Reacciones ante histórico fallo

«Declárense inconstitucionales e inaplicables en el caso concreto (el homicidio de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray) los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848″.

La resolución de la SCJ era largamente esperada y la firma por parte de los cinco ministros, por unanimidad, de la declaración de inconstitucionalidad generó «gran satisfacción» en personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, la abogada querellante en varias causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, Hebe Martínez Burlé, dijo que se siente «orgullosa» del fallo de la SCJ porque se «tomó la posición correcta, la que debió haberse tomado hace muchísimos años, pues esta ley desde el momento en que nació fue inconstitucional, porque violentaba la Constitución, empezando por la separación de poderes», además de contravenir «todos los tratados internacionales firmados por Uruguay desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha». «El Uruguay como país democrático y abanderado de la solidaridad, acompañó a la comunidad internacional en condenar todos los delitos de lesa humanidad y todos los genocidios; por lo tanto, entiendo que hoy se está haciendo justicia real, justicia con mayúsculas», sostuvo la abogada en diálogo con LA REPUBLICA.

Sin embargo, Martínez Burlé tiene confianza en que el caso de Sabalsagaray sea el último pedido de inconstitucionalidad, porque espera que el domingo la ley sea definitivamente anulada por la ciudadanía.

Asimismo, la abogada destacó la importancia de que haya existido «coincidencia absoluta» de los cinco ministros de la SCJ, quienes adoptaron la resolución por unanimidad.

 

«Obstáculo jurídico»

El abogado José Luis González, en tanto, recibió con «satisfacción» la resolución de la SCJ porque significa «reconocer (aquello por) lo que muchas instituciones y mucha gente viene abogando desde hace muchos, muchos años».

«Es la posibilidad de que se investigue el caso de Nibia Sabalsagaray, pero abre la posibilidad de que otros casos se puedan plantear ante la Corte y de esa manera, por la jurisprudencia que se formó, también se declare su inconstitucionalidad», dijo González.

La declaración de inconstitucionalidad «permite destrabar un obstáculo jurídico que estuvo, y que todavía está, desde hace muchísimos años», pero el fallo de la SCJ «no significa en modo alguno declarar la nulidad de la ley». «La diferencia está planteada en que las declaraciones de inconstitucionalidad las adopta la SCJ y la nulidad la hace el cuerpo electivo».

«Si no se anula la ley el próximo domingo, continuará vigente», expresó el abogado.

 

«Reconfortante»

El abogado Guillermo Payssé, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), consideró «reconfortante» el fallo de la SCJ, porque ahora sí los integrantes de la Corte han hecho un análisis «estrictamente jurídico» del tema, al tiempo que recordó «especialmente» a los dos ministros de la SCJ, Jacinta Balbela y Nelson García Otero, que en 1988 emitieron los votos en minoría en el fallo por el cual se declaró la constitucionalidad de la ley, tres votos a dos.

«Nosotros siempre consideramos que desde el punto de vista jurídico, y no tomando en consideración situaciones políticas, esta ley era inconstitucional», siendo el elemento más «grosero y chocante» la obligatoriedad de que «en una democracia, un poder independiente como es el Poder Judicial, tenga que consultar al Poder Ejecutivo» para determinar los casos que están comprendidos por la ley, expresó Payssé. «Teniendo en cuenta que esta sentencia es para un caso concreto, esperemos que el domingo se termine definitivamente de solucionar este problema de tener una ley de estas características en el ordenamiento jurídico uruguayo».

En este sentido, el abogado entiende que el fallo de la Corte es importante para que la población muestre interés en informarse sobre el tema del plebiscito del domingo 25. «Esto viene muy bien», comentó el profesional.

Por su parte, la integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Amalia González consideró que la resolución de la SCJ es el «puntapié inicial» para resolver el resto de los casos.

«Son 30 años de lucha y tenemos esperanzas de que en el futuro, para los demás casos se resuelva lo mismo», sostuvo González a LA REPUBLICA.

De todos modos, dijo que espera que este domingo la ciudadanía decida la anulación de la Ley de Caducidad, norma que calificó como «una vergüenza para el país».