidas cautelares dispuestas por el juez Penal de 14º Turno, Federico Alvarez Petraglia, contra las cinco personas procesadas por contrabando de whisky y perfumes hacia San Pablo (Brasil), y en forma subsidiaria aumentó el monto del embargo.

Díaz modificó el embargo genérico dispuesto el pasado 22 de diciembre por un embargo específico sobre algunos bienes inmuebles, al tiempo que mantuvo la inmovilización de las cuentas bancarias particulares de los cinco procesados pero liberó las relacionadas con empresas colaterales «como forma de no afectar su operativa», indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Las medidas cautelares dispuestas en primera instancia por el juez Alvarez Petraglia «fueron correctas, en atención de ser dictadas de urgencia ante la eventualidad de la comisión de un delito de lavado de activos». Sin embargo, las mismas podían afectar la operativa de empresas no involucradas en las maniobras ilegales, por lo cual el juez Díaz dispuso su modificación.

«El Estado, con el objetivo de cubrir un eventual daño para su patrimonio, no puede perjudicar a terceros no involucrados en la maniobra (de presunción ilegal), ante lo cual se dispuso modificar las características del embargo», dijeron las fuentes.

En este sentido, las modificaciones fueron dispuestas luego que empresas no involucradas en la maniobra ilegal señalaron ante la Justicia que podían ver afectada su operativa por el embargo, entre ellas Neutral Free Shop, propiedad de uno de los procesados y su hermano, cuya actividad no fue cuestionada desde el ámbito judicial.

El embargo específico, sin embargo, significó un aumento del monto total dispuesto oportunamente por el juez Alvarez Petraglia. El magistrado había fijado la medida cautelar en U$S 3,5 millones, mientras el juez Díaz dispuso un embargo específico por U$S 5 millones, señalaron las fuentes.

El mismo incluye la inmovilización de las cuentas bancarias particulares de los cinco procesados y diversos bienes inmuebles en Montevideo y Punta del Este (Maldonado) de uno de los procesados, entre ellos, algunos valuados en más de 600 mil dólares, explicaron.

Sin embargo, el embargo específico aún no se hizo efectivo porque se debe acreditar que los bienes inmuebles que han sido gravados, es decir, que se pretende embargar, son suficientes para cubrir el monto del posible daño patrimonial del Estado. El juez Díaz tiene competencia para modificar las medidas cautelares, por cuanto las mismas fueron dispuestas ante un eventual delito de lavado de activos, explicaron las fuentes.

En tanto, en las últimas horas se confirmó que el expediente continuará bajo la instrucción del juez Federico Alvarez Petraglia en lo atinente a los delitos de contrabando, mientras la Justicia Especializada investiga la presunta comisión de un delito de lavado de activos.

Alvarez Petraglia remitió los testimonios recabados durante la instrucción, así como diversos informes elaborados por organismos del Estado hacia la Sede Especializada «pero de momento proseguirá al frente de la instrucción», dijeron las fuentes.

El magistrado tiene pensado retomar la instrucción en febrero con la citación de unas 50 personas, centrando la atención en el rol de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la posible participación de otras cadenas de free shop en la maniobra.