Clave. Por este caso la SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad

Asesinato de Sabalsagaray: citan militares y civiles como indagados

El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, dispuso la citación de una decena de militares y civiles para comparecer en la causa por la cual se indaga la muerte de la militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), Nibia Sabalsagaray, el 29 de junio de 1974, dentro de una unidad militar.

El magistrado hizo lugar a «la totalidad» de la prueba documental y testimonial requerida por la fiscal Mirtha Guianze y dispuso su «pronto» diligenciamiento, lo cual implica la citación del general Miguel Dalmao, los capitanes Mario Cegnini y José Pedro Araújo, el coronel (r) José Nelson Chialanza y del médico militar Alberto Sitkewish, «entre otros militares nombrados en el expediente», así como de un ex preso político detenido varios años en el Batallón de Comunicaciones Nº 1, agregaron las fuentes.

En este sentido, el dictamen de la Fiscalía solicita la citación de Dalmao, Cegnini, Araújo y Chialanza como «indagados», en atención de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por la cual se declaró la inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», para el caso Sabalsagaray.

El fallo del máximo órgano del Poder Judicial implica la posibilidad de la Sede de profundizar la indagatoria sobre la posible responsabilidad de militares en el operativo e interrogatorio de Sabalsagaray, puesto que hasta el momento solo podían comparecer como testigos por encontrarse sus acciones bajo el amparo de la polémica norma.

 

Contradicciones

La comparecencia de militares y civiles ante la Justicia implicará una «gran oportunidad» para profundizar la indagatoria por la muerte de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, puesto que «por primera vez los militares deberán comparecer como indagados», dijeron las fuentes.

La instancia implicará la posibilidad de contrastar las versiones aportadas por los militares ante la Justicia en 2006, durante su declaración como «testigos», y la prueba documental y testimonial aportada al expediente judicial previo a la excepción de inconstitucionalidad promovida por la fiscal Guianze.

En este sentido, una de las situaciones «más comprometidas» corresponde a la del actual jefe de la División de Ejército IV, con asiento en Minas, general Miguel Dalmao, puesto que «existen grandes contradicciones entre su testimonio y un informe del Supremo Tribunal Militar agregado al expediente», indicaron las fuentes.

Dalmao declaró en 2006 (por oficio) que se enteró del fallecimiento de Sabalsagaray «por información que circuló apenas constatado su deceso, se ahorcó usando un pañuelo de seda con el que se colgó del cuello, usando el eje de la traba mariposa de la tarima en la Sala de Disciplina donde estaba alojada».

Asimismo, el actual jefe de la División de Ejército IV aseguró que «dado el tiempo transcurrido entre la presunta hora de su detención y la hora en que se la descubre muerta quien firma considera que la persona fallecida no llegó a ser interrogada. Esta convicción se reafirma porque fue alojada en una Sala de Disciplina, las que eran destinadas exclusivamente para alojar detenidos previo a ser interrogados».

Sin embargo, el informe oficial del Supremo Tribunal Militar caratulado «Suicidio Nibia Gloria Sabalsagaray Curutchet, Batallón de Transmiciones Nº 1″, afirma que el hoy general Dalmao fue el militar que «encontró» el cuerpo de la joven, en el calabozo Nº 3 de dicha unidad militar.

«Siendo aproximadamente la hora 12:10, el suscrito recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray Curutchet, y al asomarme a la celda número tres, notó que la mencionada se encuentra arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima», relató Dalmao en ese expediente.

«Una vez dentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho al señor capitán ayudante, capitán Carlos C. Fernández», agregó Dalmao.

La versión oficial del suicidio de Sabalsagaray fue certificada con un informe del médico forense militar, José Mautone. Sin embargo, la autopsia psicológica dispuesta por la Sede consideró «altamente improbable» que la muerte «haya sido consecuencia de una conducta suicida».

La comparecencia de militares y civiles ante la Sede se concretará en febrero de 2010, tras el receso judicial de enero (Feria Judicial Mayor), indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

 

PEDIDO A DEFENSA

El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional identificar a todos los oficiales del S-2 en actividad en el Batallón de Transmiciones Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1), en la fecha de la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray. La solicitud se circunscribe dentro las pruebas requeridas por la Fiscalía para identificar a los militares con actividad en dicha unidad. Asimismo, el magistrado solicitó remitir el legajo personal de todos los oficiales.

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