FA: 11 propuestas para enfrentar y resolver la seguridad ciudadana

El marco de la presentación fue un seminario organizado en conjunto con la Fundación Friederich Ebert y con la participación de los expertos Eugenio Zaffaroni, argentino, ministro de la Corte Suprema de Justicia y Rafael Partenain, director del Observatorio Nacional sobre la Violencia y la Criminalidad.

Bonomi, asignado a trabajar los temas de seguridad por el candidato presidencial de la izquierda, José Mujica, fue el encargado de dar lectura al documento elaborado por el FA, titulado «Seguridad Ciudadana».

 

La seguridad: derecho ciudadano y obligación del Estado

En su inicio, el documento recuerda, entre otros aspectos, que la Plataforma Electoral del Frente Amplio, que fuera divulgada el 16 de setiembre indicaba que «la preocupación por la seguridad es una característica del mundo actual, que está íntimamente ligada al crecimiento de la incertidumbre que nos generan los cambios y al surgimiento de nuevos fenómenos sociales. La incertidumbre no es evitable, pero una sociedad integrada busca reducirla».

«A lo largo de cinco años de ejercicio del gobierno», remarca el documento, «el progresismo uruguayo acumuló una importante experiencia», y define, a continuación, que «la seguridad ciudadana es un derecho de las personas que se realiza mediante la acción del Estado para evitar que se vulneren los derechos y libertades de las y los habitantes. Es una necesidad social, indispensable para la convivencia democrática. Este derecho de la gente es una responsabilidad indeclinable del Estado».

La seguridad ciudadana «no se trata de un fin en sí mismo, sino de una condición para el desarrollo humano sostenible», agrega. Señala, no obstante, que «la política pública de seguridad ciudadana es una responsabilidad directa del gobierno, pero cuyos resultados en el largo plazo dependen del consenso político y social que el gobierno logre para el diseño, implementación y evaluación social de esas políticas».

«Serán políticas ciudadanas si las personas las comparten y pueden apropiarse de ellas en un clima de tolerancia, compromiso y respeto a los derechos humanos», explica.

«En nuestra concepción», añade, la seguridad ciudadana «debe ser definida como política de Estado, y asumida por todo el sistema político con un horizonte de largo plazo». «Proponemos la participación de todos los involucrados, de todos los actores políticos sin importar su filiación», remarca y afirma: «Todos debemos responder al desafío de trabajar seriamente para mejorar la seguridad ciudadana».

Sin embargo, el documento acota que «debemos reconocer que los problemas de seguridad que hoy existen, son consecuencia de políticas aplicadas en el pasado, son fruto de problemas sociales no resueltos hace muchos años atrás, y que por no ser atendidos oportunamente, se fueron agravando con el transcurso del tiempo.

«Nuestra sociedad», describe, «sufrió un largo proceso de deterioro, en el que primaron políticas neoliberales, una redistribución inequitativa de la riqueza, desempleo, desestructuración de las unidades básicas de socialización», políticas que «contribuyeron a una fractura y fragmentación social, a un aumento de la delincuencia, desconfianza en los diferentes operadores, etc. Todo ello convergió a una violencia estructural».

Se señala además que el gobierno actual «viene ejecutando una serie de políticas de inclusión social; prueba de ello son las políticas sociales aplicadas desde el inicio de este gobierno, con la creación de un Ministerio específico para la materia (el Mides), la restauración de los Consejos de Salarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», y otras medidas como «Plan de Equidad, reforma tributaria, asignación familiar para hogares de bajos recursos, Sistema Nacional Integrado de Salud, el Plan Ceibal» que «tienen a la persona como destino primordial, buscando su desarrollo».

«En Uruguay, al igual que en todas las sociedades contemporáneas», fundamenta el documento, «las violencias y los delitos tienen la característica de fenómenos estructurales.

Su existencia enlaza procesos globales (trasnacionalización y perfeccionamiento del crimen organizado) y locales (sociabilidades y estrategias de vida en conflicto con la ley)».

«Para reducir la incidencia de las violencias y los delitos es condición necesaria, pero no suficiente, mejorar los resultados macroeconómicos, superar condiciones indignas de vida de las poblaciones, y la atención a las desigualdades más flagrantes».

