Evasión en free shops: Juez dispuso cinco procesamientos con prisión y dos sin prisión

El juez penal de 14º Turno, Federico Alvarez Petraglia, dispuso anoche el procesamiento con prisión de cinco personas por un delito de «asociación para delinquir» y un delito «continuado de contrabando» por una millonaria maniobra de evasión mediante la utilización de free shop instalados en la frontera con Brasil. Otras dos personas fueron procesadas sin prisión por «contrabando».

El magistrado hizo lugar a la totalidad del pedido del fiscal Diego Pérez, en atención a la abundante prueba recopilada durante el transcurso de la investigación y la colaboración prestada por varios indagados en audiencia, según pudo saber LA REPUBLICA. En este sentido, se determinó que la organización compraba mercadería en Uruguay y la «exportaba» a Brasil por intermedio de los free shops, evadiendo el pago del impuesto a las exportaciones.

La organización conformó especialmente una empresa destinada a realizar la triangulación de mercaderías. La utilización de los free shops evitaba el IVA y el Imesi, puesto que esas empresas están exoneradas del pago de dichos tributos, señalaron las fuentes. La investigación fue desarrollada por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), con la participación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF) del Banco Central. Asimismo, la investigación contó con la colaboración de la Policía Federal brasilera.

 

Whisky y perfume

La millonaria maniobra de contrabando fue descubierta por las autoridades tras una «intensa y prolija investigación», en la cual se utilizaron diversos mecanismos de vigilancia electrónica como escuchas telefónicas, filmaciones e interceptación de e­mails, indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.

El amplio material recopilado permitió obtener «pruebas concluyentes» sobre las maniobras de contrabando a través de los free shops instalados en la frontera uruguaya, específicamente en la ciudad de Chuy (Rocha).

El contrabando se concretaba mediante la utilización de la infraestructura de los comercios de venta exclusiva para turistas extranjeros. Los empresarios uruguayos vendían por medio de los free shops grandes cantidades de mercadería (whisky y perfumes) a empresarios establecidos en San Pablo, Brasil.

La mercadería era trasladada en camiones a Brasil y entregada a un ciudadano paraguayo, principal comprador de la organización, tras lo cual era comerciada en San Pablo y otros puntos de Brasil. «San Pablo es un mercado fuerte y con capacidad para la compra de productos suntuarios, por lo cual las ganancias eran muy importantes», indicaron fuentes de la investigación a LA REPUBLICA. La triangulación de mercadería por intermedio de los free shops arrojaba importantes ganancias tanto para los empresarios uruguayos como para los brasileros. El arribo a Montevideo de un empresario de origen árabe residente en San Pablo para la concreción del negocio implicó el inmediato accionar de las autoridades. Efectivos de la DNII procedieron el pasado jueves a la detención de una decena de personas en Montevideo y Chuy, entre ellos el propietario de uno de los principales free shops de la plaza uruguaya y su socio. Estas tres personas, junto a los gerentes de los free shops, fueron remitidas a prisión por el juez Alvarez Petraglia. En tanto, fueron procesados sin prisión los dos fleteros contratados para trasladar la mercadería a Brasil y concretar el contrabando.

 

Trabajo conjunto

La investigación sobre la organización dedicada al contrabando de whisky y perfume a Brasil se desarrolló en forma coordinada entre la DNII y la DNA. Ambos organismos poseían información sobre la maniobra, pero en los últimos meses promovieron un entrecruzamiento de datos que obtuvo sus réditos el pasado jueves con la detención de los empresarios y la incautación de un cargamento de whisky, valuado en 100 mil dólares, en una chacra del Chuy.

«La primera movida arrojó una incautación por 100 mil dólares, por lo cual es imposible realizar una estimación del volumen de dinero y mercadería que esta organización pueda haber usufructuado, porque no existe precisión sobre los volúmenes manejados ni el tiempo desde el cual operan», aunque se estima que la operativa se inició en 2004 o 2005, señalaron las fuentes. La operación demuestra las bondades del accionar conjunto de los organismos de inteligencia para el combate de grandes organizaciones delictivas vinculadas al contrabando en los últimos años y preferentemente tras la asunción del actual director de Aduanas, Ricardo Prato, expresaron las fuentes. «La coordinación de los organismos de inteligencia es una verdadera política de Estado, porque la DNA por su cuenta no tiene capacidad para combatir el contrabando a gran escala», indicaron las mismas fuentes. Asimismo, la intervención de la DGI y la recopilación de diverso material en sucesivos allanamientos en Montevideo, Chuy y la zona franca de Libertad podrían promover nuevas actuaciones.

En este sentido, la DGI no descarta presentar una denuncia penal por «defraudación tributaria» contra los empresarios. Los abogados defensores tienen plazo hasta después de la Feria Judicial Mayor para apelar. Los letrados sustentaron su defensa en la presunta no comisión de delitos en Uruguay sino en territorio brasilero.