En Durazno, con el agua al cuello

La denuncia penal, previa investigación administrativa, fue presentada por el presidente Tabaré Vázquez.

Este expediente en el cual están involucrados JP Rodríguez, director de finanzas de la Intendencia de Durazno y José Domingo Rielli, actual director de Promoción Social, y que también recae sobre el ex Intendente Carmelo Vidalín, superior de ambos jerarcas, tiene sus orígenes en un aparente mal manejo municipal de la ayuda recibida. Este juicio que en sus orígenes surgió como una carta-denuncia de 700 perjudicados por las inundaciones que le enviaron a Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia de la República y presidente del Comité Nacional de Emergencia, alertándole que aún siguen sin obtener solución a sus problemas y poniendo el acento en que la Intendencia de Durazno tiene gran parte de responsabilidad, ayer volvió a concitar la atención de los medios de comunicación en Durazno y fue repetido por algún medio montevideano, señalando que la jueza actuante había dispuesto el levantamiento del secreto bancario para los tres indagados.

LA REPUBLICA consultó con fuentes judiciales, que explicaron que esa medida no se había tomado y que aún seguían declarando funcionarios de la División de Promoción Social ya que la doctora Farfalla entendía que debía continuar con la etapa de acumulación de declaraciones de los numerosos involucrados.

Jorge Vázquez, con el aval del Presidente de la República, dispuso la iniciación de una investigación administrativa. Por este mecanismo se pudo corroborar que de los 60.000 dólares donados por Presidencia de la República en 2007, hasta el día de hoy no se ha recibido ninguna Rendición de Cuentas a pesar que, reiteradamente, se les ha estado pidiendo e intimando a que envíen los recibos que acrediten en qué se gastó ese dinero. La Comisión que investigó administrativamente también concluyó que el Comité Departamental de Durazno era dominado por los intereses políticos del intendente.

En cuanto a las 5 casas prefabricadas donadas por el BID, se consiguieron a través de un convenio de la organización con la organización El Abrojo y, por carecer de personería jurídica, Presidencia de la República tomó las riendas y solicitó al Ministerio de Economía la exoneración de todo tipo de impuestos para las viviendas lográndose reducir su costo que quedó en 14.000 dólares.

Según demostró la investigación, el BID puso como condición al Comité de Emergencia que informara del lugar físico en el cual se iban a instalar y el perfil de las familias, número de integrantes y su nombre y apellido. La realidad fue que la Intendencia ofreció unos padrones que no tenían ningún servicio, ni siquiera era posible llegar hasta ellos porque no existía ningún acceso, ni caminería, ni luz, agua corriente, etc. Como corolario coherente de lo hasta ahora relatado, las 5 familias que la Intendencia informó al BID que habían resultado adjudicatarias, no recibieron nada porque las casas no se han encontrado aún. El intendente Vidalín encaró todo este proceso como una maniobra política del gobierno contra sus aspiraciones electorales. Esta actitud posiblemente haya sido la que generó la idea de alguno de sus seguidores a recibir con gritos agresivos e insultos en la puerta del Juzgado de Durazno a los dos abogados que presentaron la denuncia con poderes plenos de representación firmada por el presidente Vázquez