Las «estrategias de largo plazo deben complementarse con la utilización del poder del Estado para atender las demandas inmediatas de seguridad» en las que sea «prioritario seguir desplegando, articuladamente, políticas de prevención, disuasión y represión del delito, privación de libertad y reinserción social de personas que delinquen, así como prestar especial atención a las víctimas del delito».

 

11 propuestas concretas

El Frente Amplio considera que «es necesario enfrentar los problemas de la inseguridad con una concepción integral» que implique «una política más fuerte en prevención, disuasión, represión y sanción de los delitos», «seguir invirtiendo en políticas sociales para enfrentar los factores sociales que producen la marginalidad y potencian la delincuencia», «promover la solidaridad y el respeto a las y los otros, confrontando las diferentes formas de violencia social y cultural que favorecen relaciones interpersonales basadas en la fuerza».

El Frente Amplio propone 11 «principales objetivos» para «el próximo período de gobierno», en materia de seguridad ciudadana.

El primero «duplicar los recursos presupuestales del Estado al Ministerio del Interior» en un «esfuerzo colectivo de toda la sociedad» que «permitirá continuar el proceso de recuperación salarial de los integrantes de la institución responsable de la seguridad ciudadana y la modernización de los sistemas de prevención, disuasión y represión del delito».

Un segundo objetivo buscará «fortalecer el Instituto Policial como servidor de la Comunidad» mediante «la reforma de la Ley Orgánica Policial» para que la Policía profundice «su carácter de cuerpo armado de naturaleza civil y profesional» y como «auxiliar de la Justicia».

A su vez se proyecta dar «carácter nacional al Regimiento Guardia Republicana», «con despliegue en todo el país», «bajo la conducción del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior», y como «auxiliar de las Jefaturas» departamentales.

Por otro lado se propone fortalecer el papel de una «Policía Comunitaria», también «con alcance nacional», pero «dependiente» de cada Jefatura departamental, «que tendrá, más que un enfoque reactivo, un enfoque proactivo» para «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos». Promoverá «la disminución efectiva de ciertos delitos menores que tienen relación con la comunidad; disminución del sentimiento de inseguridad; contribución a la participación de la comunidad en la resolución de problemas sociales como el delictivo».

A la vez se prevé «rediseñar el despliegue territorial» de la Policía con «más Comisarías, Seccionales y Destacamentos Policiales de acuerdo a necesidades, cambios operados en el territorio, cantidad y tipo de delitos que se cometen en cada punto del país».

El documento afirma que «la distribución de los recursos humanos y materiales de la institución policial deben estar en función de las necesidades contemporáneas de prevención, disuasión y represión del delito».

Se reivindica a la vez «continuar el proceso de reforma del modelo de gestión de las seccionales policiales para brindar una atención de calidad a las personas, especialmente frente a las demandas y denuncias».

Un tercer objetivo será «continuar la profesionalización policial, desarrollando sus funciones de planificación, evaluación e investigación», mediante la «selección, formación, capacitación y ascenso de sus integrantes» con «más y mejores policías asign
ados a la prevención, disuasión y represión del delito», apoyados en un «proceso de formación permanente de los funcionarios», ampliando «acuerdos y convenios con la enseñanza media, terciaria y la Oficina Nacional del Servicio Civil». En tanto, se buscará «incorporar tecnología de punta para la investigación criminal», «en unidades y especializadas (policía técnica, represión del tráfico de drogas, investigación policial y criminal, combate al abigeato, entre otros)», a la vez que se pondrá «énfasis en el desarrollo de actividades de inteligencia» para «con recursos humanos y la labor de inteligencia» y «contribuir a que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia sea un instrumento adecuado para el combate al delito común y al delito organizado». Respecto al cuestionado servicio de vigilancia por artículo 222, se propone su disminución en «forma progresiva», «llegar a su eliminación, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios policiales y la atención de la demanda de vigilancia que cubre este servicio».

