Rocha afronta un millonario reclamo por deuda de Riet

El mecanismo utilizado para cobrar fue varias veces cuestionado por el Tribunal de Cuentas; sumado a la documentación presentada como prueba de los gastos, generó serias dudas en varios ediles oficialistas.

La semana anterior llegó al despacho del intendente Artigas Barrios un cedulón judicial intimando al pago, mientras que la Junta y la Intendencia Municipal de Rocha (IMR) analizan decenas de declaraciones juradas presentadas por los demandantes.

El reclamo global ascendería a 17.400 litros de nafta Eco Supra, en total, y 696 Unidades Reajustables por cada uno de los ediles reclamantes, a lo largo de 58 meses.

Los integrantes del legislativo comunal del período anterior sólo recibieron los duodécimos del presupuesto de la Junta correspondientes a 15 días del mes de julio, desde que asume Irineu Riet Correa hasta que se termina el mes de su asunción en 2000.

La Junta Departamental de Rocha, que ya contaba con antecedentes de discusiones sobre el mecanismo para cobrar los gastos de los ediles, acordó por una mayoría de sus integrantes suscribir declaraciones juradas que decían lo que habían gastado. En forma paralela acordaron que los ediles ­por concepto de gastos­ percibirían un máximo de 12 Unidades Reajustables y el valor de 300 litros de nafta Eco Supra.

En ese momento la Junta estaba integrada por 16 ediles nacionalistas, 11 colorados y cuatro del Frente Amplio. La bancada de izquierda y un edil blanco (Alberto Olivera) no aceptaron ese mecanismo de reintegro de gastos y no presentaron ninguna declaración jurada. El documento que la Junta les aceptó tenía por objetivo justificar el gasto pero además documentar una deuda que se incorporaría al pasivo de la Junta finalizado cada ejercicio ya que era seguro que, como ocurrió, no cobraran en tiempo y forma.

En el actual período de gobierno los ediles de la oposición plantearon seguir con el mismo régimen de funcionamiento en cuanto al reintegro de gastos, planteo que no fue aceptado por el presidente de entonces, Darcy de los Santos (PS), quien entendía que «no ofrece las garantías de controles y además no cuenta con el aval del TCR». De los Santos recordó a LA REPUBLICA que durante su presidencia hubo ediles herreristas que en más de una oportunidad le solicitaron el estado de cuenta relativo a la deuda que tenía la Junta con ellos.

De los Santos fue sucedido en la Presidencia por Mary Núñez (MPP), quien fue más dura en sus apreciaciones al ser consultada en las últimas horas: «No pagué porque lo considero una inmoralidad», señaló la curul aludiendo a la forma en que se presentaron las declaraciones.

Relató la edila que «hay una declaración que fue presentada un 29 de febrero justo cuando no se trataba de un año bisiesto» y que «en varios casos la fecha de presentación de la declaración jurada corresponde con un sábado o domingo», preguntándose la fuente: «¿Cómo hicieron para presentar un documento cuando el edificio está cerrado y no hay funcionarios trabajando?».

Mientras tanto Nadina Fernández (PS), actual presidenta de la Junta de Rocha, dijo a este corresponsal que el viernes pasado estuvo trabajando toda la tarde reuniendo documentación sobre ese tema para enviársela a la IMR.

Ante la duda de por qué llegó el documento judicial a la Intendencia y no a la Junta Departamental, siendo que la deuda fue generada por este último organismo, fuentes consultadas señalaron que los demandantes valoran que quien les debe es el gobierno departamental (Intendencia y Junta) y el titular del mismo es el intendente municipal. Este último, al consultársele sobre este hecho dijo que estaba reuniendo información para pronunciarse sobre el punto posteriormente.

 

Reintegro de gastos

«El sistema de declaraciones juradas es mucho más justo ya que cada edil se hace cargo y es responsable por lo que hace en el cumplimiento de su función», comentó a este corresponsal el herrerista Silvio Cardoso. El edil más antiguo del país (por la cantidad de períodos consecutivos en el cargo, únicamente interrumpidos por la dictadura) señala que anteriormente se pagaba contra boleta «pero no había controles ni topes», recordando situaciones en las cuales ediles hacían las compras personales del almacén o la panadería y pedían una boleta que luego presentaban en la Junta como gastos en cumplimiento de sus funciones.