Presentarán al gobierno electo proyecto de ley para mejorar el combate a la corrupción

La iniciativa será presentada al gobierno electo a fines de febrero o principios de marzo, cuando ya esté instalado el nuevo Poder Ejecutivo.

Entrevistado por LA REPUBLICA, el jerarca dijo que la iniciativa será una buena base de discusión «para mejorar lo relativo a la transparencia, para fortalecer el trabajo de la Junta y para ajustar la normativa a los estándares requeridos por las convenciones internacionales».

Pérez Piera destacó que la totalidad de los dictámenes elaborados por la actual composición de la Junta ha sido aprobada por unanimidad. La importancia de este hecho radica en que es el único organismo, con autoridades nombradas en este período, que cuenta con un miembro de la oposición en la dirección, en este caso en representación del Partido Nacional.

 

­¿Qué aspectos destacaría de las tareas realizadas este año por la Junta?

­Uno de los trabajos importantes iniciados este año ha sido la tarea comenzada por un consultor y desarrollada luego en varios talleres, donde participaron funcionarios de varios organismos del Estado especializados en nuestra temática, como el Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna de la Nación, el Poder Judicial y las fiscalías, sobre qué modificaciones habría que incorporar a la legislación uruguaya en materia anticorrupción, básicamente a la Ley Nº 17.060, que es la ley madre en esta materia.

Nuestra intención ha sido analizar la experiencia de estos 10 años de funcionamiento de la Junta y pensar en una nueva etapa de aquí en adelante.

La Junta ha realizado intensas consultas, nos interesaba la opinión de técnicos especializados, de funcionarios públicos responsables de estas áreas en otros organismos de contralor y también a nivel político, para elaborar un proyecto de ley y una propuesta de políticas públicas en esta materia.

Estamos finalizando este trabajo y esperemos que esté pronto para antes de que asuma el próximo gobierno, para poder presentarlo para su discusión.

 

«Nuevas figuras delictivas»

­¿Cuáles serán los principales aspectos de este proyecto de ley?

­Básicamente contendrá tres grandes capítulos. El primero tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo de la Junta y algunas modificaciones en su funcionamiento. Por ejemplo, cómo mejorar la publicidad de las declaraciones juradas, el control del cumplimiento por parte de los funcionarios de la obligación de presentarlas y otros aspectos técnicos.

El segundo capítulo tiene que ver con algunas normas generales en materia de transparencia, para mejorar el funcionamiento de la Administración pública, como las normas para el ingreso de funcionarios, la necesidad de deslindar los intereses propios del funcionario de lo que es su función pública, en una forma más clara y precisa de la que rige actualmente, entre otros aspectos.

El tercer capítulo tiene que ver con la modificación o la incorporación de nuevas figuras delictivas, algunas que ya están sancionadas, pero que merecerían algún ajuste para adaptarlas a las necesidades reales y a los compromisos internacionales. También hay otras normas que no han sido sancionadas, pero entendemos que hay que ponerlas en consideración, como por ejemplo el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que se discutió cuando se creó la ley Nº 17.060, pero que fue rechazado por un voto en el Senado, concretamente 16 a 15 en aquel momento. Es una figura que ha sido aceptada en la mayoría de los países latinoamericanos, así que por lo menos entendemos que debe discutirse.

Este proyecto que estamos terminando va a ser una buena base de discusión para el próximo gobierno, para mejorar la situación en lo que tiene que ver con la transparencia, para fortalecer el trabajo de la Junta, ajustando su normativa y su institucionalidad con los estándares requeridos por las convenciones internacionales, y por la propia decisión que han tomado los últimos gobiernos del país, en particular el actual, para enfrentar este problema.

 

«Hay un tema cultural»

­¿Este proyecto ataca las debilidades que tiene el país en materia de transparencia?

­Nosotros entendemos que la lucha contra la corrupción involucra a todo el gobierno y también a toda la sociedad civil. La Junta tiene una responsabilidad específica, pero no es el único organismo cuyos cometidos se vinculan con el tema de la corrupción. Hay un sistema en el cual también participan el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, las auditorías. En otros países también están los defensores del pueblo, que en Uruguay no los tenemos a escala nacional.

Pero creo que es fundamentalmente el gobierno el que tiene que poner la carne en el asador, en el sentido de que la voluntad política de llevar adelante políticas pro transparencia y anticorrupción, no sea sólo meramente declarativo, sino que se asuma en la realidad de los hechos. Hay países con niveles de corrupción muy altos, pero si se analiza su normativa, es satisfactoria. Es decir, se implantan normas para quedar bien a nivel internacional, para decorar la acción del gobierno, pero no tienen un sustento real en la acción política.

