SCJ emitirá acordada para explicar efectos

En setiembre pasado, el Parlamento había dado sanción a la Ley Nº18.572, más conocida como de Abreviación de los juicios laborales, que apunta a corregir situaciones injustas para el trabajador, debidas a la demora excesiva de los trámites pertinentes. Sin embargo, incluso antes de que empezara a aplicarse la nueva norma, jueces, fiscales y abogados advirtieron las dificultades funcionales que esta ley traería aparejadas. La puesta en funcionamiento de la reforma procesal laboral requiere, como cuestión imprescindible y previa, la implementación de una serie de medidas tendientes a compatibilizar las nuevas estructuras procesales con los medios humanos, financieros, técnicos y logísticos.

En virtud de ello, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de un solo artículo que prorrogaba la entrada en vigencia de esta ley. Ahora bien, dado que mientras que se estudiaba el tema en la Comisión, llegó la fecha de entrada en vigor y el Senado hubo de corregir el texto original trocándolo por otro por el que se suspende la entrada en vigencia de la ley (y no se prorroga ya que la ley estaba vigente) hasta el 31 de enero próximo.

Ha surgido una inquietud que desvela a jueces, fiscales y abogados laboralistas y que se resume en la pregunta siguiente: ¿Qué pasa con los juicios laborales iniciados durante el breve lapso en que la ley estuvo vigente? Es, sin dudarlo, una situación insólita.

Consultado por LA REPUBLICA, el senador Víctor Vaillant (E 609) reconoció el problema planteado, explicando que él mismo se había puesto en contacto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Larrieux, para conocer la opinión del máximo tribunal al respecto. En su respuesta a la inquietud planteada por Vaillant, el doctor Larrieux expresó que la corporación no tenía una opinión formada sobre el asunto, que debía reunirse para tratar el tema y que probablemente enviaría una acordada a los jueces una vez que se llegara a una solución.

Mientras tanto, los juicios laborales iniciados en aplicación de la ley cuya vigencia está en suspenso se hallan paralizados.