Millonaria evasión: caso free shops culminaría en juzgado especializado

La investigación por delitos de contrabando mediante la utilización del sistema de free shop podría culminar bajo la órbita de la justicia especializada en Crimen Organizado, de fructiferar dos investigaciones en curso, en atención a la posible comisión de delitos de «defraudación tributaria» y «lavado de activos».

La intervención de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en la recopilación y análisis del material incautado en los allanamientos en Montevideo, Chuy y la zona franca de Libertad podría culminar con nuevas acciones por delitos de «defraudación tributaria» y «lavado de activos», según indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.

En este sentido, la radicación de una denuncia por «defraudación tributaria» o la presunción de la comisión de un delito de «lavado de activos» implicaría la remisión del expediente hacia la justicia especializada en Crimen Organizado, en atención a la aprobación de la Ley Nº 18.514, según expresaron las fuentes.

El 29 de junio la Asamblea General modificó el Artículo 414 de la Ley Nº 18.362 y otorgó competencia a los juzgados especializados en las causas en las que se entrecrucen sus fueros con la competencia de la Justicia Penal. «En los casos de reiteración de delitos que correspondan al fuero especializado y al común serán competentes para entender sobre ellos los juzgados especializados. Consecuentemente, también serán competentes para resolver la unificación de penas entre causas especiales y comunes», dice la norma.

«La presunción de la comisión de delitos del fuero de la justicia especializada implica la remisión de todo el expediente debiendo la Sede Penal declinar competencia, incluso en lo atinente al delito de ‘contrabando’, porque si bien este último es competencia de la Justicia Penal, al encontrarse inmerso en un expediente por ‘lavado’ pasa a ser competencia de la justicia especializada», dijeron las fuentes.

En este sentido, la posible constatación de un delito de lavado de activos podría implicar un hecho histórico para la Justicia uruguaya, puesto que hasta el momento «nunca se ha tipificado un delito de lavado como consecuencia de un delito de contrabando», señalaron fuentes especilizadas en la materia a LA REPUBLICA. «La organización desbaratada el pasado jueves por las autoridades se conformó hace aproximadamente tres años, con el objetivo de comercializar whisky y perfumes hacia Brasil en infracción a la legislación aduanera nacional y con la consiguiente pérdida para el erario público», señala el auto de procesamiento del juez penal de 14º Turno, Federico Alvarez Petraglia, a quien se vinculó LA REPUBLICA. La operativa consistía en la utlización de la infraestructura de los comercios de venta exclusiva para turistas extranjeros como fachada del negocio entablado entre las empresas importadoras y el comprador extranjero, evitando el pago de los impuestos a las exportaciones, como IVA e Imessi, según detalla el magistrado. «Una vez que la mercadería era ‘vendida’ en Zona Franca, era transportada hacia la frontera con Brasil, donde era facturada por el Free Shop en forma absolutamente irregular», explica Alvarez Petraglia. Incluso, el análisis de la documentación determinó que una misma cajera habría vendido 2.400 botellas a 82 personas distintas en el lapso de una hora, implicando ello el absurdo de que le destinara 44 segundos a cada «cliente» en forma ininterrumpida, dice la sentencia. Ante la prueba recopilada, el juez Alvarez Petraglia, dispuso el procesamiento con prisión de cinco personas por un delito de «asociación para delinquir» y un «delito continuado de contrabando» por una millonaria maniobra de evasión. Otras dos personas fueron procesadas sin prisión por «contrabando».