Fiscal apeló resolución judicial que rechazó la extradición de ex agente

La fiscal Mirtha Guianze apeló la resolución del juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, por la cual se rechazó la extradición del ex agente de la SIDE Iván Velázquez hacia la República Argentina, por considerar que la imputación «no se inserta dentro de la hipótesis de delitos políticos» como aduce el magistrado.

La representante del Ministerio Público interpuso el recurso de «reposición y apelación», en el entendido que los delitos perseguidos por la Justicia argentina refieren a hipótesis de «delitos con fines comerciales y lucrativos», según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La Fiscalía estima que Velázquez «no atentó contra el orden político del Estado establecido ni contra el gobierno legalmente constituído», por lo cual la solicitud de extradición no debe concebirse como «un delito político», como refiere el magistrado, señalaron las fuentes.

«El delito político es el que ofende un interés político del Estado o un derecho político del Estado o un derecho político del ciudadano. Considero que hay delito político cuando los móviles del autor están determinados por un fin político», expresó Timbal en su sentencia. Asimismo, el magistrado estimó creíble la situación de peligro para la vida o integridad física del ex agente del SIDE en caso de retornar hacia Argentina.

La Justicia argentina solicitó la extradición de Velázquez, en el marco de un proceso por la interceptación de los correos electrónicos de connotados representantes políticos, autoridades del Poder Judicial y la farándula argentina, aunque podría ser juzgado por revelación de secretos políticos, militares concernientes a la seguridad nacional y/o a las relaciones exteriores del Estado argentino.

El ex agente de la SIDE fue procesado en dos oportunidades en Uruguay por la hoy jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti, actuando como subrogante de su anterior despacho en la órbita penal. La magistrada dispuso el primer procesamiento por un delito de «cohecho simple» y como coautor de un delito de «utilización de información privilegiada» por obtener información en la Dirección de Migraciones de forma fraudulenta.

Asimismo, semanas después Velázquez fue nuevamente procesado por un delito de «conocimiento fraudulento de documentos secretos», al comprobarse que extrajo información de archivos del Ministerio del Interior al «hackear» un programa de su creación, que había donado a la Jefatura de Montevideo para llevar un registro de armas.

La jueza Mariana Mota, dispuso tiempo atrás su excarcelación, pero Velázquez continuó detenido en atención de la requisitoria internacional. La resolución del juez Timbal implicó su «libertad condicional».

Sin embargo, la apelación interpuesta por Guianze implicaría su detención hasta la resolución de un Tribunal de Apelaciones, indicaron las fuentes.