Nuevo informe crítico de EEUU

En el documento, de quince carillas, al que accedió LA REPUBLICA, se hace especial hincapié en el reclamo de los familiares de los detenidos desaparecidos. También menciona el asesinato nunca aclarado del agente chileno de la DINA, Eugenio Berríos, y se insiste en plantear la existencia en Uruguay de casos de abuso policial y discriminación racial y sexual.

El informe completo incluye una evaluación del gobierno de los EEUU sobre la evolución de los derechos humanos en el resto del mundo y un análisis global sobre la democracia, en particular en Latinoamérica (ver más información en pág. 23).

Desobediencia

En el capítulo sobre Uruguay referido a las desapariciones forzadas se plantea que «el gobierno continúa sin obedecer una norma de 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reafirmada en octubre de 1997, que concluye que la Ley de Amnistía de 1986 era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y que recomienda investigar las desapariciones y compensar a las familias de las víctimas. Aunque la Ley de Amnistía obliga a investigar el caso de los detenidos-desaparecidos, las tres administraciones desde el retorno de la democracia se han rehusado a abrir investigaciones oficiales. La única excepción fue una consulta no pública conducida por un fiscal militar que no reveló nada», agrega el informe. Ante la falta de respuesta del gobierno algunas personas han buscado justicia en cortes extranjeras, agrega. En ese sentido, el documento cita el caso de Sara Méndez, quien en marzo pasado inició una demanda ante una corte argentina, acusando formalmente a cinco miembros actuales del Ejército uruguayo por el secuestro en 1976 de su hijo de su casa de Buenos Aires. A eso se suma otro caso en junio, cuando «los parientes de ocho italianos-uruguayos que desaparecieron iniciaron cargos en una corte italiana contra cuatro miembros del Ejército y un oficial policial».

El documento recuerda que en 1986 «la Ley de Amnistía perdonó a los autores de asesinatos extrajudiciales, tortura y otros abusos cometidos en los doce años de dictadura militar». Sin embargo, los reclamos a nivel de la justicia civil prosiguieron. En dos juicios de 1998, agrega el informe, el juez ordenó al gobierno pagar un total de 1.4 millones en compensación a las familias de un grupo de víctimas de la tortura y, en algunos casos, de ejecuciones extrajudiciales. La apelación del gobierno en estos casos está pendiente».

En otra sección del documento se incluye otra vez el caso del asesinato del químico y agente de Inteligencia chileno Eugenio Berríos, cometido en 1992, cuya investigación judicial «permanece cerrada». El informe expresa que Berríos «había sido citado para testificar en Chile respecto al asesinato del canciller Orlando Letelier. Ingresó a Uruguay bajo la protección de una custodia militar y su cuerpo fue descubierto en 1995 después de haber sido visto vivo por última vez bajo custodia militar en 1992″.

Recuerda además que «en marzo el juez en el caso se negó a entregar los archivos del caso a las autoridades judiciales chilenas, que lo habían solicitado» que incluía grabaciones telefónicas efectuadas por la víctima poco antes de su muerte.

Procesamiento policial

Otro reclamo del gobierno norteamericano se refiere a los «abusos» cometidos por funcionarios policiales que «en ocasiones resultan en confesiones forzadas». En este sentido, el informe cita que en agosto, «veinte oficiales policiales fueron procesados por crímenes que fueron desde abuso de autoridad a robo bancario y asesinato. Un estudio del Ministerio del Interior reportó que 179 oficiales han sido investigados o presos y que 117 de esos casos fueron separados del ejercicio de su trabajo».

Aunque aseguran que no hay «amenaza para la vida», los técnicos afirman que «las condiciones en las cárceles y los centros de detención juvenil para los 3.700 prisioneros se mantienen pobres».

En 1997 una comisión legislativa de derechos humanos presentó un reporte que criticó «el uso excesivo de la fuerza y el abuso de autoridad» por los guardias de prisión y los oficiales y estableció que los estándares de salud en el sistema de prisiones son «inaceptables». El informe explica que este reporte «refleja el trabajo de una comisión previa que en 1996 publicó un reporte acerca de la superpoblación carcelaria, falta de un equipo entrenado, corrupción y violencia sicológica. De acuerdo con los reportes de prensa y un estudio conducido por Serpaj, los internos HIV positivos algunas veces reciben tratamiento médico inadecuado».

Agregan que los funcionarios policiales «algunas veces» cometen abusos de los derechos humanos. Sin embargo, aclaran que el gobierno «generalmente» respeta los derechos humanos de sus ciudadanos y la ley y la justicia «generalmente» proveen de caminos efectivos para solucionar los casos de abuso individual. A pesar de eso identifican «problemas en algunas áreas, principalmente instancias de abuso policial y destrato a los detenidos, condiciones de pobreza en las cárceles y demoras en el sistema judicial. Los casos algunas veces demoran varios años, resultando en largas detenciones preventivas». Como caso específico, plantea el caso del recluso abatido por guardias militares al ignorar la voz de alto cuando intentaba fugar del Comcar.