Abogado justificó actitud del ex intendente Carmelo Vidalín

El planteo de los ediles del Frente Amplio (FA) ante la Justicia atiende a lo que se considera un desvío de fondos de parte del Comité Departamental de Emergencia al hacer uso irregular de los dineros aportados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), unos 2.350.000 pesos, para enfrentar los daños de las inundaciones.

La denuncia, tramitada actualmente por la jueza María Constanza Farfalla, se presentó en el entendido de que los fondos debían utilizarse únicamente para la reparación de viviendas de la zona de inundación extraordinaria de 2007; que se debía rendir cuentas cada tres meses; que el dinero utilizado para la compra de materiales duplicaría los precios de lista; y que no todas las familias ayudadas estarían incluidas en la zona antes mencionada.

Sin embargo, el doctor Gustavo Bordes, representante de Vidalín ­quien ayer no se presentó al juicio­ en el proceso judicial, aseguró que durante la última audiencia quedó «meridianamente claro que el objeto del convenio abarcaba cualquier solución que implicara abordar la problemática habitacional de los inundados». En dicho marco ingresaban tanto las refacciones realizadas como el pago de los arrendamientos a familias en espera de una solución habitacional definitiva, consideró el profesional.

«El gran pilar de la denuncia era que el convenio firmado entre la Intendencia y el Mvotma no tenía en su objeto cubrir alquileres transitorios de los inundados», pero informes de la propia secretaría de Estado de mayo y junio de 2007 «preveían buscarle viviendas o soluciones definitivas (a los afectados), pero en el ínterin cubrir la situación con albergues transitorios», estimó el abogado.

Asimismo, Bordes señaló que de la audiencia del pasado lunes surge que la adquisición de materiales se realizó tras una licitación y que a los beneficiarios se les entregó una orden con la que ellos mismos retiraban los elementos necesarios de una de las barracas adjudicatarias.

Respecto a la cota que fijaba la zona de inundación extraordinaria, el abogado de Vidalín manifestó que la misma se estableció de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Aguas y no sobre un decreto de la Junta Departamental que se elaboró para legislar sobre construcciones en zonas próximas a las riberas del río Yi.

Finalmente, Bordes aseguró que no se rindió cuentas cada tres meses como estaba previsto por cuanto si bien el Mvotma y la Intendencia habían acordado que se llevará adelante una junta de técnicos para determinar las familias beneficiarias, los profesionales nunca llegaron a reunirse.

En este sentido, el abogado consideró que los ediles denunciantes «carecen de información fidedigna y caen en errores», y cuestionó la denuncia puesto que ni el informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) ni el propio Mvotma cuestionaron «el gasto de dinero».

«¿Por qué la bancada de ediles del FA presenta una denuncia penal cuando no lo ha hecho el propio Mvotma?», se interrogó Bordes. Ante esto, «Vidalín tiene todo el derecho a pensar que con las denuncias se busca perjudicarlo políticamente», culminó el abogado.