Comisión de Legislación recibió a funcionarios sumariados del BPS

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes recibió en la tarde de ayer a los funcionarios del Instituto Nacional de Carnes, a los once empleados sumariados del Banco de Previsión Social (BPS), y a una delegación de la Asociación de trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).

La diputada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), y vicepresidenta de la comisión indicó que la delegación en representación de ATSS «tomó la situación de los empleados sumariados del BPS y el convenio colectivo que caducó en agosto de 2000, y la imposibilidad de renegociación del nuevo convenio hasta la fecha».

Asimismo, el sindicato entiende que con el Nuevo Reglamento de Responsabilidad Administrativa «del que el 50 por ciento de los funcionarios no están notificados pero que se está aplicando, se intenta violentar los derechos sindicales».

La legisladora indicó que el Directorio del BPS presentó una propuesta de reglamentación de las horas de licencia para los integrantes del sindicato.

«En principio el gremio contaba con 7 mil horas mensuales promedialmente, pero como se utilizaban 1.600 horas, el Directorio propuso rebajarlas, y determinó que sólo se puedan tomar mensualmente 2.600 horas restringidas a los 17 titulares de la directiva del gremio y no a los componentes de las comisiones», indicó. Para la parlamentaria, con esa iniciativa se produce una situación «tan absurda que alguien que quisiera trabajar de mañana y en la tarde hacer uso de su licencia gremial, no lo va a poder hacer».

Por otro lado, Castro informó que en relación a la propuesta de destitución de diez de los once funcionarios, el planteo del sindicato se centró en que «para la instrucción sumarial «no se contó con las garantías del debido proceso, en tanto la persona que lleva adelante la investigación administrativa no era profesional, y además en el momento que comienza la investigación tampoco era funcionaria del organismo ya que posteriormente fue contratada y luego presupuestada.

La comisión parlamentaria también recibió ayer a funcionarios del Instituto Nacional de Carnes, «institución pública no Estatal, a la cual con la reestructura se le planteó un recorte del 40 por ciento de la plantilla de funcionarios, cerca de 60 personas».

Si bien la dirección del instituto ha propuesto un plan de incentivo, «el mismo es considerado coercitivo por el sindicato porque entienden que en realidad es una compensación por despido abusivo».