Un cuarto objetivo consistirá en «mantener y profundizar la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y otros grupos de crimen organizado, fortaleciendo el Plan Nacional Integrado contra el Narcotráfico, que coordina todos los organismos represivos y agencias estatales», al tiempo que se invertirá «más tecnología, más medios y más recursos humanos con remuneración acorde a dedicación exclusiva», pero «con evaluación de resultados».

Un quinto objetivo será «continuar con el desarrollo de la Dirección de Asuntos Internos para mejorar la calidad y la transparencia del servicio policial».

El sexto objetivo planteado en el documento se refiere a los «servicios privados de vigilancia y custodia», cuya normativa será reformada, y sobre los que se ejercerá un «contralor de calidad» con evaluación y acreditación periódicas» y mediante la «capacitación de su personal a cargo de la Escuela Nacional de Policía».

En un séptimo objetivo denominado Código Penal se establecen propuestas de modificación en las sanciones y penas. Se propone sancionar «con mayor severidad los delitos de crimen organizado», y se fundamenta en que existen nuevos delitos como el citado y el tráfico de drogas que deben tener «otro tipo de penas». También se establece que debe haber una respuesta, también desde las penas «hacia las personas que delinquen en forma habitual y reincidente», «establecer un nuevo sistema de protección a las víctimas de los delitos con la creación de un Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas del Delito», y a su vez «reformar el sistema de responsabilidad civil» porque «el Estado debe emitir señales claras respecto a la respuesta penal que dispone en el caso de delincuentes primarios respecto a las personas que delinquen en forma habitual, y brindar una oportunidad a quienes cometen delitos no graves en calidad de primario». Un octavo objetivo se refiere a los Establecimientos Penitenciarios. Las novedades más importantes en este punto se refieren a la salida de la cárceles de adultos de la órbita del Ministerio del Interior y de los centros de adolescentes infractores del INAU.

Allí se afirma: «Daremos un viraje importante en esta materia, ya que proponemos, que las Cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior» a través de la creación de «un Instituto Nacional de Rehabilitación», «como servicio descentralizado», «de la gestión de las medidas de privación de libertad», tanto en los establecimientos para adultos como en los «destinados a adolescentes».

«Los centros de privación de libertad» serán «descentralizados» y se construirán «nuevos establecimientos» para adultos en todo el territorio «según la densidad poblacional y las facilidades de comunicación y transporte», a la vez que creará «una cárcel de alta seguridad» para «personas procesadas vinculadas a organizaciones delictivas de gran poder».

Al mismo tiempo se apoyarán y multiplicarán «los Módulos y Equipos de Tratamiento de Drogas en Cárceles» porque el consumo de drogas no puede ser una coartada para delinquir, por lo que se deberá «garantizar el tratamiento de los reclusos» adictos.

Además se asegurará que «toda persona privada de su libertad pueda realizar tareas productivas y remuneradas» y que «pueda formarse, estudiar y culminar sus estudios» para que «la reducción de la pena no sea sólo en base a la buena conducta», sino también en consideración de «las tareas productivas y los estudios realizados durante la privación de libertad».

Mientras tanto, «se ampliará la posibilidad de aplicar penas alternativas a la cárcel, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente y los arrestos de fin de semana», «beneficios que sólo podrán ser concedidos a quienes no sean delincuentes habituales, reincidentes y no cometan delitos graves», a la vez que los patronatos serán profesionalizados «en directa relación con el Mides» y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El objetivo noveno propone «llevar adelante políticas que colocan a la niñez y la adolescencia como interés superior de la Nación» porque «no se comparte la aseveración fácil de que bajando la edad de imputabilidad todo se resuelve». «La niñez y la adolescencia no son solamente el futuro de nuestra sociedad, sino también la base del desarrollo actual».

En tal sentido, el documento propone «escuelas de tiempo completo» para que los niños en «contextos críticos puedan desarrollar actividades en un horario superior donde podrán aprender, y participar de actividades educativas y culturales en un horario más extenso, y vivir experiencias junto a otros niños y niñas de su edad».

