Los viajes de "Martín"

Carlos Calcagno Gorlero, alias «El Gordo» o «Martín», nació el 2 de mayo de 1941 e ingresó al Ejército el 20 de enero de 1955 en el arma de Infantería. En 1969 tenía el grado de capitán en el Batallón de Infantería Nº 1, donde pasa a integrar el servicio de inteligencia «S 2″ a partir de 1972.

Está implicado en los casos de homicidio de los esposos Martirena en abril de 1972, la muerte de Juan Rosendo Fachinelli en el Batallón Florida en junio de 1972 y la tortura del uruguayo Antonio Viana Acosta, trasladado desde Argentina en febrero de 1974.

En enero de 1975 el capitán Calcagno fue elegido para viajar a Panamá para hacer el curso «Military Intelligence Off 0-11″ en la School of Americas (SOA) de Estados Unidos, entre otros cursos de especialización en lucha contrainsurgente que realizaría dentro y fuera del país.

El 1º de febrero de 1976 se integra a la Compañía de Contrainformaciones y con el capitán Armando Méndez fue responsable de la muerte de Humberto Pascaretta, obrero de la fábrica de papel Cicsa, según ha denunciado el desertor Hugo García Rivas.

En el libro «Memorias de un ex torturador», García Rivas también lo señala, junto al mayor Alfredo Lamy, en el traslado ilegal de dos niños desde Argentina a Uruguay a través del delta del Tigre y en viajes a Chile que coinciden con el traslado de los niños Anatole y Victoria Julien en 1976.

En 1977 viaja a Paraguay para interrogar a los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, según establece documentación recuperada en los Archivos del Terror. Por ese caso, Calcagno se encuentra actualmente bajo detención administrativa, solicitado en extradición por la Justicia paraguaya.

El 20 de marzo de 1980 asumió como segundo jefe del Batallón de Infantería Nº 1, donde permaneció hasta el 5 de febrero de 1982. Ascendió a teniente coronel y pasó a cumplir funciones en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Llegó a coronel en 1990 y pasó a retiro el 2 de mayo de 1996.

 

El «Club Atlético»

Conocido como «Club Atlético», «El Club», «El Club Atlético» o «El Atlético», el centro de torturas ubicado en Paseo Colón de Buenos Aires fue utilizado en 1977 en el marco del Plan Cóndor. Por allí pasaron miles de personas que fueron desaparecidas por las dictaduras en los años setenta en el Cono Sur.

El mantenimiento y la seguridad del CCD correspondía a la Policía Federal Argentina, pero el lugar también era utilizado por distintos grupos de tareas para colocar a sus «chupados», particularmente la marina, según afirman los sobrevivientes.

Funcionaba en el primer nivel del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de Policía Federal, donde había un salón azulejado con puertas de vidrio y un escritorio donde se asignaba un número al detenido. Por allí se ingresaba al subsuelo, donde no había ventilación ni luz natural.

La temperatura en verano ascendía a 40 grados y en invierno el frío era intenso. Debido a la gran humedad los pisos y las paredes rezumaban agua continuamente. En un sector había 18 celdas y en otro 23. Todas de 2 x 1,60 metros y una altura de 3 metros.

Un sector era utilizado para depositar el «botín de guerra» y había celdas llamadas «leoneras» con tabiques bajos que separaban boxes de 1,60 metros por 0,60 metros, donde se concentraba a los detenidos. «Funcionaba como un depósito de presos y allí imperaba el terror como única política», narran.

En 2003 se creó el Programa de Recuperación de la Memoria del Centro Clandestino de Detención Club Atlético, donde desde 2002 se realizan excavaciones arqueológicas que permitieron hallar restos de los muros de las celdas con inscripciones de los detenidos y más de 20 mil objetos.

 

«Traslados a Uruguay»

El 22 de setiembre de 1977 María del Carmen Posse Merino, compañera de Gustavo Inzaurralde, que había logrado refugio en Suecia, donde nació su hija, envió una carta al Arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón, preocupada por la detención de su pareja.

«Desde hace cinco meses corre eminente peligro de ser repatriado, como ocurrió con otros compatriotas devueltos ilegalmente a Uruguay, por el gobierno argentino», decía María del Carmen en referencia a las víctimas de Orletti, sin saber que Inzaurralde ya había sido trasladado a Buenos Aires.

El 5 de octubre monseñor Rolón respondió con una tarjeta en la que explicaba: «El joven Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, uruguayo, fue trasladado, con otros detenidos por la Policía paraguaya, en un avión militar argentino, a Buenos Aires y de ahí a Montevideo, él solo. Esto sucedió en este año 1977″.

La información obtenida por el jefe de la Iglesia Católica en Paraguay agregaba un dato que, por entonces, no se pudo confirmar: Inzaurralde no sólo fue trasladado a Argentina, sino que luego «él solo» también fue repatriado a Montevideo, por lo que su desaparición implica que fue asesinado en Uruguay.

Años más tarde, el 6 de noviembre de 1980, el activista en derechos humanos brasileño Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, volvió a consultar a monseñor Rolón, pero esta vez sobre la suerte que pudo haber tenido el otro uruguayo detenido, Nelson Santana.

El arzobispo de Asunción tardó unas semanas en responder, pero volvió a ser contundente con su información: «Fue detenido por personal del 1 Depto. de Investigaciones de la capital, en el hotel de su alojamiento, el día 29 de marzo/77″, confirmaba el sacerdote católico.

«Estuvo encerrado en una celda con otros detenidos, dos meses y medio; y a mitad de Junio/77 fue sacado con otros tres presos (argentinos o uruguayos) y escoltado por guardias de la Policía uruguaya (parece por el modo de hablar) fueron llevados al aeropuerto internacional para ser embarcados en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, llegado al efecto», concluye monseñor Rolón.

La nueva información, suministrada en 1980, puede implicar una confusión de fechas de Rolón, ya que en los documentos paraguayos se incluye a Santana en el avión argentino que el 16 de mayo de 1977 trasladó a Inzaurralde y tres argentinos a Buenos Aires.

De lo contrario, si efectivamente Santana permaneció un mes más en Asunción y recién fue trasladado en junio de 1977 por «un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, llegado al efecto», estaríamos en presencia de otro vuelo ilegal de la dictadura uruguaya y del asesinato de otro desaparecido en Uruguay.