Tras las rejas, gente en obras

El Ministerio del Interior habilitó entre marzo de 2005 y abril de 2009 casi dos mil plazas nuevas en distintos celdarios del país.

Entre ellos se encuentra: el nuevo celdario del Penal de Libertad, la nueva Cárcel de Canelones y el nuevo establecimiento de Juan Soler en San José. También durante la actual administración se incrementaron las plazas con chacras, una práctica penitenciaria que funciona en 16 de los 19 departamentos.

El gasto en construcción de establecimientos carcelarios aumentó notoriamente durante la actual gestión si se lo compara con anteriores períodos. Por ejemplo, en el período del Dr. Julio María Sanguinetti (1995-1999) se ejecutaron 2 millones de pesos y en el anterior gobierno liderado por Luis Alberto Lacalle (1990-1994) se ejecutaron 34 millones de pesos.

La responsable del Area de Arquitectura del ministerio del Interior, Noralí Duhalde y la asesora en Materia Penitenciaria, María Noel Rodríguez explicaron las características de las nuevas obras y su actual estado de construcción a LA REPUBLICA.

Las técnicas informaron que en total el país contará con dos cárceles nuevas, una en Rivera que lleva el 50% de avance en su obra y la otra en la capital, la conocida cárcel Punta de Rieles. Pero será la ubicada en el litoral del país, en Cerro Carancho más precisamente, la única obra que sea construida desde cero. Lo que conlleva a un diseño pensado por un equipo interdisciplinario del ministerio del Interior. «Es la única obra que comienza de cero y la misma ha sido trabajada con una filosofía con respeto a los derechos humanos, a la educación, al personal y a la inserción en la zona», destacó Rodríguez.

Rivera tendrá una capacidad para 422 internos. La misma albergará a presos de su departamento y podrá brindar apoyo a cárceles cercanas como las de Artigas y Tacuarembó.

Sus celdarios se dividirán por plantas en cuatro niveles; todas las camas, los bancos, las mesas serán de hormigón así como el resto de todo el edificio, los colchones serán ignífugos. La empresa constructora es Stiler SA y el monto de la inversión es de 228.077.744 pesos uruguayos.

Su construcción está diseñada en torno a una calle vehicular central, que va desde el acceso al edificio del celdario. A través de dicha circulación se van desarrollando las edificaciones de servicios de apoyo. Este establecimiento estará delimitado por un doble cerco perimetral de seguridad, que contará con iluminación, caminería vehicular de ronda pavimentada y torretas de vigilancia con servicios higiénicos. Los celdarios estarán divididos en 4 niveles de 1, 3, y 5 internos, con servicios de aula/taller para actividades educacionales y recreativas. Tendrá una cocina general, y comedores en planta baja. Además, en cada nivel existirá un sector de guardia policial permanente y corredor perimetral de ronda. Todos los sectores tendrán acceso a los patios abiertos.

La nueva cárcel, que estará ubicada en la zona rural de Rivera, también dispondrá de salón de visitas con patio abierto, salas de visitas íntimas, locutorios, una enfermería con área de internación y consultorio médico, así como un sector de admisión y tránsito de internos más oficinas de administración y un centro general de control con video vigilancia incluido.

La inversión y la nueva obra trae a las autoridades esperanzas de mejor comportamiento en la población carcelaria. La asesora Rodríguez explicó la necesidad de comenzar a rescatar los valores y hábitos que una persona no debe perder, o recuperar, en situación de privación de libertad.

Ejemplificó con la innovación de que el nuevo establecimiento en Rivera tendrá comedor donde los presos serán llamados para el almuerzo y demás comidas a sus correspondientes horas. «Que una persona privada de su libertad pueda comer en una mesa es fundamental. Sólo puede comer adentro de un tapper, en una celda con siete personas más. Pero para revertir esto se debe dar ese tipo de estructuras y es la posibilidad que se va a brindar en la nueva cárcel de Rivera».

 

Punta de Rieles

En los próximos días comenzarán las obras en la nueva cárcel de Punta de Rieles, donde serán albergados los condenados, presos con salida transitoria y un bloque de ex policías y militares. La misma tendrá una capacidad para 600 plazas.

La obra en Punta de Rieles estará culminada a mediados de 2010, según informaron las técnicas a este diario. Dicho tiempo está dividido en tres etapas, cada una con plazo de finalización y entrega. La primer etapa deberá ser entregada en cuatro meses luego de su inicio. La segunda etapa en dos meses más y la tercer etapa de la obra también dispondrá de dos meses para su fin.