De manera simultánea se perfeccionará «el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil» para el «estado de los instrumentos y recursos adecuados» necesarios para «hacer efectivas las resoluciones dispuestas por la Justicia competente, ya sea con penas que impliquen privación de libertad o medidas alternativas», y se creará «un Instituto de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal» que «será un organismo especializado en la ejecución de las medidas dispuestas por la Justicia, con el más alto grado de autonomía técnica». «Contará con personal capacitado e infraestructura edilicia» para «garantizar, tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como asegurar un clima de respeto a los Derechos Humanos, compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes», y se «hará un seguimiento efectivo y un cumplimiento estricto cuando la Justicia determine medidas socioeducativas sin privación de la libertad, que suponen la permanencia del adolescente en su marco de convivencia familiar y comunitaria, incorporándolo a una rutina educativa obligatoria, de carácter personalizado, que gire en torno a la responsabilización del adolescente por la infracción a la ley penal».

El décimo objetivo será «seguir avanzando en la gestión local de los problemas de la seguridad ciudadana y la convivencia democrática», mediante la profundización y desarrollo a nivel nacional de «las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, como instrumentos idóneos para el diseño de planes de seguridad participativos y comprensivos de los problemas locales».

«Consideramos que tratar los temas de seguridad ciudadana, es hacer uso de la libertad, ya que ha quedado comprobado que la lucha y represión de los delitos es un problema que debe atacarse por muchos frentes, y necesita la colaboración de toda la sociedad».

Dentro del mismo concepto se contribuirá «la apropiación de los espacios públicos por los ciudadanos» con el apoyo de una «campaña permanente contra usos y costumbres que reciclan el circuito del delito (compra de objetos robados, vender alcohol a los menores, facilitar el lavado de dinero, etc.)», y se apoyarán y multiplicarán «los Centros de Información, Escucha y Amparo en los barrios, centros comu
nales y localidades, como un recurso comunitario con apoyo técnico y de varias instituciones nacionales y municipales para fomentar la contención y derivación local para los adictos, los padres y familiares y vecinos que buscan apoyo por la problemática de drogas».

El onceavo objetivo se titula «Enfrentamiento a las Violencias» e identifica la política en este punto como «mejorar las repuestas institucionales contra la violencia doméstica, de género, el maltrato y el abuso infantil».

Para ello se plantea jerarquizar «en cada jefatura de Policía las unidades especializadas contra la violencia doméstica, de género, el maltrato y abuso infantil, incorporando personal con formación específica y aptitudes para trabajar en el tema», ya que «estas formas de la violencia constituyen factores privilegiados en la producción de inseguridad en la vida de las personas».

Además será elaborada e implementada «una Política Nacional Contra las Violencias Sociales».

«Se pondrán en juego diferentes recursos estatales para enfrentar el prestigio social de la violencia y el delito», lo que «deberá ser un programa permanente de intervenciones que incluya la utilización de recursos adecuados a los públicos a los que se dirige, especialmente niños, niñas y jóvenes (trabajo en aulas, utilización de los recursos del plan Ceibal, entre otros)» y «se prestará especial atención a las formas instaladas de violencia en públicos (plazas, entornos de los centros educativos, entre otros), y particularmente en los espectáculos deportivos».

A su vez, destaca el documento, «se buscará desarrollar alianzas con los medios de comunicación de masas para incrementar el prestigio de las formas democráticas y no violentas de resolución de conflictos, y deslegitimar la espectacularización de la violencia y el delito».

También se propone crear las Comunidades Terapéuticas Especiales dentro de la actual Red de Asistencia en Drogas «mayores y menores con problemas graves de conducta asociadas al consumo de drogas». «Deben tener una modalidad de comunidad cerrada con enfoque de inclusión social y de rehabilitación por trabajo, estudio y disciplina comunitaria».

El documento explica que el «proyecto de desarrollo y las políticas hacia la igualdad y la integración» buscan «generar las condiciones para que las personas se sientan seguras en el mediano y largo plazo». «Apostamos a un modelo integrado de protección social» porque «queremos vivir en una sociedad donde predomine la confianza y no el miedo».

«Por eso», concluye, «proponemos más confianza en las instituciones que enfrentan el delito, más confianza en que hay oportunidades para salir de los circuitos delictivos, más confianza en que la educación, el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad valen la pena».

En resumen, se propone «más confianza para que haya más seguridad, y más seguridad para vivir con más confianza».