Nora Castro advirtió sobre cierre del Banco do Brasil

La diputada por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y vicepresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, Nora Castro, indicó que de concretarse el cierre de la sucursal en Montevideo del Banco do Brasil, nuestro país podría ser considerado como una plaza donde «no se ofrecen las garantías necesarias». Asimismo aseguró que aproximadamente treinta funcionarios cesantes de la entidad financiera serían absorbidos por la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (ACAC).

En la tarde de ayer, la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió en primera instancia a una delegación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) banca privada; y posteriormente a una representación de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) de Canelones.

Castro aseguró que debido al cierre de la sucursal del Banco do Brasil en Montevideo más allá de estar en juego los puestos de trabajo, tema en el cual las negociaciones están encaminadas para no se pierdan las fuentes laborales ya que ACAC absorbería entre 28 y 30 funcionarios, «existe un tema político por tratarse del cierre de uno de los bancos más grandes de la región lo que conformaría una señal política muy grande».

«De concretarse este cierre, Uruguay podría ser considerado por posibles inversores del exterior como un país en el cual no se ofrecen las garantías necesarias, sobre todo teniendo en cuanta el tipo de relacionamiento comercial y de intercambio que hay entre nuestros países», destacó la legisladora.

Agregó que se trata de una sucursal, que desde su instalación en Montevideo, ha dado pérdidas y al parecer queda claro que se ha trabajado con ineficiencia en lo que hace al relacionamiento con la promoción del intercambio de producciones, exportaciones e importaciones».

Asimismo recordó que el pasado año concurrieron a la sede central del Banco do Brasil delegados de AEBU, donde se encontraron con que ya estaba tomada la decisión del cierre de la sucursal Montevideo y que sólo quedaba por considerar la situación de los funcionarios, la cual hoy parecería estar solucionada en cuanto a la conservación de los puestos de trabajo». Sin embargo, indicó que desde el punto de vista económico, posibles inversionistas podrían estar cuestionando las condiciones para una inversión en nuestro país desde fuera desde la propia región». Luego, la comisión parlamentaria recibió a la delegación de Adeom Canelones para analizar la resolución que tomo el pasado año el intendente canario, Tabaré Hackenbruch, a través de la cual estableció el cese del descuento automático de la cuota sindical para Adeom.

«La práctica del descuento automático no es reciente, sino que viene aplicándose desde la década del cincuenta y sólo fue interrumpida durante la dictadura militar», destacó Castro.

Para Castro, la decisión del jefe comunal de Canelones está «violentando en principio esa propia práctica y el convenio acordado. Por otro lado, es una violación no solamente a derechos constitucionales consagrados en los artículos 7º y 8º de la Carta Magna en cuanto a la libertad sindical y el libre ejercicio de la actividad, sino también a convenios internacionales como el de la OIT.