Topolansky lidera iniciativa para las personas sin hogar

La senadora del Espacio 609, Lucía Topolansky, presidió ayer en el Frente Amplio «una reunión programática» para planificar la construcción urgente de viviendas para personas sin hogar, que se niegan a utilizar los servicios de los alojamientos y comedores del Estado que gestionan privados.

«Es una iniciativa independiente de las políticas que se aplicarán para erradicar los asentamientos», reveló una fuente frentista. Topolansky se retiró de la reunión sin informar nada a los periodistas.

No obstante, LA REPUBLICA pudo saber que participó de «la reunión de trabajo» la ya designada ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la arquitecta Graciela Muslera, así como el secretario de Organización del PIT-CNT, el sindicalista metalúrgico Marcelo Abdala.

La central de trabajadores, así como el Sindicato Unico de la Construcción y Afines (Sunca), habían adelantado antes de las elecciones nacionales, que estarían dispuestos a colaborar con la iniciativa que lanzara el ahora presidente electo, José Mujica, para cubrir el déficit habitacional que padece el país.

«A los quince días de asumir la Presidencia estaremos entrando a los asentamientos para tratar de dar una mano», reiteró Mujica en los muchos actos de campaña electoral que realizó en todos los departamentos del país. Ahora se sumaría la idea de priorizar a la personas carentes de todo hogar.

El primer encuentro de ayer también contó con la participación de activistas de organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Tacuruses que fundara el sacerdote católico Mateo Méndez. La iniciativa también recibirá aportes de la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mútua.

A pesar del hermetismo con que se desarrolló la reunión de ayer, el diario plural pudo saber que una de las primeras dificultades que deberá abordar la iniciativa es adecuar una interpretación de la ley constitucional para el desalojo compulsivo de las personas que habitan lugares públicos.

Otro de los aspectos legales a resolver es la imposición constitucional que tiene el Estado de hacerse cargo de las personas con discapacidades mentales que viven en las calles, y que carecen de todo tipo de marco de contención familiar. Aún hay dudas si pueden ser realojadas por la fuerza pública.

Durante todo el período del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la atención directa, y en las propias calles, de las personas sin hogar estuvo a cargo de la Fundación Padre Hurtado, la ONG católica, chilena, que ganó la licitación convocada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La primera dificultad que debió enfrentar la organización de activistas humanitarios fue realizar un exhaustivo relevamiento de todas las personas en situación de calle. La segunda dificultad consistió en superar el rechazo que recibieron de las propias personas sin hogar, que se negaron a dejar la calle.