La opinión del Tribunal de Cuentas

El 1º de junio la Junta Departamental de San José aprueba solicitar la opinión del Tribunal de Cuentas (TCR) sobre «legalidad y oportunidad de las donaciones de balasto realizadas por la Intendencia Municipal de San José».

«No compete al Tribunal de Cuentas expedirse acerca de la oportunidad de donaciones de balasto realizadas por la Intendencia Municipal de San José, por cuanto su intervención está referida a la legalidad y no al mérito u oportunidad».

La Ley Orgánica Municipal establece que a las intendencias municipales les compete organizar y cuidar la vialidad pública y el mismo texto legal dispone que es competencia del intendente «propender a la prosperidad del departamento, estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomento, cooperando a las iniciativas en la forma que considere más eficaz».

Con este fundamento, los ministros blancos y colorados del TCR dictaminaron: «No se advierte que la Intendencia hubiera actuado en contravención a la norma en cuanto a las donaciones de balasto en el marco de lo que se entiende por propender al desarrollo del departamento y de que los materiales se usaron para mejorar vías de comunicación con lo que se benefició a la producción del departamento, así como también benefició a instituciones de enseñanza, especialmente en el medio rural y a otras instituciones de interés social».

Fuentes del TCR confirmaron a LA REPUBLICA que los ministros Dr. Oscar Grecco y Cr. Ariel Álvarez votaron en forma negativa.

De los 5303 viajes de balasto donados por la Intendencia (según su propia información), 3 fueron a escuelas. De los 5300 restantes, no llegan a 200 los que tienen como destino instituciones de interés social.

5000 viajes de balasto tienen un valor de mercado aproximado a los $ 5:000.000, más el flete.

El estudio de la «legalidad» tendría que considerar también la falta de habilitación de la cantera durante un largo tiempo.

La falta de contrato nunca fue informada al TCR.

La demora en tramitar el expediente, contrasta con otros casos en los que se ha sido extremadamente diligente.

El primer informe de jurídica habría sido revisado y recortado. La resolución habría sido postergada dos veces por solicitud de un ministro herrerista. La resolución ya tomada por mayoría, dormitó en los cajones de la secretaría.