Investigadora no presentaría informe final

Por motivos que se procuran conocer, el país se quedará sin conocer las conclusiones a las que seguramente arribó un organismo investigador legislativo creado en el 2005, integrado por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que estuvo sesionando semana a semana durante todos los años siguientes y que, precisamente en este mes de diciembre, cumple cuatro años de ardua labor.

Se trata de la Comisión Investigadora sobre la Legalidad, Oportunidad y Conveniencia de los gastos realizados en el período 1º de marzo del 2000 y 1º de marzo de 2005 por determinados entes autónomos y servicios descentralizados.

Esta comisión dejó de trabajar algunas semanas antes de las pasadas elecciones internas. Desde diciembre del año 2005 sesionó todos los jueves de cada semana. En octubre de este año, los integrantes de la Comisión deberían haber presentado su informe final sobre lo analizado en los últimos cuatro años, pero pidieron más tiempo para ello y se les fue concedido. La promesa era que debían finiquitar el trámite a principios de diciembre, cosa que no ocurrió.

Cada partido político y su representante en la Comisión Investigadora tienen la obligación de presentar ante sus pares legisladores un informe detallado acerca de la conclusión arribada.

Por la Comisión desfilaron la mayoría de los ex jerarcas y directores de los entes investigados: OSE, Banco Hipotecario, Antel, UTE. Quedaron en el tintero las convocatorias de los responsables que se desempeñaron en el Banco de Seguros, en el Banco República y en el Correo durante el anterior gobierno. No hubo tiempo para llegar a hincarle el diente a la gestión de esas entidades.

Todos se defendieron en su labor y no hubo margen para remitir algún caso a la Justicia, aunque sí se develaron acciones llamativas y de dudosa legalidad como, por ejemplo, la colocación de publicidad oficial en clubes deportivos de menguada incidencia pública, en puestos de verduras o en asociaciones de vecinos.

A raíz de lo investigado en esta Comisión parlamentaria fue que sobrevino aquél episodio en el que se gestionaron los pedidos de desafuero ­por las condiciones de ex jerarcas de OSE­ del diputado herrerista por San José Alberto Casas y del intento de hacerlo con el senador quincista Juan Justo Amaro. Sobre este último, finalmente esa iniciativa nunca se cristalizó.

Aquellos intentos de desaforar legisladores generaron algunos coletazos memorables. Casas dejó entrever que quienes lo acusaban de irregularidades pasadas tenían, para él, actitudes íntimas reñidas con la moral. Había acusado de homosexual al secretario general de OSE, Daoíz Uriarte y de ser víctima de un «complot rosa» en su contra para intentar defenderse de las denuncias de corrupción que pesan sobre su gestión durante el gobierno de Jorge Batlle.