Homenaje a los 5 "fusilados de Soca": "Que se expida la Justicia"
En diciembre de 1974 fueron ejecutados Floreal García y Mirtha Hernández, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanel por el aparato represivo dictatorial como «represalia» por la muerte del coronel Ramón Trabal en París.
En Argentina seis uruguayos fueron secuestrados, torturados y trasladados a Uruguay en el «vuelo cero» de 1974. Cinco fueron ejecutados como «represalia» por el homicidio del coronel Ramón Trabal, cuya propia muerte vuelve a ser investigada. Uno sobrevivió, Julio Abreu, y 30 años después reveló lo ocurrido a LA REPUBLICA. El niño recuperado en 1985, Amaral García, es hijo de uno de los asesinados. Un capitán de fragata, a quien los mandos de la Armada le pidieron perdón, es hermano de otra de las víctimas, María de los Angeles Corbo. La Justicia investiga en la actualidad las responsabilidades por los asesinatos (ver recuadro).
A 35 años del crimen se realizó un acto junto al Memorial Recordatorio ubicado en Ruta 70 a 200 metros de la intersección con la Ruta 9 y que fuera inaugurado el año pasado.
Con la presencia de autoridades de la Junta Local de Soca, de la Junta Departamental de Canelones y el presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Dari Mendiondo, integrantes de Crysol, familiares de los asesinados y Julio Abreu (único sobreviviente de los sucesos que condujeron al vil asesinato y actualmente testigo en la causa que se tramita en la justicia penal), representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Serpaj junto a numerosos vecinos de la zona.
Se inauguró un monolito recordatorio dispuesto por la Junta Departamental de Canelones y que fuera presentado por familiares de los fusilados junto con Julio Abreu.
A solicitud de Crysol, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) colocó señalización oficial indicando la presencia del Memorial Recordatorio a los fusilados y fusiladas de Soca en 1974 en la Ruta Interbalnearia y en la Ruta 9.
Zully Cabrera, militante de Crysol en Costa de Oro hizo uso de la palabra señalando que «la decisión de ejecutarlos fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena de la época. Sus responsables no son anónimos, tienen nombre y apellido y algunos de ellos aún están vivos y en condiciones de ser indagados por la Justicia».
Agregó: «La Ley de Caducidad, que fue votada para consagrar la impunidad de estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables, no ampara esta causa y a 35 años de los sucesos es imprescindible que la Justicia se expida». Finalmente, manifestó: «La Ley de Caducidad es absolutamente inconstitucional como lo ha reafirmado recientemente la Suprema Corte de Justicia en un fallo histórico».
El emotivo final de su alocución fue: «El que murió luchando vive en cada compañero».
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