Este edificio, que albergó en otra época a las presas políticas, será acondicionado por barracas, que serán subdividas para que puedan ser ocupadas por hasta cuatro internos. En este sitio también los presos tendrán la posibilidad de acceder al trabajo en la tierra, a talleres, lugares para visitas y servicios conyugales al igual que en el resto de las obras de ampliación.

Es de destacar que cada una de las construcciones cuenta con espacios para la guardia penitenciaria, claramente delimitados y pensando en la salud ocupacional de los funcionarios.

Tendrán lugar para comer, para dormir, servicios higiénicos, «viejos reclamos históricos de las guardias penitenciarias que han sido desatendidas», señaló Rodríguez.

 

Para disminuir el hacinamiento, racionalizar el uso de la pena

Según la experta en temas carcelarios del ministerio del Interior, María Noel Rodríguez, el problema más serio que enfrenta hoy el sistema penitenciario nacional es el altísimo grado de hacinamiento que existe en ellas.

«Prácticamente», comentó la asesora del ministro Jorge Bruni, «todos los problemas que presenta el sistema son consecuencias del hacinamiento, problemas de salud, falta de trabajo, educación, la violencia intra carcelaria, por ejemplo.

«Hoy sesenta por ciento de las personas que están procesadas no tiene condena; es una cifra muy alta y esa gente no debería estar presa salvo excepciones», dijo.

La asesora en cárceles criticó la permanencia del Código Penal de nuestro país donde se prioriza en forma «excesiva» la protección de la propiedad en desmedro de otros valores y bienes jurídicos. «Es difícil explicar que un copamiento, que es una rapiña con privación de libertad, tiene una pena mínima de ocho años y una violación tiene una pena mínima de dos años. La mínima de un homicidio simple son veinte meses», señaló.

Cabe recordar que fue en abril de este año cuando el ministerio culminó las gestiones e inició una nueva fase con un plan denominado a la interna «Plan de Descongestión (para terminar con la descongestión)». Dicho plan había sido aprobado por la anterior jerarca del Interior Daisy Tourné, pero demorado por trámites burocráticos del Estado para su respectiva aprobación; se demoró y coincidió con la visita del relator contra la Tortura de la ONU, Manfred Novak en nuestro país.

Si bien nada de lo que el relator planteó en ese momento era una realidad que el ministerio no conociera, la visita de Novak aceleró determinados procesos.

La actual administración recibió un sistema penitenciario con una densidad penitenciaria de 181 presos cada 100. Actualmente, la tasa es de 130 cada 100 internos. Un dato que todavía sigue siendo preocupante, tanto a nivel nacional como internacional, explicó Rodríguez.

Esa baja densidad señalada, explicó la asesora, se da en paralelo con el aumento de la tasa de priorización (el número de personas presas cada cien mil habitantes) y Uruguay pasa a tener una tasa de 255 personas presas cada 100 mil habitantes. «Una tasa extremadamente alta y que nos coloca en una situación de vergüenza a nivel internacional», expresó al reflexionar sobre la situación.

Para Rodríguez y Duhalde la respuesta se encuentra en el «uso
desmedido y abusivo de la pena privativa de libertad como única medida penal».

Rodríguez enfatizó en que «la racionalización en el uso de la pena privativa de libertad no es un tema que lo vaya a resolver el ministerio a través de la construcción de nuevas cárceles ni plazas sino que se resuelve con un rediseño de la política penitenciaria y criminal desde una perspectiva de derechos humanos», dijo. La asesora sostiene que se debe procurar un uso de la prisión en forma restrictiva y en los casos que efectivamente amerite hacerlo.

En diálogo con LA REPUBLICA dijo que la situación del sistema penitenciario no es sólo una «preocupación» sino una «ocupación» de la actual administración de gobierno y que tal hecho quedó manifestado cuando, el 1º de marzo, el presidente de la República declaró la emergencia humanitaria en el sistema carcelario».

Recordó en ese sentido que la primera fase planteada por las autoridades en ese momento consistió y «consiste» ­aclaró­, en la superación de la emergencia humanitaria, la cual aún no ha sido levantada ya que la situación sigue siendo muy crítica, pero que en todo este tiempo se han dado pasos importantes. Una segunda consiste en la unificación del sistema penitenciario ya que Uruguay, a pesar de ser un Estado no federal, funciona como tal, porque cada Jefatura de Policía tiene su propio establecimiento de reclusión. La tercera fase que «no se ha podido alcanzar» es retirar de la órbita policial al sistema penitenciario, un tema que tiene consensos en todos los partidos políticos pero que no es sencillo, reparó. «No es tan fácil cambiar la chapa de la dirección Nacional de Cárceles implica todo un proceso de transformación».