Chevron y el genocidio cultural en Ecuador

Las huellas del paraíso están todavía visibles. Desde el aire, la región selvática del norte de Ecuador, conocida como el Oriente, parece un tapiz de niebla plateada y franjas de intenso verde.

Pero bajo el manto de nubes y el dosel de los árboles, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos.

Este paisaje de pesadilla es el legado de la corporación petrolera Texaco. Entre 1964 y 1990, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2.700 millas cuadradas de selva de la Amazonia ecuatoriana.

La empresa obtuvo aproximadamente 30.000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18.000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción -una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos- que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan.

En el proceso, Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas. A diferencia de las piscinas, estos hoyos fueron cavados sin revestir la tierra. No se colocó ningún material impermeable para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.

Yo había escuchado hablar durante años del «Chernobyl de Chevron en la Amazonia». Pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo durante mi visita de tres días a Ecuador.

Tuve en mis manos una libélula embadurnada de petróleo, que trataba de mover desesperadamente sus alas. Vi huellas de patas de cerdo en el barro al lado de inmundicias grasientas, donde los animales habían comido pasto contaminado, que pronto estará infectando a niñas, niños, mujeres, y hombres, que al comer carne de puerco terminarán consumiendo los desperdicios de Chevron.

Conocí a un hombre cuyos dos niños habían muerto después de nadar en el agua contaminada. Uno murió en menos de 24 horas. El otro se retorció en agonía durante seis meses.

Otro hombre tiene su vivienda ubicada sólo a unos metros de uno los pozos. Tiene diez hijos. Todos se han enfermado, algunos cubiertos de llagas. Sus gallinas y sus puercos murieron. Nada crece cerca de su casa.

Vi un pozo envenenado abandonado por Texaco en 1974, que nunca fue usado por otra compañía. Los ductos que salen de ese estanque contienen un líquido claro que fluye por ellos. Cuando acerqué el líquido a mi nariz, olía a gasolina. La cañería va directamente a un riachuelo cercano, que es la fuente principal de agua de consumo para la gente que vive en sus riberas.

Escuché historias aterradoras acerca del maltrato infligido por trabajadores de Texaco: mujeres violadas; chamanes llevados en helicóptero a alejadas cadenas de montañas para ver si lograban encontrar el camino para devolverse; indios a los que les dijeron que friccionarse petróleo en sus cabezas calvas les haría crecer cabello fuerte y largo; y camiones de la empresa que derramaron desechos de petróleo en las sendas donde la gente caminaba y sufría quemaduras causadas por la brea pegajosa expuesta a los calcinantes rayos del sol.

Este no es un asunto de sentimentalismo ecológico. Es un asunto de derechos humanos, de violaciones claras de los derechos de los indígenas ecuatorianos a la vida, la seguridad y la autodeterminación.

Cuando los petroleros de Texaco descendieron de sus helicópteros en la jungla a principios de la década de los 60, regalaron a los aborígenes pan, queso, platos y cucharas. Hasta hoy, esa es la única compensación que los grupos indígenas han recibido.

Nunca se les pidió permiso para que su tierra fuera horadada, antes de que los ejecutivos de Texaco negociaran un contrato con funcionarios del gobierno ecuatoriano.

Texaco sabía que había gente que podía morir por sus actividades, y la ignoró. De acuerdo con el último conteo, 1.400 niños, mujeres y hombres han muerto de enfermedades atribuidas directamente a la contaminación provocada por Texaco.

El índice de casos de cáncer en las comunidades afectadas por la actividad petrolera es 30 veces mayor que en cualquier otro lugar del país. Otros equipos médicos han documentado altas tasas de defectos congénitos, abortos, enfermedades de la piel y daños al sistema nervioso.

Dos grupos nómadas que habitaban la región, los tetetes y los sansahuari, han desaparecido. Lo que Texaco hizo podría calificarse penalmente como homicidio por negligencia.

Ahora, los grupos indígenas que quedan en el Oriente ecuatoriano -los cofán, siona, secoya, kichwa, y huaorani- han tomado en sus manos la lucha contra Chevron. Organizados a través del grupo de base Frente de Defensa de la Amazonia, están exigiendo, mediante una demanda colectiva sin precedentes, que Chevron arregle el daño que causó.

El proceso está en su año decimosexto. Chevron (cuya declaración de derechos humanos dice, «valoramos y respetamos la cultura y las tradiciones de las numerosas comunidades en las que trabajamos») ha alargado una y otra vez los procedimientos para que el litigio se demore indefinidamente.

La evidencia de la maldad de Texaco está a la vista de todo el mundo. El año pasado, un cabildero de Chevron -cuya identidad no fue revelada- fue citado diciendo que la lección para Ecuador es que «nosotros no podemos permitir que países pequeños hostiguen a compañías grandes como ésta, empresas que han hecho grandes inversiones en el mundo».

Como estadounidense, estoy horrorizada de que una corporación de nuestro país pueda tratar a personas inocentes con tal desprecio. Nosotros, consumidores, funcionarios elegidos, periodistas, activistas, y ciudadanos, debemos hacer que Chevron asuma la responsabilidad por sus acciones, y ver que se haga justicia.

Aquí en el Oriente, 45 años después de que Texaco taladró por primera vez el suelo y 16 años después de que los ecuatorianos empezaron su lucha por la justicia, las huellas del paraíso que todavía son visibles. No debemos permitir que desaparezcan.

* Kerry Kennedy, autora de Speak Truth to Power (Decir la Verdad al Poder) y fundadora del Centro de Derechos Humanos del Memorial Robert F. Kennedy. Excluida su publicación en Estados Unidos. Derechos exclusivos IPS.