Rossi: Si se consagra la inmunidad, hay que reformar la Constitución

El coordinador de la bancada de Diputados del Encuentro Progresista, Victor Rossi, entiende que si la interpretación jurídica se inclina por el reconocimiento de la inmunidad perpetua de los ex secretarios de Estados por los delitos que hayan cometido durante el ejercicio de sus funciones, sería necesario modificar la Constitución de la República. La polémica resolución del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno acerca de la inmunidad del ex ministro de Turismo Benito Stern provocó una larga polémica en los últimos días, a tal punto que el presidente de la República Jorge Batlle se mostró en desacuerdo con la decisión.

Por su lado Rossi, quien en su momento realizó una serie de denuncias sobre irregularidades cometidas durante la pasada gestión de Stern en los procedimientos empleados para la administración de partidas de subsidio para la promoción del turismo, manifestó que «se está ingresando a un problema no menor que es el de la responsabilidad de quienes ejercen funciones de gobierno en el país y que, independientemente de las interpretaciones jurídicas existe un sentir de la ciudadanía en general que hace a la credibilidad o no del sistema institucional y político».

Agregó que sin incorporarse a la discusión que en ultima instancia se dilucidará en el ámbito de los tribunales «por parte de la Suprema Corte de Justicia o quien corresponda. Sin embargo, la sensibilidad de la ciudadanía exige que se establezca claramente cuál es la interpretación que corresponde de la Constitución de la República, en casos que tienen que ver con irregularidades cometidas por figuras que participaron en la acción del gobierno».

Rossi considera que en el caso de que la interpretación jurídica se incline en el reconocimiento de una inmunidad de esa responsabilidad, eso será motivo suficiente como para consultar a la opinión pública y cambiar la propia Constitución, la cual prevé mecanismos de reforma». El parlamentario encuentrista sostiene que quienes ejercen funciones de gobierno «deben ser responsables por los actos administrativos y las consecuencias por los actos que asumen».