"La esperanza de que un  día seremos más humanos"

«La pretensión de justicia, la construcción de memoria y la búsqueda de verdad, son puntos centrales a la hora de pensar otra sociedad posible desde una plena vigencia de derechos», afirma el informe anual del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay presentado ayer en el auditorio de la Facultad de Artes.

El amplio Informe 2009 sobre «Derechos Humanos en Uruguay» ­cuya tapa rinde homenaje a Mario Benedetti­ se divide en cuatro capítulos en los que se analizan los Derechos Civiles y Políticos, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Derechos Humanos de Colectivos Específicos, y los Derechos de los Pueblos, a la vez que integra un anexo legislativo.

El capítulo central sobre Derechos Civiles y Políticos plantea la situación de la impunidad en Uruguay, estudia el problema de la seguridad ciudadana y el sistema carcelario ­que incluye informes sobre visitas a las cárceles de Las Rosas en Maldonado y al Establecimiento Carcelario Cabildo­ y aspectos sobre la institucionalidad del Estado.

Respecto a la impunidad en Uruguay, el informe de Serpaj plantea los casos del destino del Penal de Punta de Rieles, la desaparición en Chile de la uruguaya Nelsa Gadea, el proceso de extradición desde Brasil a Argentina del coronel uruguayo Manuel Cordero, la situación de la Ley de Reparación Nº 18.596 y el estado de las causas judiciales sobre denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

 

«Más humanos»

En uno de los artículos, bajo el título de «Etica y DDHH antes y después del plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad» y con la firma del coordinador nacional de Serpaj, Mauro Tomasini, se destaca que tras el resultado del voto rosado se «debe seguir trasmitiendo el componente ético que constituye la defensa y promoción de los derechos humanos, a través del propio acto y ejercicio». «La imposibilidad de reconocimiento jurídico y social a las víctimas de terrorismo de Estado tiene su correlato en la imposibilidad de desconstruir estigmatizaciones e imaginarios sobre los diferentes, sobre los no-persona en el presente. Exigir que se cumplan los derechos humanos de los invisibilizados, es también un acto ético. Es decir, cuando nombramos a los reclusos y reclusas hacinados de nuestro sistema carcelario, a los menores privados de libertad con muchos de sus derechos conculcados, las mujeres que continúan siendo discriminadas, etc.».

«La abdicación en lograr cualquiera de estos objetivos, es claudicar en los aspectos más fundamentales de la democracia, sería como quitarle lo más sagrado ­como mencionaba Luis Pérez Aguirre­ que tiene la sociedad: «La esperanza de que un día seremos más humanos», se expresa.

 

Hacinamiento

Como en años anteriores, el informe vuelve a denunciar la situación carcelaria uruguaya y se subraya que no se pudo acceder a los centros de detención del Comcar, donde días antes de la visita prevista había muerto un recluso durante una riña, ni al Penal de Libertad, debido a «problemas administrativos y burocráticos de la Dirección Nacional de Cárceles». Respecto al establecimiento carcelario Las Rosas de Maldonado, visitado pocos días después del motín del 22 de octubre en el que se produjo la muerte de un detenido, se reiteran los problemas de sobrepoblación en una prisión para 150 personas poblada por 415 hombres y 31 mujeres.

«En un establecimiento donde la cifra de hacinamiento es altísima, con deterioro importante en las condiciones edilicias, carencia de servicios adecuados para los reclusos y las reclusas, con escaso personal capacitado, las relaciones, conductas y demandas se construyen bajo una lógica de arbitrariedad y discrecionalidad sistemática», se afirma.

Sobre la cárcel de mujeres de Cabildo, donde se destacan mejoras en aspectos de salud y educación, también se señala la existencia de una sobrepoblación (378 reclusas sobre 150 plazas), y se advierte que el 48% de las mujeres recluidas están procesadas por violaciones en las leyes de estupefacientes.

 

Luces y sombras

En el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, se plantea la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo ambiental, se destacan las normas sobre trabajadores rurales y domésticas, como aspectos de la libertad de expresión y la asignación de la publicidad oficial.

También se plantean avances y desafíos en los derechos sexuales y reproductivos, luces y sombras en el derecho a la salud, las implicancias del nuevos sistema de asignaciones familiares, a la vez que se destacan los programas educativos Plan Ceibal y Flor de Ceibo, para la solución de problemas de equidad. El informe también incluye un trabajo en relación a «mitos del discurso conservador sobre los jóvenes en conflicto con la ley» y un estudio del Comité de Derechos del Niño respecto a las condiciones de encierro, problemas estructurales y recomendaciones ante la situación de adolescentes privados de libertad. Finalmente se incluye un informe de Efraín Olivera, fundador de Serpaj, sobre el golpe de Estado en Honduras, país que visitó en el marco de una misión internacional de observación sobre los derechos humanos, en representación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.