Entonces, este proyecto es una contribución para atacar algunos de los problemas que nosotros percibimos, pero de ninguna manera de por sí va a eliminar todos los focos de corrupción. En este sentido, entre las medidas sancionadas por el actual gobierno yo destacaría dos puntos muy altos en la lucha anticorrupción. Uno es la ley de acceso a la información y otro es la creación de dos juzgados especializados en la lucha contra el crimen organizado y sus respectivas fiscalías.

Atrás de todo esto también hay un tema cultural, porque por ejemplo el clientelismo político, que tuvo vigencia durante muchos años en el país ­y no podemos decir que esté erradicado del todo­ era aceptado tácitamente por la ciudadanía como parte de las prerrogativas que tenían los ciudadanos, ya sea para acceder a una función pública, para lograr un servicio telefónico o para obtener una jubilación. Eso se aceptaba como una práctica regular dentro del Estado y allí había un problema cultural.

Estas prácticas no se han erradicado del todo, pero hoy son condenables por parte de la ciudadanía. Me parece que esa evolución cultural también es parte de la pelea que hay que dar por afirmar ciertos valores, que dejen poco espacio para la corrupción.

 

Red de funcionarios

­¿Hay personal suficiente para abarcar toda esta tarea?

­En realidad, este año hemos iniciado un programa de creación de una red de funcionarios públicos de todos los organismos, especializados en temas anticorrupción. Nos parece importante que no sea sólo la Junta la que esté actuando en estos temas, sino que también en cada organismo haya gente con una preparación especial. En esta primera instancia se han realizado talleres con la participación de más de 200 funcionarios provenientes de las empresas públicas ­estatales y no estatales­ y de los gobiernos departamentales, tanto intendencias como de juntas departamentales de todo el país. El año que viene pensamos proseguir con este programa con la realización de cursos para nuevos organismos.

 

­¿Se piensa ampliar esta red de funcionarios?

­La Junta tiene hoy una red a nivel administrativo, por ejemplo, para la presentación de las nóminas de funcionarios que deben presentar las declaraciones juradas, quiénes son, cuáles son las altas y bajas, cuándo se deben aplicar sanciones a los funcionarios omisos. Para todo esto hay contacto con alrededor de 250 funcionarios en toda la administración pública, que operan como nexo con la Junta.

Pero a su vez, nos interesa tener nexos técnicos, es decir, establecer contacto con funcionari
os de las oficinas jurídicas o de recursos humanos, donde exista gente con conocimiento especial de la normativa vinculada a la lucha contra la corrupción. Nos hemos encontrado con que muchas veces en los organismos no se conoce la normativa vigente, así que nos parece importante respaldar nuestro trabajo con esta red de funcionarios.

En una primera etapa hemos convocado a los gobiernos locales, tanto intendencias como juntas, y a las empresas públicas, para poder identificar funcionarios que estén capacitados e interesados en realizar esta tarea. Este programa ya ha comenzado en este último semestre, pero vamos a impulsarlo con más fuerza el año que viene, ya sea ampliando la red como también dándole un contenido de trabajo en la interna de cada organismo.

 

­¿Hay otros objetivos para el año próximo?

­Queremos implantar un observatorio que nos permita ir evaluando y analizando todo lo que tiene que ver con la corrupción y la transparencia en Uruguay, las normas que se aplican, las prácticas que se van desarrollando, las medidas que habría que tomar. La idea es tratar de trasmitirle esa información al gobierno, pero también a la ciudadanía.

 

­La ley vigente prevé que en la página web de la Junta únicamente sean publicadas las declaraciones juradas del Presidente y el Vicepresidente de la República. ¿Cree que se deberían publicar otras declaraciones? ¿Cuál es la experiencia en el resto del mundo?

­La realidad es diversa. En algunos países no se publica ninguna declaración, en otros se publican las de algunos cargos políticos y, en otros casos, se dan a conocer parcialmente ciertos datos generales, como el monto general del patrimonio, pero no el detalle de los bienes.

Ese es uno de los temas que estamos analizando y que va a tener una definición en el proyecto de ley que vamos a presentar, tratando de ampliar en alguno de estos sentidos la publicidad de las declaraciones juradas. También vamos a ampliar las posibilidades para que se pueda solicitar el contenido de las declaraciones juradas. Hoy sólo se hace por pedido judicial, del propio funcionario o si la Junta detecta alguna irregularidad. Nosotros también las hemos incorporado a las comisiones parlamentarias, cuando está en curso alguna investigación.

Pensamos que debería ampliarse esta posibilidad, en caso de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hoy no está contemplado, entendiera necesario conocer una declaración jurada, o en el caso de investigaciones que lleven adelante las juntas departamentales. También debería permitirse en el caso de sumarios, cuando el jerarca encargado de la investigación entienda necesario solicitar la declaración jurada. Es decir, deberían ampliarse las causales para hacer menos reservadas las declaraciones juradas, siempre con la justificación correspondiente.