Tarifa municipal en suspenso

La tarifa de saneamiento se convirtió en el punto central de análisis en la Junta Departamental como consecuencia de la entrega por parte de la administración de información detallada sobre la implementación del sistema. Las opiniones se dividen entre el oficialismo, que aspira a obtener el respaldo de la oposición; los blancos, quienes consideran que la tarifa es «legal pero excesiva» y todavía no fijaron su posición y los colorados, que mantienen la postura más opuesta. En este último caso, algunos moderados afirman que todavía no se decidió si se votará la tarifa mientras otros están radicalmente opuestos y ya estudian los posibles caminos para una impugnación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, José Carrasco, dijo a LA REPUBLICA que «se resolvió dar mayor plazo para tratar el presupuesto porque los integrantes del Foro Batllista nos anunciaron que podrían acompañar con su voto la tarifa de saneamiento pero necesitan más tiempo para estudiar nuevos datos entregados por el ejecutivo. Para nosotros es muy importante que los demás grupos acompañen la tarifa y por eso resolvimos dar más tiempo».

Posiciones opuestas

La edila forista Cristina Ferro indicó que «no podemos votar la tarifa en las condiciones en que está ahora». La intención es estudiar los datos para proponer el ingreso de algunas modificaciones, aunque advirtió que «habrá que ver hasta dónde llega el interés de la IMM en negociar». Aclaró que «no podemos decir ni que la vamos a votar ni que pensamos impugnarla porque no hemos estudiado todos los datos».

Esta postura no es acompañada por César García, que ya adelantó su intención de dialogar con los blancos para impugnar la tarifa en el Parlamento. García considera que el monto que la IMM pretende recaudar con la tarifa «la convierte en un impuesto». Aseguró que en la reunión sostenida por los ediles con la administración, el prosecretario general, Pablo Buonomo, afirmó que el objetivo de la tarifa era «generar un colchón de dinero para abatir un seguro ajuste fiscal que se dará en el año 2006, cuando la IMM deba empezar con el repago de los préstamos a que accedió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)». Desde su punto de vista, la IMM planteó la tarifa porque «intenta a través de un precio generar recursos para hacer frente a una deuda fuera del objeto de mantenimiento de la red de saneamiento».

El coordinador de la bancada nacionalista, Osvaldo Abi Saab, aclaró a LA REPUBLICA que «no vamos a acompañar con nuestro voto ningún tipo de impugnación porque no hay dudas sobre la legalidad de la tarifa. Podemos tener discrepancias por el monto de dinero que se va a cobrar pero no tenemos dudas de que se trata de una situación legal». García afirmó, por su parte, que «si los blancos creen que la tarifa es cara aceptan que se trata de un impuesto. Entonces, como legisladores, van a tener la obligación de acompañarnos si pedimos la impugnación».

Voto negativo

La bancada nacionalista no votará el presupuesto en general pero acompañará algunos artículos en particular. Todavía no resolvió respecto a la tarifa de saneamiento y tiene a estudio el material que ayer entregaron el intendente Mariano Arana, Buonomo y los directores Alfredo Asti, Adolfo Pérez Piera y Luis Lazo.

En la reunión con el ejecutivo, los blancos cuestionaron el costo de diversas tasas y el monto de las partidas extrapresupuestales, como lo que se solicita para las obras del Teatro Solís, el proyecto Puerta de San Juan o algunas obras en avenida Italia. Abi Saab comentó que las mayores diferencias se centran en los temas relacionados al Solís porque «se dio un presupuesto inicial y ahora resulta que necesitan tres veces más. La IMM tiene un inmenso desequilibrio presupuestal y quiere destinar 800 mil dólares para las obras en 2001, cuando en realidad se necesitarían ocho millones».

Como hay desacuerdo con lo que recaudará la tarifa de saneamiento, la intención inicial es manifestarse en contra en Sala pero «no vamos a dar nuestros votos para impugnarla. Responder a la gente por el costo será responsabilidad del Frente Amplio, pero entendemos que sería contraproducente para la defensa de la propia democracia intentar impugnar una tarifa legal».

Abi Saab informó que los blancos tampoco votarán artículos que impliquen «aumentos a la población ni normas que facultan al intendente a tomar decisiones sin la anuencia de la Junta». Este aspecto quedaría saldado si el EP incorpora la frase «con la anuencia de la Junta Departamental», punto que ya fue acordado por el oficialismo con el ejecutivo comunal.

Por otra parte, los blancos también se comprometieron a «defender los derechos adquiridos por los trabajadores» e intentarán plantear modificaciones que favorezcan a los municipales. Respecto a este punto, el secretario general de Adeom, Pablo Sanmartino, dijo a LA REPUBLICA que la dirigencia sindical «ve con buenos ojos los cambios anunciados por los ediles del EP», pero aclaró que recién tendrán acceso a los artículos modificados el lunes, un día antes de que el plenario trate el tema.